La crisis de Ceuta no puede analizarse como un fenómeno neutro desde el punto de vista del género. Las políticas de frontera, la militarización, la externalización del control migratorio y las respuestas institucionales producen impactos diferenciados sobre mujeres, niñas, hombres y niños. Sin embargo, el discurso político y mediático dominante continúa presentando la movilidad humana como un problema de seguridad y un fenómeno protagonizado fundamentalmente por hombres jóvenes, dejando en un segundo plano las experiencias específicas de las mujeres y las niñas. Esta invisibilización no es únicamente una carencia estadística o metodológica: refleja una determinada forma de entender el poder, la movilidad y la protección profundamente atravesada por relaciones patriarcales.PublicidadLa propia representación de la crisis contribuye a reproducir esta mirada. Las imágenes de jóvenes atravesando el mar, saltando una valla o concentrándose en la frontera construyen una narrativa predominantemente masculina de la migración. El "migrante" aparece como un sujeto masculino, joven, potencialmente peligroso y asociado a la amenaza. En cambio, las mujeres aparecen con frecuencia como acompañantes, madres, víctimas o personas dependientes. Esta representación borra su capacidad de agencia y oculta que las mujeres también migran por razones económicas, políticas, familiares, climáticas y de supervivencia, y que muchas emprenden trayectorias migratorias autónomas.Desde una perspectiva feminista, esta representación es problemática porque convierte la experiencia masculina en la experiencia universal de la migración. Las políticas se diseñan alrededor del cuerpo masculino que cruza la frontera, mientras que las necesidades específicas de mujeres y niñas quedan relegadas a dispositivos secundarios de protección. La consecuencia es una política migratoria aparentemente neutral que, en la práctica, puede reproducir desigualdades de género.La frontera de Ceuta, en este caso, se presenta como espacio patriarcal de control y particularmente revelador de estas relaciones de poder. Su funcionamiento se basa en la vigilancia, la fuerza, la disuasión, la jerarquización de las movilidades y la capacidad del Estado para determinar quién puede entrar, quién debe permanecer fuera y quién puede ser devuelto. Son mecanismos históricamente asociados a formas de poder y autoridad que privilegian la fuerza, el control territorial y la seguridad sobre los cuidados, la protección y la reproducción de la vida.La militarización de las fronteras introduce además una dimensión simbólica profundamente masculina: la frontera se construye como territorio que debe ser defendido, protegido y "blindado" frente a una amenaza exterior. El lenguaje de invasión, avalancha, presión migratoria, defensa de la frontera o control del territorio transforma a las personas en una masa anónima frente a la que se legitima el despliegue de dispositivos policiales y militares.PublicidadEste lenguaje tiene consecuencias políticas. Cuando la movilidad humana es presentada como una amenaza, las personas dejan de ser consideradas sujetos de derechos y pasan a ser cuerpos que deben ser contenidos. La frontera deja entonces de ser un espacio de protección y se convierte en un espacio de disciplina y control.Una lectura feminista permite preguntarse qué ocurre cuando este modelo de poder se aplica sobre cuerpos que ya se encuentran atravesados por desigualdades de género, raciales, económicas y administrativas, ya que las mujeres no viven la frontera de la misma manera. La experiencia de una mujer que atraviesa la frontera no puede reducirse a la categoría general de "persona migrante". Una mujer puede encontrarse simultáneamente expuesta a violencia de género, discriminación racial, precariedad económica, dependencia administrativa, explotación laboral o sexual y ausencia de redes familiares.En el caso de las niñas y adolescentes, la vulnerabilidad puede multiplicarse. La edad y el género interactúan con la situación migratoria, la ausencia de referentes familiares y la falta de espacios seguros. Una adolescente sola en un contexto fronterizo no se enfrenta únicamente al riesgo de devolución o exclusión: puede estar expuesta a acoso sexual, violencia sexual, trata, explotación, coerción, chantaje o intercambio de sexo por alojamiento, alimentación, protección o bienes básicos.PublicidadPor ello, la protección de mujeres y niñas no puede limitarse a proporcionarles un espacio de alojamiento. Requiere mecanismos específicos de identificación, prevención, acompañamiento psicológico, asistencia jurídica, salud sexual y reproductiva, protección frente a la trata y acceso seguro a mecanismos de denuncia.Uno de los mayores déficits de las respuestas a la crisis de Ceuta es la insuficiente incorporación de la violencia sexual y de género como una dimensión central de la protección. Cuando una mujer o una niña se encuentra sin alojamiento seguro, sin recursos económicos, sin redes familiares y fuera de los sistemas ordinarios de protección, aumenta su exposición a diferentes formas de violencia y explotación. La falta de espacios seguros puede generar situaciones en las que las mujeres tengan que aceptar condiciones abusivas para conseguir comida, alojamiento, transporte, protección o acceso a otros recursos básicos. Esta situación venia documentado tras el registro de varios casos de violación sexual de niñas.La violencia sexual no debe entenderse en este contexto como un fenómeno marginal o excepcional. Debe analizarse como uno de los riesgos potenciales asociados a contextos de desplazamiento, precariedad, ausencia de protección y desigualdad extrema.Por ello, una estrategia humanitaria feminista debe incorporar desde el primer momento mecanismos de prevención y respuesta frente a la violencia de género, incluida la violencia sexual y la trata, y no esperar a que los casos lleguen al sistema policial o judicial, para que salga el tema a la opinión pública.Existe otra dimensión en la crisis de Ceuta que suele permanecer completamente ausente del análisis: se trata de los cuidados. Las crisis migratorias generan una enorme cantidad de trabajo de cuidados. Alimentar a niños y niñas, atender a personas heridas, acompañar a familiares, localizar desaparecidos, mantener vínculos familiares, gestionar documentación o sostener emocionalmente a quienes han sufrido violencia son tareas indispensables para la supervivencia.Sin embargo, este trabajo permanece frecuentemente invisibilizado y recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. La misma lógica aparece en la respuesta humanitaria. Las mujeres son consideradas destinatarias de servicios de protección, pero rara vez son reconocidas como agentes fundamentales de las redes comunitarias que sostienen la vida durante las crisis.Un enfoque feminista debe reconocer el cuidado como una cuestión política y de derechos. No puede exigirse a las mujeres que sostengan a sus familias y comunidades mientras permanecen excluidas de los espacios donde se toman las decisiones sobre la respuesta.PublicidadUna de las principales transformaciones que se debe introducir en una estrategia feminista es cambiar la posición de las mujeres dentro del propio modelo de intervención.Las mujeres no deben ser consideradas exclusivamente víctimas vulnerables que necesitan asistencia. Son también sujetos políticos capaces de interpretar su realidad, identificar necesidades, construir redes de solidaridad y participar en la transformación de las políticas que afectan a sus vidas.La participación no puede limitarse a consultar a las mujeres sobre sus necesidades. Debe implicar capacidad real de decisión. Para ello la interseccionalidad es imprescindible ya que no existe una única experiencia femenina de la frontera. Por ejemplo, una mujer marroquí de una comunidad del norte de Marruecos puede enfrentarse a obstáculos diferentes de los que experimenta una mujer subsahariana en tránsito. Una adolescente no afronta los mismos riesgos que una mujer adulta. Una madre sola puede tener necesidades distintas de una mujer sin hijos. Una mujer con discapacidad, una superviviente de violencia o una mujer en situación administrativa irregular puede encontrarse ante barreras adicionales.PublicidadPor ello, la estrategia debe incorporar una perspectiva interseccional que analice conjuntamente género, edad, origen, racialización, clase social, situación administrativa, maternidad, discapacidad y otras condiciones que puedan generar discriminación.En este sentido la categoría "mujer migrante" no puede convertirse, paradójicamente, en una nueva forma de homogeneización. Debemos entender que el retorno y la violencia también tienen una dimensión de género.Cabe subrayar, también, que la externalización de fronteras y los mecanismos de retorno tampoco tienen consecuencias neutrales. Cuando una mujer es devuelta o desplazada sin una evaluación individual de sus circunstancias, pueden quedar invisibilizados riesgos relacionados con violencia de género, trata, explotación, violencia familiar o persecución. Una política de retorno que no incorpore una evaluación específica de género puede estar devolviendo a una mujer a un contexto donde precisamente se originaron las violencias de las que intentaba escapar. Esto exige que cualquier mecanismo de retorno o desplazamiento incorpore una evaluación individualizada de riesgos y garantías específicas para mujeres, niñas y supervivientes de violencia.De tal forma, la ausencia de un enfoque feminista también afecta a la incidencia política y no se limita a la respuesta humanitaria y también debe estar presente en la forma en que se construye el debate político. Lamentablemente el debate sobre Ceuta se concentra habitualmente en tres cuestiones: número de llegadas, control fronterizo y seguridad y quedan relegadas otras preguntas fundamentales:Publicidad¿Cuántas mujeres fueron víctimas de violencia? ¿Cuántas niñas estuvieron expuestas a explotación? ¿Cuántas mujeres tuvieron acceso a atención sanitaria? ¿Cuántas pudieron acceder a mecanismos de protección? ¿Cuántas participaron en las decisiones sobre su futuro? ¿Cuántas fueron separadas de sus hijos o familiares?La ausencia de estos datos produce una ausencia política. Lo que no se mide, difícilmente entra en la agenda institucional. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto, defensores y defensoras de derechos humanos, deberían defender que la evaluación de las políticas fronterizas incorpore indicadores específicos de género y que los Estados publiquen información desagregada por sexo, edad y situación de vulnerabilidad.Es importante evitar una interpretación reduccionista del enfoque feminista. Feminizar la respuesta no significa únicamente atender a más mujeres, aumentar el número de mujeres atendidas ni añadir actividades dirigidas específicamente a ellas. Significa cuestionar las estructuras de poder que producen la vulnerabilidad.Para ello se debe preguntar:quién decide;quién controla los recursos;quién realiza los cuidados;quién tiene acceso a protección;quién puede denunciar;quién es escuchado;quién aparece en los datos;quién tiene capacidad de incidencia;quién queda excluido de las decisiones.PublicidadPor tanto, el enfoque feminista debe atravesar todo el ciclo de la estrategia: diagnóstico, presupuesto, intervención, protección, participación, seguimiento, evaluación e incidencia.Desafíos y retosEl principal desafío consiste en evitar que la respuesta humanitaria termine reproduciendo las mismas relaciones de poder que pretende combatir. Existe el riesgo de que las organizaciones se conviertan en proveedoras de servicios para mujeres vulnerables sin modificar las estructuras que generan esa vulnerabilidad.Por ello, la estrategia debe combinar necesariamente protección y transformación.A corto plazo, será necesario garantizar espacios seguros, atención psicosocial, asistencia jurídica, salud sexual y reproductiva, protección infantil y mecanismos de prevención y respuesta ante violencia sexual y trata.A medio plazo, será necesario fortalecer la autonomía económica de las mujeres, las redes comunitarias, el liderazgo juvenil y femenino y las capacidades de las organizaciones locales.PublicidadA largo plazo, las organizaciones de la sociedad civil de ambos lados, deberían utilizar la evidencia acumulada para cuestionar las políticas de externalización, militarización y securitización que desplazan los riesgos hacia las personas más vulnerables.El desafío consiste, por tanto, en no limitarse a gestionar humanitariamente las consecuencias de una frontera patriarcal, sino utilizar la acción humanitaria como punto de partida para transformar las relaciones de poder que producen esas consecuencias.Desde esta perspectiva, la crisis de Ceuta debe ser entendida como una crisis de derechos, pero también como una crisis atravesada por relaciones de género.La frontera no afecta únicamente a personas que se desplazan: produce cuerpos más vulnerables, distribuye de manera desigual el riesgo, invisibiliza determinados sufrimientos y decide qué vidas reciben protección y cuáles quedan expuestas a la violencia, la explotación o la muerte.Incorporar un enfoque feminista significa colocar la vida, los cuidados, la autonomía y la voz de las mujeres y las niñas en el centro de la respuesta.Esto implica avanzar desde una estrategia basada en "atender a mujeres vulnerables" hacia una estrategia basada en "fortalecer el poder, la autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres afectadas por las políticas de frontera".PublicidadEl enfoque feminista no percibe a las mujeres en movilidad como únicamente víctimas de la frontera. Son sujetas políticas con capacidad para transformar las condiciones que producen su vulnerabilidad.Y precisamente ahí reside la diferencia entre incorporar un componente de género y desarrollar realmente una estrategia feminista de incidencia y acción humanitaria.