Han pasado ya tres semanas de la llegada masiva a Ceuta de más de 80.000 personas. 23 días de confusión y de colapso asistencial y judicial por los miles de inmigrantes irregulares, muchos de ellos menores, que aún se encuentran en la ciudad autónoma sin un destino claro. La alerta de riesgo sanitario se ha disparado y en los últimos días preocupa especialmente la inseguridad y la oleada de denuncias por agresión sexual que ha forzado al Gobierno a buscar soluciones drásticas casi un mes después de que estallase la emergencia. El desafío que implica la devolución o acogida de al menos 2.700 menores —2.168 entraron en la avalancha de julio y Ceuta tutela otros 600, muy por encima de su capacidad— levantó en armas a la mayoría de las comunidades autónomas, que reclaman en conjunto que el Gobierno actúe sobre el terreno y expulse a "todos" los inmigrantes, sean o no menores. No sólo PP y Vox encabezan esta reclamación, sino también PNV o Junts. El punto de inflexión iba a ser el encuentro de alta tensión de la Conferencia Sectorial de Infancia prevista para el próximo 27 de agosto, pero la tensión se ha disparado ya esta semana. El detonante ha sido la puesta en marcha por parte del Ejecutivo de un "plan integral de choque" para trasladar ya a la Península a 500 niñas inmigrantes en situación de vulnerabilidad y expuestas a posible violencia física o sexual. Es un proyecto en el que trabaja el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, que se encuentra en territorio ceutí desde el pasado domingo. Fue él quien presidió hace sólo una semana la reunión con los directores generales de las comunidades para preparar la cita que la ministra Sira Rego mantendrá con los consejeros del ramo a finales de mes. Para enfado de los presentes, Pérez no abordó la cuestión de la atención a las menores migrantes por tratarse de un encuentro de carácter "técnico", aunque el Gobierno quiere incluirlo en el orden del día de la Conferencia Sectorial prevista la próxima semana, y que se prevé ya de altísima tensión. Según ha podido confirmar El Confidencial, los consejeros del PP acudirán aun así a la reunión para tratar de obtener información —a diferencia de las tres regiones donde Vox tiene las competencias, que volverán a dar plantón—, pero en los territorios anticipan ya una batalla política y legal que cuenta además con el respaldo de Génova. Las regiones, gobernadas en su mayoría por el Partido Popular, se quejan de que el secretario de Estado no informase ni en la reunión de hace una semana ni ahora sobre sus planes con el medio millar de niñas inmigrantes que se encuentran en Ceuta. Es el primer gran punto de fricción, pero seguramente no el último. Porque los menores se cuentan por miles y el propio Pérez admitió en una entrevista para la Cadena SER este jueves que no puede concretar aún la cifra de niños y adolescentes por atender tras la avalancha migratoria del 30 y 31 de julio. La afrenta por el reparto marcará sin duda los primeros compases del curso político. El plan de choque del Gobierno para proteger a las 500 jóvenes procedentes de Ceuta está aún en desarrollo y los plazos para que se haga efectivo son aún una incógnita. Infancia valora distintas vías para "agilizar la acogida". Una de las fórmulas esquivaría la tutela de los gobiernos territoriales, ya que contempla que sean las organizaciones de protección de la infancia, como Cruz Roja, las que se encarguen de la atención de las niñas dentro de la península. TE PUEDE INTERESAR Pero el Ejecutivo también contempla activar para estos primeros traslados el mecanismo de "acogida vinculante" incluido en la Ley de Extranjería a través de la reforma que se aprobó en 2025, y que obliga a las comunidades a hacerse cargo. El secretario de Estado ha lanzado ya un aviso a navegantes: "En todas las comunidades autónomas se va a cumplir la ley, y si no, actuará la Fiscalía de Menores", decretó. Pero ni Génova, ni sus comunidades, ni mucho menos Vox, valoran hoy por hoy otra vía que la de presionar para devolver a todos los inmigrantes, incluyendo a las niñas. Y están dispuestos a pelear para frenar los expedientes de traslado. En las comunidades del PP cunde especialmente la perplejidad ante un anuncio con muchas aristas y aún pocas certezas. "Nos hemos enterado por los medios de comunicación", señalan en regiones como la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia o la Comunidad de Madrid, diagnóstico en el que coincide la mayoría de territorios consultados. "No hay ninguna información", se lamentan también en el País Vasco. La principal queja radica en la ausencia de "coordinación" y "cooperación" de Moncloa con los gobiernos, sin entrar por ahora en el caso concreto de que la medida afecte exclusivamente a niñas en riesgo. Alberto Núñez Feijóo marcó además la línea discursiva a seguir con este desafío. El miércoles, durante su segunda visita a Ceuta a lo largo de la crisis, endureció notablemente el tono y exigió la "expulsión" de "todos y cada uno los que han entrado de manera irregular", sean adultos o menores, de forma voluntaria o involuntaria. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, se alineó con el 'jefe' de los populares, tanto en el fondo como en las formas. Y aseguró incluso que el secretario de Estado no le había pedido "activar el mecanismo de traslado de estas niñas a la península", ni tampoco le había informado. TE PUEDE INTERESAR Sin embargo, Rubén Pérez negó la mayor tan sólo unas horas después y aseguró haber informado tanto al Gobierno de Ceuta —porque el plan se está coordinando con la dirección de Infancia de la ciudad autónoma— como al PP de Feijóo. Rebatió además al jefe de la oposición, al que acusó de proponer algo "ilegal" al sugerir deportaciones masivas, ya que la ley es garantista con el interés superior del menor y obliga a evaluar cada caso de forma individualizada. Prometió además que el reparto sería "equitativo" entre las comunidades, lo que puede resucitar las tensiones de Sánchez con País Vasco y Cataluña. El Gobierno necesita de la colaboración de Vivas para efectuar los traslados de las 500 menores, ya que es la que tiene la competencia sobre su tutela. Habrá que esperar para confirmar si el presidente de la ciudad autónoma presta o no ese apoyo al Ejecutivo y cómo reacciona el resto de su partido, pero esta semana el Gobierno ceutí emitió ya un comunicado en el que avaló posibles "medidas extraordinarias" para "aliviar la presión" de sus sistemas asistenciales, siempre y cuando se avance en el retorno a Marruecos de "todas las personas que accedieron irregularmente". La falta de concreción respecto a los datos, los plazos o las vías legales impacienta ya a los territorios, que miran de reojo a la legislación comunitaria y al respaldo que recibieron de la Comisión Europea con la esperanza de plantear batalla a las posibles nuevas derivaciones de inmigrantes, incluso aunque el Estado asuma la tutela. Es un asunto especialmente delicado para la derecha justo en año electoral. Núñez Feijóo reclama la "expulsión" de adultos y menores migrantes y el Gobierno advierte ahora que es "ilegal"