Más contenidoLos recursos públicos constituyen el patrimonio material de una nación, pero la confianza ciudadana es el capital sobre el que se sostiene el Estado.Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República. Foto: Cortesía24.08.2026 09:17 Actualizado: 24.08.2026 09:17
Cuando se habla de corrupción, el debate suele concentrarse en las cifras: cuántos recursos se perdieron, cuál fue el monto del detrimento patrimonial o cuántos responsables deberán responder ante la justicia. Esas son preguntas necesarias, incluso muy apreciadas por los medios de comunicación… pero insuficientes.Existe un costo silencioso que no aparece en los balances financieros. Una carretera inconclusa no representa únicamente concreto abandonado, es un productor que sigue sin sacar su cosecha a tiempo; un hospital que no entra en funcionamiento no es solo una inversión detenida, son pacientes que continúan esperando atención; un colegio sin terminar se traduce en estudiantes que enfrentan condiciones precarias. Cada inversión que se despilfarra aplaza soluciones para los ciudadanos y debilita la confianza en las instituciones.Por eso el principal desafío del control fiscal consiste en identificar riesgos, corregir oportunamente las fallas y acompañar la gestión pública para que las inversiones lleguen a cumplir el propósito para el que fueron concebidas.Esa visión explica el trabajo que ha hecho la Contraloría General de la República durante los últimos cuatro años.Entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026 se realizaron 4.132 acciones de fiscalización, entre auditorías, actuaciones especiales y seguimientos permanentes. Al mismo tiempo, los recursos sometidos a vigilancia pasaron de $737 mil millones a $1.029 billones y aumentó el número de entidades auditadas. No se trató simplemente de ampliar la cobertura institucional, sino de robustecer la capacidad del Estado para detectar riesgos y corregirlos antes de que se convirtieran en pérdidas irreparables.Los resultados muestran que esa aproximación también produce efectos concretos. Durante ese período se generaron 1.627 beneficios de auditoría, cuantificados en $1,28 billones, asociados a recuperaciones de recursos, corrección de riesgos y mejoras en la gestión pública. Cada uno de esos beneficios representa una decisión que pudo corregirse, una inversión que recuperó su rumbo o un recurso público que mantuvo su finalidad social.Ese mismo enfoque permitió ejercer vigilancia sobre sectores especialmente sensibles para los ciudadanos, como salud, educación, infraestructura, inclusión social, regalías, justicia, y minas y energía. Allí el control fiscal no solo identificó irregularidades, también promovió correctivos que fortalecieron la transparencia y la administración de los recursos públicos.Un caso especialmente significativo fue el Programa de Alimentación Escolar. Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República identificaron irregularidades relacionadas con contratación, sobrecostos, incumplimientos y pagos sin los soportes requeridos. También permitieron advertir riesgos de desfinanciación y retrasos que comprometían la continuidad del servicio para millones de niñas, niños y jóvenes. En este caso, proteger los recursos públicos significó asegurar el funcionamiento de un programa esencial para garantizar el derecho a la educación.Algo similar ocurrió con el Sistema General de Regalías. Durante los últimos cuatro años fueron auditados proyectos por más de $38 billones y se ejerció vigilancia sobre 489 proyectos financiados mediante OCAD Paz, equivalentes al 62 % de los recursos aprobados por esa instancia. Las actuaciones permitieron identificar hallazgos fiscales por $4,4 billones y, sobre todo, evidenciar problemas estructurales en la planeación, la ejecución y la sostenibilidad de las inversiones territoriales.La prevención también adquirió un papel determinante. Entre junio de 2022 y junio de 2026 la Contraloría recibió 933 alertas relacionadas con posibles riesgos sobre recursos públicos por un valor superior a $24 billones. Cada una de ellas representó la posibilidad de intervenir antes de que esos riesgos se tradujeran en obras paralizadas, servicios interrumpidos o mayores costos para el Estado y para los ciudadanos.Tal vez la expresión más visible de esa filosofía sea la estrategia Salvando Obras. Gracias al trabajo conjunto entre las entidades responsables, las comunidades y los organismos de control, 552 proyectos que enfrentaban dificultades lograron culminarse o entrar en funcionamiento, movilizando inversiones por $9,36 billones en todo el territorio nacional.Los recursos públicos constituyen el patrimonio material de una nación, pero la confianza ciudadana es el capital sobre el que se sostiene el Estado. Y pocas responsabilidades son tan importantes para la Contraloría General de la República como proteger ambas.Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República. Sigue toda la información de Más Contenido en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
