No es un problema de mafias. Las organizaciones criminales existen y deben perseguirse, pero explicar la llegada de decenas de miles de personas únicamente por la actuación de las mafias que trafican con seres humanos resulta muy insuficiente y evita nombrar el verdadero conflicto: el papel que juega Marruecos. La situación que vive Ceuta no puede entenderse sin analizar el contexto geopolítico, la gestión que el país vecino hace de su frontera y la posición de poder que mantiene en su relación con España y con la Unión Europea. Tampoco puede entenderse sin nombrar la represión que vive el pueblo saharaui y cómo la Administración Trump ha reforzado el respaldo de Estados Unidos a la posición internacional marroquí sobre esos territorios. Y, desde luego, no puede entenderse sin asumir que la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y las violaciones de los derechos humanos en Marruecos constituyen un terreno fértil para empujar a miles de personas a abandonar sus hogares, arriesgando sus vidas para intentar llegar a nuestro país.
No es un efecto llamada. No puede explicarse lo ocurrido apelando a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la acogida de personas menores de edad solicitantes de protección internacional ni tampoco a una hipotética regularización extraordinaria. Quienes sostienen esa tesis obvian que una resolución judicial dictada hace apenas unos días no es capaz de movilizar en tan poco tiempo a decenas de miles de personas ni de alterar, por sí sola, la situación en la frontera. Hablar de efecto llamada es simplificar mucho el análisis, que si fuera mínimamente riguroso no pasaría por alto esos factores geopolíticos y mucho más complejos que limitan enormemente la capacidad de actuación del Gobierno español, y también de explicaciones públicas.
