La llegada de 1.342 menores a Ceuta ha colocado a los gobiernos autonómicos del PP ante una disyuntiva que hasta ahora habían podido aplazar: cumplir el mecanismo estatal de acogida o enfrentarse a sus propios pactos con Vox. Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura se comprometieron por escrito a oponerse a cualquier reparto de menores migrantes. Madrid, Galicia y País Valencià, gobernados por los populares, afrontan el mismo dilema sin esas cláusulas explícitas. Y esta vez hay una diferencia decisiva respecto a 2024: el reparto ya no depende únicamente de la voluntad política de las comunidades.PublicidadLa cifra de menores censados por la Policía no es definitiva. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha elevado este viernes a 1.342 los niños y adolescentes identificados en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos del pasado 30 de julio y ha avanzado que las primeras derivaciones a la península podrían producirse "en pocas semanas". El Ministerio prevé convocar la Conferencia Sectorial de Infancia a finales de agosto y desplazará desde mediados de mes un equipo técnico permanente a la ciudad para acelerar los procedimientos. El Ministerio señala además que el perfil de los menores ha cambiado respecto a la crisis de 2021: hay más niñas y más niños pequeños, incluidos menores de 13 años, informa Efe.Ceuta no puede absorber una cifra semejante. Su capacidad ordinaria de referencia es de 29 plazas para menores extranjeros no acompañados. El sistema diseñado por el Estado parte precisamente de esa realidad: cuando un territorio sometido a presión migratoria supera los umbrales establecidos, se puede activar la contingencia migratoria extraordinaria y poner en marcha la reubicación hacia otras comunidades. La reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 creó este mecanismo y el Real Decreto 658/2025 desarrolló después el procedimiento.La diferencia con la crisis de 2024, cuando la asunción por parte del PP del reparto de menores migrantes supuso la ruptura de Vox de varios gobiernos de coalición, es fundamental. Entonces, la Conferencia Sectorial acordó voluntariamente el traslado de 347 menores desde Canarias y Ceuta. Andalucía aceptó 36; Madrid, 34; Aragón, 24; Galicia, 26; Castilla y León, 23; País Valencià, 23 y Extremadura, 21. El Gobierno destinó además 20 millones de euros para financiar el dispositivo.Un escenario distintoAhora el escenario es otro. El mecanismo vigente contempla un procedimiento reglado y derivaciones individualizadas. Antes de cada traslado se analiza la situación del menor, intervienen Fiscalía y las administraciones de origen y destino y se comunica la resolución a la comunidad receptora. Esta puede presentar alegaciones y recurrir, pero no dispone de un mecanismo de veto político sobre el procedimiento. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explicaron a Público que esos recursos pueden retrasar cada expediente unos pocos días, pero no bloquear durante semanas o meses el conjunto del dispositivo.PublicidadAhí es donde chocan la ley y los pactos de gobierno. Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura se comprometieron con Vox a rechazar "por todos los medios legales, jurídicos y políticos" cualquier mecanismo de reparto. En Andalucía, Aragón y Extremadura, el acuerdo añade que sus respectivas administraciones no habilitarán nuevos centros ni creará plazas adicionales. Castilla y León también pactó oponerse a los repartos y trabajar por el retorno de los menores.El Gobierno explica que las autonomías pueden recurrir los traslados y retrasarlos unos pocos días, pero no bloquear durante semanas o meses el conjunto del dispositivo.El problema para Vox es que esos compromisos no pueden convertir a una comunidad autónoma en una isla jurídica. El Estado mantiene que le corresponden las competencias en materia de extranjería y relaciones internacionales, mientras las autonomías son responsables de la protección de los menores una vez que están bajo su tutela. Eso explica la respuesta diferente que está dando el PP. Su secretario general, Miguel Tellado calificó el pasado martes la situación de Ceuta de "crisis de seguridad nacional" y reclamó al Gobierno que resolviera el problema. Pero su vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, expresó el jueves otra posición: los gobiernos autonómicos del PP "cumplirán con la ley" y esa obligación, sostuvo, también está contemplada en los pactos con Vox.La formación de Abascal, sin embargo, insiste en que no hay que repartir a los menores, sino devolverlos a Marruecos. Su viceportavoz parlamentario, José María Figaredo, ha defendido que España tiene la obligación de intentar la reagrupación familiar y que trasladar a los niños a la península puede retrasar ese proceso. Pero las comunidades autónomas no pueden negociar por su cuenta con Marruecos la devolución de menores. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se lo recordó este viernes al vicepresidente extremeño de Vox: las relaciones internacionales y, por tanto, los acuerdos con otro Estado, corresponden al Gobierno central.PublicidadReagrupación familiarLa devolución tampoco es automática. La ministra Rego ha señalado que España no tiene "ninguna traba" general para retornar a menores, pero ha advertido de que cada caso debe tramitarse respetando los derechos de la infancia y el interés superior del menor. La prioridad, ha explicado, es la reagrupación familiar cuando sea posible y el análisis individual de la situación de cada niño y de cada niña. Es precisamente ese principio el que impide convertir la devolución a Marruecos en una solución administrativa aplicada de manera indiscriminada.Las comunidades sí tienen herramientas para intentar frenar o discutir las derivaciones. Pueden recurrir las resoluciones individuales, plantear alegaciones y cuestionar la asignación de recursos. También pueden utilizar la falta de plazas como elemento de presión política. Pero ahí aparece otro límite: la Fiscalía ya ha advertido de que no permitirá que una autonomía deje sin protección a los menores alegando su rechazo al reparto. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado este viernes instrucciones para los fiscales de origen y destino y les ha pedido que garanticen la acogida inmediata. Si una comunidad se niega o retrasa la recepción, el fiscal puede requerirle que designe urgentemente recursos adecuados para atender a los niños.El margen de las autonomías del PP que no gobiernan con Vox es mayor, al menos políticamente. Madrid dispone de 2.471 plazas ordinarias de referencia, País Valencià de 1.903 y Galicia de 940. No tienen en sus acuerdos de gobierno una cláusula equivalente a la de Andalucía, Aragón, Castilla y León o Extremadura que ordene rechazar cualquier mecanismo de reparto. En País Valencià, el pacto de investidura con Vox sí incluye medidas sobre inmigración, prestaciones y control migratorio, pero el material aportado no recoge un compromiso expreso de oposición a una eventual derivación de menores como el que aparece en los otros acuerdos.La distribución tampoco se decide simplemente contando habitantes y dividiendo el número de menores entre las autonomías. El sistema toma en consideración la población, la renta per cápita, el desempleo, los menores que ya están bajo tutela y el esfuerzo previo de acogida. La capacidad ordinaria sirve como referencia para medir la presión sobre cada sistema. Así, Andalucía parte de 3.009 plazas, Madrid de 2.471, País Valencià de 1.903, Galicia de 940, Castilla y León de 833, Aragón de 476 y Extremadura de 364. La diferencia entre territorios será, por tanto, relevante cuando llegue el momento de calcular las derivaciones.De los despachos a los tribunalesLa batalla puede acabar trasladándose de los despachos de las administraciones autonómicas a los tribunales. Los gobiernos autonómicos pueden recurrir las decisiones de traslado y utilizar todos los argumentos jurídicos que consideren oportunos. También pueden exigir al Estado financiación suficiente y discutir cómo se calculan las plazas y qué menores deben ser trasladados. Pero una cosa es impugnar una decisión administrativa y otra negarse a ejecutar una obligación mientras se resuelve el recurso. La Fiscalía ya ha situado el interés superior del menor por encima de esa disputa institucional.El precedente de 2024 explica la dimensión política del choque. Entonces Vox convirtió la acogida de menores procedentes de Canarias y Ceuta en una línea roja y abandonó los gobiernos autonómicos que compartía con el PP en Castilla y León, Aragón, País Valencià y Extremadura, además de Murcia. Ahora el partido de Santiago Abascal vuelve a reclamar que sus socios autonómicos cumplan los acuerdos que firmaron. Pero el PP dispone esta vez de un argumento que no tenía con la misma claridad hace un año: el Estado ha aprobado un mecanismo legal específico para situaciones de contingencia extraordinaria y las comunidades están obligadas a cumplir el marco de protección de menores.PublicidadJosé María Figaredo (Vox), defiende que España tiene la obligación de intentar la reagrupación familiar y que trasladar a los niños a la península puede retrasar ese procesoEl desenlace dependerá, por tanto, de tres batallas simultáneas. La primera será administrativa: cuánto tarda el Gobierno en identificar a los menores y tramitar cada derivación. La segunda será jurídica: hasta dónde pueden recurrir las autonomías y qué efectos tendrán sus recursos. Y la tercera será política: si Vox considera que el cumplimiento de los traslados rompe los pactos de gobierno y obliga a replantear sus coaliciones con el PP. Ceuta, mientras tanto, necesita liberar plazas cuanto antes. La ministra ya ha anunciado que el Gobierno pondrá 25 millones de euros a disposición de la ciudad y que el objetivo es empezar las salidas en las próximas semanas.La cuestión de fondo no es si las comunidades quieren acoger a los menores. Algunas han dicho expresamente que no. La pregunta es qué pueden hacer realmente para impedirlo. Y la respuesta, al menos sobre el papel, es bastante más limitada que la que sugieren los pactos de gobierno entre Vox y el PP: pueden recurrir, alegar, negociar, exigir recursos al Estado... Pero no pueden sustraerse a las obligaciones que les impone el sistema de protección de menores. Esa es la contradicción que ahora debe resolver el PP: mantener los acuerdos que le permiten gobernar con Vox sin convertirlos en un pulso con una ley que sus gobiernos autonómicos están obligados a cumplir.