La Casa Blanca de Donald Trump no va con medias tintas. Después de haber acorralado e intimidado la Corte Penal Internacional (CPI) con sanciones que hacen la vida imposible a once de sus jueces, colocándoles en la misma lista que los más grandes terroristas y criminales del mundo, ahora anuncia, sin eufemismos, una campaña diplomática para “desmantelar”, directamente, la corte con sede en La Haya.El tribunal fue creado para procesar a los responsables de genocidios como los de la antigua Yugoslavia o el de Ruanda, pero la Administración Trump no lo ve así: la considera una amenaza “intolerable” contra la soberanía estadounidense porque se “arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de EE.UU.”. ¿El motivo? Las investigaciones con curso contra presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por actuar contra funcionarios israelíes, un aliado clave de Washington.En esta fase, el tribunal no quiere responder públicamente, pero es evidente que hay una gran inquietud por el anuncio, a bombo y platillo, del secretario de Estado, Marco Rubio, que incluye un vídeo del exsenador de Florida colgado en su canal de YouTube donde asegura que el CPI está “en guerra” con su país.Según el relato estadounidense, la institución ha sobrepasado sus funciones originales para perseguir injustamente a militares y agentes de la ley que protegen su patria e incluso hacen un paralelismo histórico con la independencia del país para rechazar cualquier intento de juicio en el extranjero. “La independencia es nuestro derecho de nacimiento. Nunca permitiremos que burócratas extranjeros nos arrebaten eso”, asegura Rubio, con el semblante serio, en el mismo vídeo.La campaña incluye acciones como llamadas del cuerpo diplomático estadounidense a otros países para pedirles que dejen de apoyar a la institución, con verdaderos chantajes, como intensificar la presión sobre los aliados de Washington para que rechacen abiertamente las iniciativas de la Corte, especialmente sobre aquellos “que disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos”. Rubio, otros cargos de la Secretaría de Estado y también embajadores se pondrán al teléfono para llamar a altos cargos de naciones extranjeras para contarles personalmente los “abusos” del CPI e instarles que se retiren del organismo.Marco Rubio acusa al tribunal de una amenaza “intolerable” a la soberanía estadounidenseHabrá además, por parte de Washington, un “mayor escrutinio de las naciones que se niegan a rechazar la supuesta autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia de Estados Unidos”, mientras la Casa Blanca se plantea también prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas.Estas sanciones no son las primeras de la cruzada de la Administración Trump contra la CPI. Los jueces ya castigados han tenido que cambiar completamente su vida y la de sus familiares directos, porque por orden de Donald Trump se les han congelado sus cuentas y posibles activos en el país, además de haberles prohibido el acceso a todos los servicios estadounidenses en Europa, como las tarjetas de crédito –Visa y Mastercard son empresas norteamericanas– o plataformas como Amazon o Netflix.EE.UU. nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos. Tampoco Israel, Irán o Rusia. Pero, aunque ya durante la administración de George W. Bush hubo momentos de cierta tensión con Washington, las presiones e intimidaciones de Trump están llevando a la institución a uno de los momentos más complicados desde su fundación para su supervivencia.Aunque el tribunal prefiere ahora mantener un perfil bajo, sus defensores han cerrado filas en torno al organismo. Comenzando por Naciones Unidas. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, ha dicho que aunque sea una organización independiente de la secretaría esta corte –creada con la complicada misión de impartir justicia donde las judicaturas nacionales no pueden, no saben o no quieren entrar porque los casos son demasiado difíciles– continua siendo para ellos “una pieza clave del sistema de justicia internacional”.“Nuestra postura sigue siendo inalterable y muy clara: Nosotros, como Unión Europea, mantenemos nuestro firme apoyo a la Corte Penal Internacional y a los principios consagrados en el Estatuto de Roma”, indicó el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar el Anouni, preguntado por la postura de EE.UU.. “Los ataques o amenazas contra la Corte, sus funcionarios electos, su personal o quienes colaboran con ella son sencillamente inaceptables”, subrayó el mismo portavoz quien recordó que, en virtud del Estatuto de Roma, ese tribunal ejerce su jurisdicción “sobre personas físicas, autores de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional”.Además de amenazar con más sanciones, preparan chantajes a otros países para que se retiren del organismoEn cambio, el Kremlin está exultante. “Es bueno saber que EE.UU. se opone al uso extraterritorial de la ley y a imponer su voluntad a otros, ya que declara la guerra a la criminal y globalista Corte Penal Internacional”, ha escrito Kiril Dmítriev, enviado especial de la Presidencia rusa para la cooperación en materia de inversión y economía con países extranjeros.Corresponsal en Bruselas. Antes, al frente de la corresponsalía en Italia y el Vaticano de La Vanguardia y RAC1 (2018-2024). Es autora de ‘Laboratori Itàlia’ (Pòrtic, 2024).