El Tribunal Penal Internacional (TPI) representa la lucha jurídica por un orden mundial basado en normas. Actúa como una corte de última instancia cuando un Estado no quiere o no puede investigar los mayores delitos del enjuiciamiento criminal: genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, y la agresión armada. Reconocen su autoridad 125 Estados miembros. La primera potencia mundial, Estados Unidos, no es uno de ellos, y ahora ha convertido en criterio básico de su política exterior la demolición del tribunal. Este objetivo, expresado abiertamente por la Casa Blanca, se basa en el argumento falaz de que el tribunal amenaza su soberanía. El TPI solo persigue violaciones graves de los derechos humanos en el territorio de sus Estados miembros. Lo que ha hecho la situación intolerable para la actual Administración del presidente Donald Trump es que las competencias del TPI afectan de lleno a Israel, embarcado en una espiral de violencia contra sus vecinos y en una estrategia de destrucción sistemática de la vida en Gaza desde los atentados de Hamás de 2023. Desde que el tribunal se implicó en la persecución de los gravísimos crímenes de Israel, personalizados en su Gobierno, la respuesta de EE UU ha sido una cadena de sanciones. Estas incluyen a la presidenta del TPI, Tomoko Akane, y a ocho jueces y cuatro fiscales, y a todas las instituciones y particulares que cooperen con el tribunal. Se trata de un acoso intolerable a cargos internacionales a los que se les impide hacer una vida normal, por ejemplo, al bloquearles las tarjetas de crédito. El TPI carece de policía propia, y depende de la cooperación de los 125 Estados para ejecutar las órdenes de detención emitidas por sus jueces. Por eso la declaración del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen asegurando que se mantienen “firmemente junto al TPI, su presidenta, y los funcionarios que defienden su misión”, es la línea de defensa necesaria para mantener el mandato de lo que ambos han denominado “la piedra angular del sistema judicial penal internacional y de la lucha mundial contra la impunidad”.La UE debe liderar esta defensa férrea de una institución troncal del derecho internacional, sin la cual la impunidad de los criminales sería absoluta. Pero la cooperación del resto de los Estados miembros resulta igualmente necesaria para que no se aleje de la universalidad, que es su razón de ser. La rendición de cuentas es la que protege a las víctimas y los supervivientes de los mayores delitos de la justicia internacional, y el compromiso con las normas y reglas globales y con los derechos humanos es la única forma de hacerles justicia. El TPI tiene limitaciones obvias, pero es la única alternativa a la ley del más fuerte que tratan de imponer en el mundo Trump, Netanyahu o Putin.