El Gobierno de Donald Trump ha anunciado hoy el lanzamiento de "una campa�a para desmantelar la amenaza de la Corte Penal Internacional" a Estados Unidos y sus aliados.. "No conocen los nombres de sus jueces, fiscales o su presidente, pero est�n en guerra contra nosotros. No con balas y misiles, sino con estatutos y lo que llaman Derecho Internacional (,,,) amenazan cada pilar de nuestro sistema pol�tico y legal (...) y a nuestras tropas por el crimen de defender nuestra naci�n. Nunca ocurrir� (...) La desmantelaremos ladrillo a ladrillo si hace falta", ha prometido el secretario de Estado, Marco Rubio, diciendo que "la Corte Penal Internacional busca convertirse en el �rbitro incontestable de una nueva ley global, empoderada para procesar y arrestar a nuestros ciudadanos a voluntad y amenazar existencialmente la soberan�a estadounidense".Entre los pr�ximos pasos no s�lo se avisa de presiones diplom�ticas para que los pa�ses que ratificaron los estatutos de la Corte se retiren, sino de retiradas de visados y m�s sanciones personalizadas, que impedir�an a los afectados cosas tan b�sicas como viajar, tener tarjetas de cr�dito o una cuenta en cualquier banco."La campa�a contempla una respuesta integral del gobierno para inhabilitar sistem�ticamente la capacidad de la CPI para operar, perseguir a militares o funcionarios estadounidenses y, de cualquier otra forma, amenazar la soberan�a estadounidense", dice el comunicado del Departamento de Estado, se�alando c�mo la Corte "se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que act�an en defensa del inter�s nacional de Estados Unidos. Los estadounidenses nunca se comprometieron a esto, y todos los presidentes estadounidenses desde la ratificaci�n de la CPI han sostenido no tiene jurisdicci�n sobre los ciudadanos estadounidenses. Ahora buscan convertirse en un �rbitro global sin rendici�n de cuentas, posicion�ndose por encima del Estado naci�n como un brazo ejecutor supranacional de una burocracia globalista con poder para perseguir a militares y funcionarios estadounidenses a su antojo. Ninguna opci�n diplom�tica quedar� descartada en la campa�a para desmantelar la amenaza que la CPI representa para los estadounidenses", ha advertido Marco Rubio.No es nada nuevo. En los �ltimos meses la Casa Blanca hab�a movilizado su maquinaria para castigar a quienes quer�an investigar y juzgar lo ocurrido en Gaza y el L�bano por parte de Israel, con decenas de miles de muertes, denuncias de genocidio y todo tipo de cr�menes de guerra. Pero Washington siempre ha sido hostil.Una mirada al pasadoDesde su creaci�n con el Estatuto de Roma de 1998, una parte muy importante del establishment pol�tico estadounidense (especialmente en el Partido Republicano, pero no s�lo) ha considerado que la Corte Penal Internacional (CPI) supone una cesi�n inaceptable de soberan�a y un riesgo para militares y diplom�ticos desplegados por todo el mundo. Por ser EEUU uno de los pa�ses m�s belicosos, que m�s tropas y bases tiene. Y que m�s denuncias por cr�menes de guerra acumula en las �ltimas d�cadas, de Ir�n a Afganist�n pasando recientemente por el bombardeo de una escuela en Ir�n. Por no hablar de operaciones encubiertas, drones o la destrucci�n de lanchas de pescadores en el Caribe.El temor, documentado en cientos de pel�culas, libros o series de televisi�n, a que fiscales y jueces internacionales pudieran abrir investigaciones es algo que caus� el choque de las fuerzas armadas con casi todas las administraciones. En su momento, el famoso y pol�mico senador Jesse Helms encabez� la facci�n que exig�a que jam�s "un fiscal no elegido y sin control rindiera cuentas sobre soldados estadounidenses". Su colega, el senador John Ashcroft, que llegar�a a ser fiscal general con George W. Bush, defend�a precisamente que la Corte era "incompatible con nuestra Constituci�n y nuestra soberan�a". Los esfuerzos de ambos desembocaron en 2002, tras el 11S, con la American Service-Members Protection Act, bautizada por sus cr�ticos como la "ley de invasi�n de La Haya", porque autorizaba al presidente a emplear "todos los medios necesarios y apropiados" para lograr la liberaci�n de cualquier ciudadano estadounidense detenido por la CPI. Algo que Rubio ahora evoca con otras palabras.Las administraci�n Clinton y Obama suavizaron el tono y cooperaron con la Corte en algunos casos concretos, como las investigaciones sobre Darfur, Libia o, m�s recientemente, Ucrania, pero nunca llegaron a ratificar el Estatuto de Roma. En 2020, primer el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo calific� a la Corte de "instituci�n pol�tica irresponsable" y acus� a sus responsables de intentar "someter a los estadounidenses a su jurisdicci�n ileg�tima". La Corte o tiene jurisdicci�n sobre Estados Unidos ni sobre Israel" y que cualquier intento de actuar contra ambos pa�ses supon�a un abuso de autoridad", sostuvo siempre Mitch McConnell, l�der de los republicanos en la c�mara alta durante dos d�cadas. La campa�a anunciada hoy, y que llega tras haber aprobado ya dur�simas sanciones contra magistrados internacionales, que no pueden usar tarjetas de cr�dito o tener cuentas bancarias, incluir� "una amplia gama de acciones destinadas a garantizar que la Corte Penal Internacional sea incapaz de amenazar la soberan�a de EEUU o de perseguir a ciudadanos estadounidenses", dice Washington.Entre las medidas que se est�n considerando se incluyen presiones directas de Rubi y su equipo a "naciones extranjeras para denunciar los abusos de la CPI y los riesgos que representa para los estadounidenses y otras naciones, inst�ndolas a retirarse de la CPI". A que quienes "colaboran con las fuerzas del orden y las fuerzas armadas estadounidenses, o que se benefician de la protecci�n de seguridad de EEUU" rechacen "la supuesta autoridad de la CPI para enjuiciar a funcionarios y militares estadounidenses". Un "mayor escrutinio de las naciones que se niegan a rechazar la falsa autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia estadounidense", "revocaci�n de visados y prohibici�n de viajar para el personal de la CPI" y el "aumento de las sanciones contra la CPI y las organizaciones afiliadas".