La Junta de Extremadura ha acogido en los últimos días a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta. Un traslado que deja al descubierto una clara paradoja política: la responsabilidad directa de su tutela y atención recae sobre la consejería gestionada por Vox, la misma que ha tenido que autorizar la incorporación de los jóvenes al sistema regional de protección.
En concreto, y según ha confirmado la Delegación del Gobierno a elDiario.es Extremadura, la semana pasada llegaron dos menores y este martes otros dos. En todos los casos se trata de jóvenes que se encontraban en Ceuta con anterioridad a la crisis migratoria iniciada el 30 de julio.
Esta recepción choca de lleno con las declaraciones grandilocuentes vertidas hace tan solo unas jornadas por el líder de la extrema derecha en la comunidad, Óscar Fernández Calle. El dirigente de Vox abogaba por el bloqueo de cualquier llegada, exigía la devolución inmediata de los niños a sus países de origen y cargaba contra el sistema de reparto estatal: “Nos opondremos por tierra, mar y aire”, llegó a afirmar, advirtiendo de que utilizaría “todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos” para impedir su llegada a Extremadura. Sin embargo, más allá de la retórica agresiva contra la inmigración y del pacto de PP y Vox, la realidad administrativa ha obligado al propio departamento dirigido por la formación ultra a formalizar el ingreso de los cuatro menores para garantizar su cobertura social, médica y residencial.
