AnálisisSi hay uno de esos ‘pactos sociales’ que aunque pasen décadas poco se materializan en Colombia, ese es el de la meritocracia en la función pública.El artículo 125 de la Constitución establece que los empleos en los órganos del Estado deben ser de carrera. Foto: iStockEDITOR MESA23.08.2026 22:40 Actualizado: 23.08.2026 22:40
En momentos de tensión política por las objeciones del gobierno de De La Espriella a un proyecto del Centro Democrático que pretende prohibir la olímpica rebaja de exigencias para facilitar que personas sin mayor preparación técnica lleguen a los cargos de más responsabilidad —práctica habitual en la administración de Gustavo Petro—, y también cuando el nuevo Presidente ha denunciado ante el país y la Fiscalía la feria de contratos injustificados en el pasado cuatrienio, la reflexión sobre quiénes llegan y por qué vía a los despachos oficiales en todas las ramas y en todos los niveles es más que necesaria. LEA TAMBIÉN Según Función Pública, en Colombia hay 1’422.061 servidores y funcionarios públicos. Entre ellos se cuentan los 417.000 policías y soldados y los 338.000 maestros de la Nación. El resto, unas 700.000 personas en propiedad o en encargo, y decenas de miles más con contratos temporales, son los que día a día mueven la máquina del servicio público.El artículo 125 de la Constitución establece claramente que los empleos en los órganos del Estado deben ser de carrera, y la carrera a su vez está condicionada a los concursos de méritos. La misma carta política desterró la odiosa práctica del nepotismo y, en un necesario ejercicio de autocorrección, varios fallos del Consejo de Estado sepultaron el extendido ‘yo te elijo, tú me eliges’, que por décadas se tradujo en el nombramiento de esposas, hijos, hermanos y demás validos en los altos cargos de entidades públicas cuyo titular había sido elegido a su vez por los beneficiados de la repartición de la torta burocrática. LEA TAMBIÉN Esas puertas se cerraron. Pero en el Estado siguen abiertas las avenidas por las que se mueven sin problema tanto los encargos temporales que duran años —incluso de los cargos más estratégicos y, por lo tanto, mejor pagados— como la contratación por órdenes de prestación de servicios, que si bien en muchos casos se justifica, en otros no es más que la grieta por la que se cuelan descaradas corbatas.La cascada de demandas y tutelas contra los concursos de méritos, que logra mantenerlos congelados por años en muchos casos, existe y se reproduce porque es funcional a muchos y poderosos intereses. Poder decidir, vía encargo, sobre la burocracia de la respectiva rama del poder es una mala práctica enquistada por décadas. Y si a eso se le suma la práctica de rebajar las exigencias de formación y experiencia, como lo hizo el pasado gobierno con muchas de sus fichas, lo que nos queda es un Estado inflado e ineficiente. LEA TAMBIÉN JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
