A los 66 años, el ingeniero Miguel Díaz-Canel dirige Cuba en el momento más crucial de su historia, cuando incluso la capacidad de supervivencia de la isla como nación autónoma se considera amenazada.
Bajo el implacable bloqueo del Gobierno estadounidense de Donald Trump, que desde mayo impide la entrada de combustible y suministros al país, los cubanos afrontan situaciones extremas en las que faltan electricidad, agua, transporte, alimentos y medicamentos. La basura permanece durante días sin ser recogida en las calles.
Para intentar sortear el cerco del ataque estadounidense, el Parlamento cubano aprobó hace dos meses un paquete de reformas económicas presentado por el Gobierno, con 176 medidas que abren un espacio sin precedentes al sector privado, e impensable hasta hace pocos años.
Los empresarios privados están autorizados a tener más de dos negocios, con más de cien empleados, lo que permite la aparición de conglomerados. Las acciones podrán negociarse libremente. Las compañías extranjeras podrán explotar la tierra durante hasta 99 años, bajo un sistema de usufructo.
Canel, que desde que asumió el Gobierno ha visto cómo el PIB del país se reducía un 15% después de sucesivas crisis (entre ellas, el fin de la asociación energética con Venezuela y la COVID-19), afirma que las reformas no devolverán el capitalismo a Cuba.
