La incomodidad de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) no es nada nueva, puesto que el país nunca ratificó el Estatuto de Roma. Pero la administración de Donald Trump está llevando la tensión que siempre ha existido con La Haya a una guerra total que va más allá de las fronteras estadounidenses. Ya hay al menos cinco estados que han anunciado que retiran su adhesión a la CPI, mientras que el Departamento de Estado sigue aplicando nuevas sanciones.PublicidadChad, Burkina Faso, Mali, Níger y Venezuela, convertida en un protectorado estadounidense de facto desde que los Delta secuestraron a Nicolás Maduro, han anunciado en las últimas semanas que abandonan el tribunal internacional. La salida de estos países se alinea con la campaña que en julio lanzó el secretario de Estado, Marco Rubio, para “desmantelar ladrillo a ladrillo” la institución. El jefe de la diplomacia explicó que el tribunal representaba una amenaza para la soberanía estadounidense y la del resto de estados.Rubio acompañó la declaración de guerra pública con un endurecimiento de las sanciones contra el organismo y amenazó a sus aliados con retirarles el apoyo militar si no abandonaban la jurisdicción del organismo.Esta misma semana, el Departamento de Estado ha anunciado nuevas sanciones para otros dos miembros de La Haya: la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y uno de los fiscales jefes, el senegalés Abdoulaye Seye. Se congela cualquier activo que los afectados puedan tener bajo control de EEUU y les expulsa del sistema financiero estadounidense, una parte fundamental de los mecanismos internacionales con los que opera cualquier banco. A sus nombres se suman los otros 11 miembros de la Corte que ya están sufriendo este mismo tipo de acoso.Durante su primer mandato, la administración Trump ya adoptó sanciones contra la entonces fiscal jefe, la gambiana Fatou Bensouda, y otro miembro del tribunal por haber abierto una investigación por posibles crímenes de guerra cometidos por los soldados estadounidenses en Afganistán. La administración Biden levantó estas sanciones.PublicidadLos choques entre el Tribunal y Estados Unidos siempre han existido desde el momento en que el presidente George W. Bush decidió no ratificar el Estatuto de Roma el 2002, el mismo año en que la prisión de Guantánamo empezó a funcionar. Era también el momento en que el republicano había empezado su guerra contra el terror y no quería ver a soldados estadounidenses, ni altos mandos perseguidos por el tribunal. Desde entonces, Washington toleró La Haya, pero cada vez que esta apuntaba contra alguno de sus aliados, saltaban chispas.A diferencia de sus predecesores, la administración Trump no aspira simplemente a funcionar al margen del tribunal, sino que quiere desmantelarlo. La CPI nace como parte de ese nuevo orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y que el mandatario quiere derribar. El poder del tribunal depende de la voluntad de los estados de acogerse a ese reglamento y la Casa Blanca ya ha mostrado en repetidas ocasiones que ese viejo sistema no le interesa: desde las ejecuciones extrajudiciales contra las supuestas narcolanchas en el mar Caribe, hasta la intervención militar en Venezuela.Estas acciones han sido denunciadas tanto por expertos como por activistas, que advierten de que podrían entrar dentro de las competencias del tribunal. De hecho, no es casualidad que Venezuela sea uno de los primeros países en anunciar que abandonaría el organismo. En la tribuna que Rubio publicó el pasado mes de julio anunciando su campaña para desmantelar el tribunal, también alegaba que representa una amenaza contra aquellos estadounidenses en materia de deportaciones masivas o de bombardeos contra las supuestas narcolanchas.PublicidadLa hostilidad de la administración hacia La Haya también se ve motivada por otra razón: Israel. Los ataques contra el tribunal escalaron a pasos agigantados después de que emitiera una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por crímenes contra la humanidad en Gaza. Como respuesta, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva en la que aplicaba un nuevo paquete de sanciones contra todos los empleados del la CPI. Se autorizaba desde congelarles los fondos y el acceso a sus cuentas bancarias hasta prohibirles la entrada a EEUU, y también se amenazaba con sanciones monetarias a cualquier persona extranjera que prestara ayuda a los miembros sancionados.Las sanciones también se enmarcan en una agenda más amplia por parte del actual gobierno estadounidense de perseguir cualquier tipo de denuncia contra el apartheid que Israel aplica a los palestinos y el genocidio de Gaza, tal como han establecido los tribunales internacionales. Uno de los casos más conocidos es el de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, que fue incluida en la lista OFAC y tenía prohibida la entrada a los EUA. En mayo de este año, Trump retiró todas las sanciones contra Albanese después de que un juez federal las suspendiera.Durante todo este tiempo, Estados Unidos ha exigido que el tribunal cancele las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant y que archive las investigaciones sobre los crímenes cometidos dentro del territorio palestino. La Casa Blanca también ha presionado a la Corte para que modifique el Estatuto de Roma, su texto fundacional, que lo habilita a encausar a los jefes de Estado por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, y a poder investigar el delito de agresión a un Estado por la fuerza militar. El cambio que exige Trump requeriría que estuvieran de acuerdo dos tercios de los 125 países adheridos.