La crisis de Ceuta ha hecho que se caigan las máscaras, si es que quedaba alguna aún puesta, de una mayoría de países de la Unión Europea que han decidido apostar por un giro duro a la derecha en materia de inmigración, una cuestión en la que el Gobierno español nada a contracorriente. Un viraje que tiene como víctima colateral a uno de los logros de la UE más celebrados por la ciudadanía: el espacio Schengen que permite desde hace cuatro décadas la libre circulación de 450 millones de ciudadanos europeos y mercancías por 29 países, 25 de ellos del bloque comunitario. Todo ello ante la mirada pasiva de una Comisión Europea, que lleva años permitiendo a muchos Estados miembros introducir controles fronterizos internos de manera casi constante, pese a que las normas estipulan claramente que estos deben ser “temporales” y de carácter “excepcional” ante una “amenaza grave pública o de seguridad interna”. Porque esto no es cosa de este verano, aunque Ceuta sea especialmente grave porque sienta un peligroso precedente, coinciden analistas.“Se supone que son controles temporales, pero hemos visto cómo los Estados miembros se han aprovechado de la inacción de la Comisión. Y esto ha dado lugar a lo que ha ocurrido ahora entre Italia y España pero, en términos más generales, también en muchos, si no en la mayoría, de los Estados miembros de Europa”, señala Davide Colombi, experto en cuestiones migratorias del laboratorio de ideas bruselense CEPS.Alemania lleva imponiéndolos de forma casi ininterrumpida contra algunos de sus vecinos 11 años y acaba de recibir autorización de Bruselas para prolongar seis meses más, hasta marzo de 2027, los controles en todas sus fronteras terrestres, como viene haciendo desde que vio que el partido ultra y antiinmigrantes AfD iba ganando terreno electoral. Y eso pese a que Bruselas le instó a comienzos de junio, al igual que a otros ocho países —Austria, Dinamarca, Francia (con controles desde los atentados de París de 2015, oficialmente por motivos de seguridad, aunque también los usa para frenar flujos migratorios secundarios), Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia— a que “trabajen hacia un levantamiento gradual” de los controles fronterizos que llevan aplicando al menos dos años, en muchos de los casos argumentando flujos migratorios. Estos controles, argumenta Bruselas, tienen menos sentido ahora que ha entrado totalmente en vigor el Pacto de Asilo y Migración, si bien la crisis de Ceuta amenaza también con dejar en papel mojado buena parte del acuerdo, sobre todo en materia de solidaridad.Porque Ceuta es el último de una larga lista de argumentos usados por algunas capitales para limitar el espacio Schengen, pero no es solo uno más, coinciden analistas y políticos preocupados por las implicaciones a medio y largo plazo de una decisión tomada en caliente y más por motivos políticos internos que por una genuina preocupación por la seguridad nacional o europea. Sobre todo de cara a un año electoral clave como es 2027, donde las fuerzas más extremas podrían afianzarse o incluso radicalizarse en la Italia de la ya ultra Giorgia Meloni y que amenazan con llegar por fin al poder en Francia o hacer grandes avances en España.La decisión de Italia de suspender el Acuerdo Schengen con España —que Madrid ha replicado— por la crisis de Ceuta pese a que no hay fronteras compartidas es una “violación flagrante de Schengen”, condena el eurodiputado liberal francés de origen italiano Sandro Gozi. Meloni suspendió Schengen “sin que hubiera razón alguna de aplicar las disposiciones ya que no hay peligro alguno ni al orden público ni de seguridad nacional”, subraya en conversación telefónica el secretario general del Partido Democrático Europeo, que en la Eurocámara sesiona en el grupo liberal Renew. Y esto supone un “cambio cualitativo” grave, acota el profesor de Derecho de la UE Alberto Alemanno, porque es “el primer caso de cierre de una frontera sin ningún tipo de justificación”. Todo ello, apuntala también por teléfono, sin que la Comisión Europea, que es la encargada como “guardiana de los tratados” de validar estas solicitudes, haya hecho nada significativo. La Comisión alega que está en diálogo con las dos partes, pero hasta ahora no ha logrado que Italia retire su medida. Bruselas “no ha hecho su papel”, insiste Alemanno, que teme que esta “inacción” del Ejecutivo europeo, como también la califica Colombi, pueda sentar un peligroso ejemplo. “Está sentando un precedente jurídico en el que cualquier país europeo puede introducir controles fronterizos de un día a otro sin ningún tipo de fundamento”, afirma el experto en derecho europeo. Y aunque considera que la respuesta política de España estableciendo a su vez controles con Italia es “comprensible desde un punto de vista político”, advierte de que también es “fatal desde el jurídico, porque desmonta todo el edificio” de Schengen e introduce un principio de reciprocidad que no existía hasta ahora dentro de la UE.“Estamos jugando con fuego”, resume Gozi. “Si seguimos así, si seguimos usando Schengen como un instrumento de propaganda de políticas internas, corremos el peligro de que se acabe poniendo en tela de juicio el espacio de libre circulación”, señala. Y eso, advierte el socialista Javi López, otro eurodiputado también indignado con la respuesta mayoritaria europea a la crisis de Ceuta —al fin y al cabo, 22 países criticaron la actuación española— , supone hacerle el juego a una extrema derecha que tiene como objetivo “debilitar Schengen”.Por ello ha dolido especialmente entre las filas progresistas que las críticas a España por la crisis de Ceuta no hayan llegado solo de la extrema derecha y de los conservadores europeos del PPE. Junto a Meloni se ha situado en primera línea de los ataques la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, una socialdemócrata que, sin embargo en materia migratoria, promueve la misma mano dura que las fuerzas más ultras de Europa. Por ejemplo, su Gobierno es uno de los impulsores de los centros de deportación en terceros países. López, en nombre del PSOE, y el responsable de Exteriores del Partito Democratico (PD) de Italia, Peppe Provenzano, enviaron esta semana una carta al presidente del Partido Socialista Europeo (PSE), Stefan Löfven, cuestionando la actuación de Frederiksen, de la misma familia política, en la crisis de Ceuta.La suspensión de Schengen es “una medida puramente propagandística, ya que no existe libertad de circulación desde Ceuta a la UE”, subrayan los dos dirigentes, para quienes este episodio “forma parte de una agenda política más amplia, coordinada y cada vez más estructural”.Fue el mismo tono que usó el presidente del Partido Socialista belga, Paul Magnette, en una misiva directamente dirigida a la dirigente danesa, en la que la acusa de usar los códigos de la extrema derecha para instrumentalizar la crisis de Ceuta contra los fundamentos de la construcción europea, según destacó el diario La Libre, que tuvo acceso al texto. “Ceuta no forma parte del espacio Schengen de la misma manera que el territorio continental español. Presentar esta situación como una consecuencia del funcionamiento de Schengen, o como prueba del fracaso de la libre circulación europea, equivale, por tanto, a aceptar un marco que no se ajusta a la realidad”, subraya el socialista belga. “Ceuta es usado como excusa para un objetivo previo de la extrema derecha: debilitar Schengen”, advierte López en declaraciones a este diario. Y señala como ejemplo, como hacen otros de los analistas consultados, la iniciativa del ex primer ministro polaco ultra Mateusz Morawiecki, que ha propuesto un referéndum para suspender temporalmente la participación de Polonia en Schengen. “Schengen es significativo porque es una de las cosas más tangibles de Europa y envía un mensaje claro al electorado”, señala Colombi. Pero Gozi advierte del “efecto bumerán” de estas políticas. La decisión de Meloni “ha creado un precedente que se podría volver contra Italia en la próxima crisis de Lampedusa [como la que en 2023 requirió la solidaridad europea tras llegar más de 8.000 migrantes en solo tres días, más que la población de la isla] en otra parte de la frontera exterior italiana”. Y con casi 8.000 kilómetros de línea de costa, a Roma “no le interesa estigmatizar e instrumentalizar un problema en una frontera exterior”, recuerda.“Necesitamos un control europeo más estricto de nuestra frontera exterior, políticas comunes en materia de asilo y retorno, y una solidaridad auténtica entre los Estados miembros, no que los gobiernos utilicen el acuerdo de Schengen como arma cuando les conviene para sus intereses políticos internos y socaven precisamente esa solidaridad que luego esperan de los demás”, subraya.