Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa el pasado 1 de mayo para ponerse a disposición de las autoridades mexicanas y permitir que se investigaran las graves acusaciones formuladas en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ciento doce días después decidió que ya era suficiente. Ayer regresó a Palacio de Gobierno “con la frente limpia y en alto” y aseguró que, después de estos 112 días de investigación (la que esta haya sido) de la FGR, no existen elementos que sustenten su participación en conducta penal alguna. Luego dio un pequeño salto: “o sea, no he cometido ningún delito”. No es exactamente lo mismo. La Fiscalía no ha anunciado el cierre de la carpeta. No existe una resolución judicial que lo haya exonerado. Y la acusación presentada en Estados Unidos tampoco ha desaparecido. Un gran jurado lo acusa, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, de conspirar con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y apoyo político. Mientras Rocha anunciaba su regreso, Gobernación informaba que su reincorporación era una decisión “de carácter personal” y recordaba que las investigaciones de la FGR continúan abiertas. Morena aseguró que no tuvo conocimiento previo y se deslindó de la decisión. Después, los 23 gobernadores morenistas le pidieron “madurez y responsabilidad”. No parece precisamente la recepción para alguien que acaba de ser exonerado. Rocha tiene derecho legal a regresar. Su licencia era temporal y el Congreso de Sinaloa ha dicho que su reincorporación se ajusta a la ley. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es qué cambió entre el 1 de mayo y el 21 de agosto. La investigación mexicana no terminó. La acusación estadounidense sigue vigente. No existe sentencia absolutoria. Su partido no avaló su regreso y el gobierno federal se deslindó de la decisión. Lo único que terminó fue la licencia porque Rocha decidió terminarla. Y desde Washington llegó otro mensaje. Preguntado sobre el regreso del gobernador, un portavoz del Departamento de Estado respondió que el Cártel de Sinaloa no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos. La presunción de inocencia lo protege frente a una acusación. No le permite convertir una investigación inconclusa en una exoneración. Puede sostener que es inocente y defenderse de las acusaciones en su contra. Lo que no puede hacer es presentar como sentencia lo que ninguna autoridad ha resuelto. La investigación sigue abierta, pero Rocha ya decidió el resultado. Se absolvió solo. POSDATA — Cuando detuvieron a Fausto Corrales, Rocha Moya no tenía fuero. Dos días después volvió a la gubernatura. Y con ella, volvió el fuero. Ustedes dirán... Únete a nuestro canal
Rocha se absolvió solo, escribe Carlos Seoane
Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa el pasado 1 de mayo para ponerse a disposición de las autoridades mexicanas y permitir que se investigaran las graves acusaciones formuladas en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ciento doce días después decidió que ya era suficiente. Ayer regresó a Palacio de Gobierno “con la frente limpia y en alto” y aseguró que, después de estos 112 días de investigación (la que esta haya sido) de la FGR, no existen elementos que sustenten su participación en conducta penal alguna. Luego dio un pequeño salto: “o sea, no he cometido ningún delito”. No es exactamente lo mismo. La Fiscalía no ha anunciado el cierre de la carpeta. No existe una resolución judicial que lo haya exonerado. Y la acusación presentada en Estados Unidos tampoco ha desaparecido. Un gran jurado lo acusa, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, de conspirar con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y apoyo político. Mientras Rocha anunciaba su regreso, Gobernación informaba que su reincorporación era una decisión “de carácter personal” y recordaba que las investigaciones de la FGR continúan abiertas. Morena aseguró que no tuvo conocimiento previo y se deslindó de la decisión. Después, los 23 gobernadores morenistas le pidieron “madurez y responsabilidad”. No parece precisamente la recepción para alguien que acaba de ser exonerado. Rocha tiene derecho legal a regresar. Su licencia era temporal y el Congreso de Sinaloa ha dicho que su reincorporación se ajusta a la ley. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es qué cambió entre el 1 de mayo y el 21 de agosto. La investigación mexicana no terminó. La acusación estadounidense sigue vigente. No existe sentencia absolutoria. Su partido no avaló su regreso y el gobierno federal se deslindó de la decisión. Lo único que terminó fue la licencia porque Rocha decidió terminarla. Y desde Washington llegó otro mensaje. Preguntado sobre el regreso del gobernador, un portavoz del Departamento de Estado respondió que el Cártel de Sinaloa no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos. La presunción de inocencia lo protege frente a una acusación. No le permite convertir una investigación inconclusa en una exoneración. Puede sostener que es inocente y defenderse de las acusaciones en su contra. Lo que no puede hacer es presentar como sentencia lo que ninguna autoridad ha resuelto. La investigación sigue abierta, pero Rocha ya decidió el resultado. Se absolvió solo. POSDATA — Cuando detuvieron a Fausto Corrales, Rocha Moya no tenía fuero. Dos días después volvió a la gubernatura. Y con ella, volvió el fuero. Ustedes dirán... Únete a nuestro canal
