El Consejo de Ministros que se celebra este martes es la oportunidad de que el Gobierno de España vuelque todos los recursos del Estado a su disposición en devolver la normalidad a Ceuta, un territorio que padece durante todo el mes de agosto una crisis humanitaria sin precedentes en tiempos de paz en nuestro país. El asalto masivo a la frontera española del 30 y 31 de julio dejó miles de personas en situación irregular varadas en un limbo jurídico y sin medios de vida en las calles, parques y playas de un territorio minúsculo, aislado y sin los recursos necesarios para atenderlos. Tres semanas después, el aparato del Estado ha sido incapaz, no ya de recuperar la vida normal en Ceuta, sino de transmitir a los ciudadanos que la ayuda necesaria está en camino.Si las leyes y protocolos de inmigración no sirven para solucionar la situación creada en Ceuta es porque no se trata de un episodio de inmigración. España está preparada para gestionar mucha inmigración irregular por mar y Ceuta está acostumbrada a intentos de cruzar la frontera. Pero lo que sucedió no responde a los flujos normales de personas desesperadas hacia Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acertó al calificarlo en las primeras horas de “violación de la integridad territorial de España”. Las declaraciones posteriores de sus ministros han dejado claro que el Ejecutivo es consciente de la gravedad y la urgencia de la situación. La actuación sobre el terreno no ha estado a la altura de las declaraciones.Hasta la semana pasada no se comenzó a desalojar la playa del Trampolín, donde miles de personas dormían al raso en condiciones de insalubridad inaceptables en una ciudad europea. Se hizo después de que se tardara más de dos semanas en encontrar cuatro emplazamientos, aún insuficientes, para alojar a los migrantes que están en las calles. Un número indeterminado de menores, alrededor de 2.500, han permanecido a la intemperie hasta que el pasado 19 de agosto se anunció por fin un plan para trasladarlos a la Península. El Gobierno tiene que explicar por qué no actuó con más urgencia, más aún cuando existían denuncias de agresiones sexuales a niñas desde los primeros días. Es decir, por qué no se podía hacer en la primera semana de agosto lo que se ha hecho en la tercera. Aunque la crisis desborda lo previsto en las leyes y protocolos sobre inmigración irregular, estas son las herramientas con las que hay que resolverla. No hay otras. Buscar atajos y actuar fuera de la ley, como parecen sugerir el PP y Vox, sería un fracaso democrático. Por eso Ceuta necesita no solo al Gobierno, sino a todo el Estado, con unidad y firmeza. Las comunidades autónomas deben ofrecer sus recursos de acogida sin titubeos ni cálculos políticos. El Legislativo tiene este mismo martes la oportunidad de analizar la crisis de manera constructiva, poniendo la búsqueda de soluciones por delante del reparto de culpas. El poder judicial tiene que reforzar en lo posible los recursos para procesar a corto plazo miles de expedientes que no pueden esperar su trámite habitual.Ceuta tiene 83.000 habitantes y una superficie un poco mayor que la Casa de Campo de Madrid. No puede echarse encima de un día para otro los problemas de más de 5.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad. A la crisis humanitaria se le puede sumar una crisis social. No se les puede pedir a sus ciudadanos que sigan aguantando esta situación mientras se despereza la maquinaria burocrática en agosto. Lo que ocurrió hace tres semanas fue un desafío al Estado, y es el Estado el que debe responder.