Noticia Exclusivo suscriptores La ponencia sobre la situación jurídica de la senadora fue retirada ante los cuestionamientos de la defensa. Estas son las conclusiones del expedienteMartha Peralta, senadora del Pacto Histórico. Foto: Prensa Martha PeraltaPERIODISTA JUDICIAL24.08.2026 21:14 Actualizado: 24.08.2026 21:19

La decisión sobre la situación jurídica de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta por el caso UNGRD, es decir, si debe ir a la cárcel o seguir defendiéndose en libertad, está en vilo. Luego de que la magistrada Cristina Lombana presentara la ponencia con la que pedía no enviarla a prisión, la defensa de la congresista presentó un documento con una serie de señalamientos por presuntas violaciones al debido proceso, entre otras razones, por la detención transitoria que ordenó en su contra para forzarla a rendir interrogatorio.Este diario conoció el expediente contra Peralta, que se sustenta en siete hechos con los que, supuestamente, incurrió en cuatro delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Por duros señalamientos de la defensa de Peralta, Corte postergó decisión de cárcel en su contra Foto:ArchivoFrente al primer cargo, según la investigación de la magistrada Lombana, quien, con base en las pruebas que recabó, ordenó abrirle investigación formal, se acusa a la congresista de aliarse con la empresa criminal de los exministros Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, Olmedo López y Sneyder Pinilla para aceitar el trámite de las reformas sociales del Gobierno Petro en el Congreso, a cambio de contratos. A Peralta también se le acusa de supuestamente vincular a 23 personas a la UNGRD, además de a Carmen Domitila Iguarán, señalada como una amiga personal. Asimismo, de haber influido en Sneyder Pinilla para direccionar la adjudicación de órdenes de proveeduría, “especificando el dónde, cuándo, cómo y con quién contratar” los servicios de ollas comunitarias para la comunidad wayuu y el mantenimiento de los jagüeyes.Varios nombres salen a relucir en este hecho. El de los hermanos Jorge e Isaac Rizcala, sobre quienes habría intercedido para que fueran atendidos y se les asignara un contrato.El de Álvaro Cerón, a quien se le habría adjudicado un contrato de proveeduría de la UNGRD, “siendo la senadora quien coordinaba los lugares de ejecución de las obras”. Y el de la Fundación Agrosolidaria y Prosperidad, que manejaba Jorge Martelo, un empresario y excandidato político del departamento de La Guajira, a quien se le adjudicó el contrato de ollas comunitarias.EL TIEMPO hizo un rastreo de los nombres mencionados en el expediente y no encontró, en datos abiertos, convenios adjudicados a los hermanos Rizcala. A Martelo, sin embargo, se le relaciona con Nera Robles, alcaldesa de Albania, uno de los municipios beneficiados con uno de los proyectos.Sobre cada uno de estos cargos, la defensa presentó recursos para controvertirlos, pero, además, acusa a la magistrada Lombana de faltas al debido proceso, como la “falta de tiempo razonable para que la defensa preparara la indagatoria” —la declaración de varios de los testigos, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, fue reprogramada para el 17 de junio y el interrogatorio de Peralta para el 18—; un ambiente coercitivo durante la indagatoria, ya que, según la defensa, la orden de conducción no era procedente, así como la detención transitoria y la omisión de respuesta a la solicitud de libertad.Este diario conoció que, ante la fuerte posibilidad de una nulidad de la investigación, la magistrada Lombana retiró la ponencia sobre la situación jurídica de la congresista, que podría no volver a presentar en lo que resta de su periodo, que va hasta octubre, para que los nuevos magistrados instructores asuman y decidan sobre el expediente.\nMagistrados de la Sala de Instrucción Foto:ArchivoEn ese caso, también tendrían que darle respuesta a la defensa sobre cada uno de estos puntos, mientras que cuatro magistrados de la Sala enviaron este documento a la Comisión de Acusaciones y a la Procuraduría, poniendo a consideración de estos órganos una posible investigación penal o disciplinaria contra Lombana.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.