La cartera pública es abultada, mientras el país requiere recursos para una coyuntura como la del terremoto, que se suma a las necesidades de financiamiento en medio de una crisis fiscal.La Contraloría General puso la lupa al Boletín de Morosos del Estado, el cual fue creado en 2001, a través de la Ley 716 de 2001, para consolidar información de personas naturales y jurídicas que registran obligaciones a favor de entidades públicas, y lo que halló, llevó a la entidad de control a lanzar una alerta.Existen 996.611 deudores, cuyas obligaciones podrían representar 165,64 billones de pesos al Estado, es decir, 5,5 veces lo que cuesta la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ($30 billones, según estimaciones preliminares).Los deudores contabilizados son aquellos que tienen acreencias superiores a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y con mora superior a seis meses. El corte más reciente de la lista de deudores es a 31 de mayo de 2026, y la cifra reportada, según advierte la Contraloría “evidencia un crecimiento significativo y sostenido de la cartera pública en mora”.Noticia en desarrollo...