La Corte Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, es el objetivo de Estados Unidos.
Este lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado que Estados Unidos va a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.
Rubio ha afirmado que presionará a los 125 Estados miembros de la Corte para que se retiren de la institución, sancionará a las organizaciones que colaboren con ella y prohibirá a su personal viajar a Estados Unidos.
“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de su país”, afirma el Departamento de Estado de EEUU: “Los estadounidenses nunca aceptaron esto, y todos los presidentes de Estados Unidos desde la ratificación de la CPI han sostenido que dicho tribunal carece de jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses. La CPI abrió anteriormente una investigación contra militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos y, desde entonces, se ha negado a cerrar estos casos”.
