Muy cerca de cumplirse un año del mayor caso de corrupción en lo que va de sexenio, el Gobierno de Claudia Sheinbaum había apretado varias palancas con el objetivo de apuntarse un tanto y mandar una señal contra la impunidad. Con el traslado exprés desde Argentina a suelo mexicano del contralmirante Fernando Farías Laguna, ya tenía en sus manos a primera hora de este viernes a los dos supuestos líderes de la megatrama de huachicol fiscal incrustada en las altas esferas de la Marina. Pero un inesperado movimiento se cruzó por el camino. A media mañana, Rubén Rocha Moya anunciaba su regreso como gobernador de Sinaloa tras apenas tres meses y medio apartado temporalmente de su cargo por las acusaciones de la Justicia estadounidense por narcotráfico. La vuelta de Rocha, que asegura en su anuncio que la Fiscalía no ha encontrado nada contra él durante su investigación, ha empañado la rotunda señal que pretendía enviar el Gobierno con el caso del huachicol, abriendo de nuevo una cascada de incógnitas y mensajes contradictorios. El Ejecutivo de Sheinbaum había dedicado al caso de la Marina y el huachicol fiscal todos sus esfuerzos, consciente del potencial explosivo, tanto por tocar a un estamento considerado hasta ahora intachable y empoderado durante el primer sexenio morenista, como por la sombra de que el esquema de corrupción institucional alcance incluso a altos cuadros del oficialismo. Se esperaba que la presidenta aprovechara su conferencia matutina de este viernes para capitalizar el traslado de Farías Laguna. El asunto ha estado en la agenda pública de los últimos días por el tira y afloja sobre los plazos. La presión política logró adelantar su llegada, evitando el farragoso proceso de extradición, una baza a la que se aferraba la defensa del marino, detenido en suelo argentino en abril.La presidenta había estado apretando estos días el discurso casi hasta el paroxismo: “Prácticamente se terminó [el huachicol fiscal]. Gracias a las intervenciones que hemos estado haciendo en aduanas y las detenciones que se hicieron”. Hasta ahora van 14 capturas, entre ellos, seis marinos de alto rango, tres empresarios y cinco funcionarios de aduanas. Sin embargo, ante la captura de más peso por el momento, la presidenta se ausentó de su conferencia matutina aduciendo una “fuerte gripe”. Pocas horas después llegó el anuncio de Rocha, que a su vez fue respondido por un comunicado de la Secretaría de Gobernación matizando y, en cierta medida, contradiciendo las palabras del gobernador de Sinaloa. La dependencia asegura que el regreso del mandatario corresponde a una “determinación de carácter personal”. Y que, además, la investigación de la FGR contra Rocha y otros ocho altos funcionarios sigue en marcha. A medida que avanzaba el día, tanto la dirigencia del partido, cuadros de peso y hasta un comunicado conjunto de los gobernadores morenistas, se desmarcaban de la decisión de Rocha y cerraban filas con la presidenta. En medio de un clima de tensión interna, el mensaje dirigido al mandatario sinaloense es pedirle “madurez y responsabilidad”. Un año de la trama del huachicolEl caso del contrabando de combustible se destapó en septiembre del verano pasado, por una filtración a la prensa, pero el Gobierno anunció que llevaba al menos dos años siguiendo la pista de la red, que supone un agujero para las arcas públicas de al menos 150 millones de dólares. El golpe fue durísimo para la Marina, a quien el expresidente Andrés Manuel López Obrador encomendó la gestión de las aduanas. El estamento militar, el mejor valorado fuera y dentro del país, tenía hasta ahora un aura de incorruptibilidad. La respuesta del Gobierno de Sheinbaum fue una salida en tromba buscando tomar la iniciativa en medio del escándalo. Además de anunciar que llevaba tiempo siguiendo la pista, afirmó que el primer aviso para tirar del hilo vino precisamente del entonces todavía secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán.El máximo responsable de la Armada mexicana durante el sexenio anterior está en todo caso en una posición delicada. No solo porque a quienes acusó ante la fiscalía, según la versión oficial, fue a dos de sus familiares. Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos de Ojeda. Ambos, con puestos altos en el cuerpo militar tras un ascenso meteórico durante los años de su tío al frente de la secretaría. La sombra sobre Ojeda se ha ido ensanchando a medida que avanzaba la investigación. Hace menos de un mes, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a siete marinos ante su división especializada en delincuencia organizada en relación con el caso del huachicol. Uno de los citados, según pudo saber EL PAÍS por fuentes cercanas a la investigación, es el mismo testigo que declaró en febrero de este año que una de sus cabezas pidió la ayuda al entonces secretario de Marina para autorizar un barco con combustible de contrabando. Semanas antes, otro testimonio había citado también a Ojeda como facilitador de las operaciones para la entrada de un buque de contrabando. El nombre del exsecretario no es el único que aparece en los testimonios a los que ha tenido acceso este diario. A principios de 2025, coincidiendo con el decomiso de otro buque en Tampico, Tamaulipas, otro testigo coloca en escena también a Andrés Manuel López Beltrán. El hijo de López Obrador está últimamente en el centro de los focos tras anunciar él mismo la cancelación de su visa estadounidense. La respuesta del oficialismo para defender a su exsecretario de Organización está siendo poner como escudo la denuncia de la campaña injerencista, una estrategia abierta desde hace meses ante la ofensiva política y judicial estadounidense contra la narcopolítica. La polémica de López Beltrán ha dado gasolina a la oposición. Tanto el PAN como el PRI se lanzaron a exigir que la FGR iniciara una investigación. Tanto ha sido el ruido que la fiscalía salió al paso para negar que existiera ninguna carpeta abierta contra López. El comunicado de la fiscalía negó contar “con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un expresidente”, además de citar explícitamente “delitos en materia de hidrocarburos”.Los escándalos del huachicol, un monstruo de mil brazos y varios años de vida, están siendo una de las bazas que más está explotando la oposición para desgastar al Gobierno. Su epicentro es el Estado fronterizo de Tamaulipas, gobernado históricamente por el PRI y el PAN, y que cambió a guinda en 2021. La sombra de la corrupción atraviesa a varios gobernadores y cruza también la frontera, añadiendo otro ingrediente más al cóctel explosivo. En sus ciudades fronterizas con Texas es donde la Red de Control de Delitos Financieros ha detectado la mayor parte de las cientos de actividades sospechosas por valor de 7.000 millones de dólares durante este último año, y que involucran a empresarios, instituciones y crimen organizado.Hay un caso de envergadura con un pie en cada lado de la frontera. Se trata del juicio contra la familia Jensen en Estados Unidos, que ha arrojado luz sobre el esquema criminal que permitió contrabandear a su país miles de cargamentos de crudo robado a Pemex, con la colaboración de las agencias de seguridad estadounidenses. Las mismas que han aparecido en escena también en el caso de Farías Laguna. Según su abogado, “miembros del FBI y del gobierno de Estados Unidos pidieron una reunión con mi cliente”. El defensor añadió no conocer “lo que habrá hablado con los agentes federales”, poco antes de su traslado a territorio mexicano.