La adopción del mando único en la crisis de Ceuta por parte del Gobierno y la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma han abierto una nueva fase en la gestión de las consecuencias derivadas de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes irregulares en territorio español, un impulso con el que optimizar la coordinación para recuperar la normalidad lo antes posible. Sin embargo, el Ejecutivo considera que Ceuta no estaría hoy mejor si hubiera adoptado esa decisión mucho antes, concretamente nada más estallar la crisis. Así lo aseguran fuentes de Moncloa, que apuntan a que el problema en esta mes "nunca" ha sido la coordinación entre distintas administraciones para ir resolviendo los problemas que iban presentándose, algo que el establecimiento del mando único viene a agilizar. El Gobierno, aseguran, comenzó a sopesar tomar el control total de la situación a raíz de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo pidiese de viva voz el pasado 10 de agosto, aunque no era la primera vez que de manera pública dejaba claro que la situación sobrepasaba las capacidades del Ejecutivo autonómico. Incluso todos los partidos de la Asamblea de Ceuta, después de que Interior rechazase declarar la emergencia nacional, pidieron oficialmente el mismo 30 de julio establecer la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad. Encuesta ENCUESTA | ¿Crees que el Gobierno debería haber decretado antes el mando único en Ceuta y la situación de interés para la seguridad nacional? Esta encuesta no es científica y sólo refleja la opinión de aquellos lectores que han elegido participar. Los resultados no representan necesariamente la opinión de los internautas en general o de los lectores al completo. Moncloa insiste en la presencia constante del Gobierno en el territorio a través de sus ministros y en la comunicación diaria con las autoridades autonómicas, pero no ofrece explicaciones claras de por qué ahora se adopta el mando único y no el mismo día de la entrada masiva, el propio 10 de agosto, en el que Vivas lo pidió, o incluso, si la coordinación no ha sido un problema en el último mes, por qué entonces ha terminado adoptándose. El Ejecutivo se limita a señalar que la crisis ha entrado en una nueva fase en la que se consideraba pertinente tomar esta decisión y remite, sobre todo, a la importancia de que el mismo 1 de agosto ya regresasen a Marruecos "el 90%" de los 80.000 inmigrantes que entraron en Ceuta de manera irregular. "[La adopción del mando único] Es un paso más. ¿Qué hubiera pasado si el 1 de agosto no se devuelve el 90% de las personas que entraron en Ceuta? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiesen hecho actuaciones de carácter humanitario, si no se hubiese atendido a las niñas menores o habilitado 1.800 plazas para las personas que estaban en la playa del Trampolín? El Gobierno de España no ha dejado de trabajar. También el de Ceuta", ha explicado este martes el ministro Ángel Víctor Torres, al frente de la coordinación del mando único, en el que también se encuentra Juan Jesús Vivas además de otros ministros, el CNI o el Departamento de Seguridad Nacional.El mensaje difiere del lanzado también este mismo martes por la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien en la Comisión de Defensa del Senado ha defendido el trabajo del Gobierno, y en particular de las Fuerzas Armadas y el CNI, pero no ha obviado que, a la vista de que los ceutíes "están sufriendo", "se ha llegado tarde" y "algo se habrá hecho mal". Un mando único que se extenderá hasta el 31 de diciembreSea como fuere, el Gobierno trabaja para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes, pero no ofrece plazos para resolver la situación. Por lo pronto, ha anunciado que el mando único que se ha aprobado por decreto este martes permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre, aunque está abierto a una posible prórroga. La prioridad está en estos momentos en resolver los expedientes de los inmigrantes que han solicitado protección internacional. Según el Gobierno ceutí, aproximadamente 8.000 continúan en la ciudad autónoma, si bien el Ejecutivo central los reduce a 5.000. De ellos, casi 2.000 son menores. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha repetido este martes que la prioridad es la "devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores", pero también ha admitido que tiene que cumplirse la ley y seguirse unos procedimientos que podrían desembocar en que una parte importante de esos migrantes tenga derecho a permanecer en nuestro país. En el caso de los menores, Torres ha abierto la vía a tres posibilidades: la primera, la reagrupación familiar, aunque esta implica necesariamente el retorno a sus países de origen pues hace unas semanas ya admitió que hay familias en España que ya habían solicitado hacerse cargo de los niños.Si no es posible, ha explicado, la ley de extranjería permite el traslado a la Península, lo que implica realizar unos expedientes que pueden hacerse "en tiempo récord" con participación de la Fiscalía y de las comunidades de llegada y de destino y que podrían estar listos en "un mes y medio o dos meses como máximo".Para la tercera vía, planteada por el Ministerio de Juventud e Infancia para la salida urgente de 500 niñas de la comunidad autónoma, es "absolutamente imprescindible que Ceuta acepte la tutela" y supondría un traslado "inmediato". Precisamente, este jueves se celebra la Conferencia Sectorial de Infancia en un contexto en el PP se niega, por el momento, a que se efectúe la reubicación en las comunidades en las que gobierna. Entretanto, Torres ha anunciado asimismo la aprobación de un real decreto que se publicará este miércoles en el que se habilitan distintos recursos y espacios tanto de titularidad del Gobierno como de Ceuta para acoger a los migrantes. Además, el Consejo de Ministros también ha impulsado un anteproyecto mediante el cual se reformará la ley de asilo y la ley de extranjería. Según ha detallado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior a la reunión, el objetivo común de ambas iniciativas impulsadas por su departamento es "adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo" aprobado hace dos años por Bruselas y que en España entró en vigor el pasado mes de junio.