La Junta de Castilla y León está estudiando ir a los tribunales si el Gobierno central decide trasladar a la Comunidad a alguna de las 500 menores migrantes procedentes de Ceuta si la medida acaba “perjudicando” los “intereses” autonómicos. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este jueves que los Servicios Jurídicos valoran las posibilidades de recurrir una decisión de este tipo y ha acusado al Ejecutivo central de haber “fracasado” en el control de las fronteras.
Para Carriedo, el reparto de menores y su posterior tutela corresponden a las competencias de las comunidades. A su juicio, se trata de un problema de “seguridad nacional” y de “control de fronteras” que afecta directamente a la seguridad del país.
El portavoz de la Junta ha acusado al Gobierno de España de protagonizar “un fracaso más” en la gestión de las fronteras tras la crisis migratoria registrada en Ceuta y ha reclamado que se garantice el retorno de las personas que hayan entrado de manera irregular en España a sus lugares de origen.
El portavoz autonómico ha advertido la “oposición radical” del Ejecutivo de Castilla y León contra cualquier intento de trasladar el problema a las comunidades autónomas. “El Gobierno no puede diluir un problema de seguridad nacional en el conjunto de España”, ha defendido, antes de insistir en que, a su juicio, la prioridad debe ser garantizar el control de las fronteras.
