El Gobierno sigue adelante con su plan y sostiene que es ilegal una deportación masiva de niños y adolescentes y recuerda que hubo inhabilitaciones por ello en 2021
Nueva guerra política por los menores inmigrantes. Pero esta vez directamente entre el PP y el Gobierno, sin la participación de Vox. El partido de Santiago Abascal llegó a romper los gobiernos autonómicos con el PP por este asunto. Ahora, sin embargo, la posición de Alberto Núñez Feijóo se ha endurecido tanto en la cuestión migratoria que han sido directamente él y ―el hasta ahora moderado― Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, quienes han abierto una guerra política sobre los menores con consecuencias imprevisibles en una comparecencia en la ciudad autónoma. Ambos exigieron abiertamente que se expulse como sea a todos los que entraron en la “invasión” del 30 y 31 de julio, “menores y mayores”. Y rechazaron tajantemente que se envíen a la Península a algunos de los menores mientras se soluciona la situación, como plantea el Gobierno.
El Ministerio de Infancia ya estaba preparando la salida de 500 niñas, especialmente vulnerables, y confiaba en contar con el apoyo del Ejecutivo de Ceuta, que es quien tiene la competencia y sufre más directamente el problema. Pero esta guerra política abre la incógnita de si será viable esa solución. El Gobierno asegura que Feijóo y Vivas están pidiendo una ilegalidad flagrante, que saben que lo es, porque una deportación masiva de menores va en contra de la ley del menor, como demuestra la inhabilitación de hasta nueve años a las que han sido condenadas recientemente tanto la anterior delegada del Gobierno como una consejera de Ceuta, precisamente por devolver a más de 500 menores de manera apresurada en la anterior crisis, la de 2021, cuando entraron 10.000 personas.
