En Madrid hay una carretera de 37 kilómetros que ya le ha costado 2.000 millones al gobierno. Se trata de la M-45. Su impulsor fue Alberto Ruiz-Gallardón, presidente entre 1995 y 2003. Para ejecutar el proyecto, eligió el modelo de peaje en la sombra: las tres concesionarias (Globalvia, Trados 45 y Euroglosa 45) cobrarían durante décadas por cada vehículo que pasase. La factura ha sido tan grande, y los litigios judiciales tan gravosos, que ahora el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso intenta gestionar esas concesiones con refuerzos. Para ello gastará 3,6 millones en contratar especialistas que supervisen mensualmente el tráfico y puedan instalar elementos de conteo propios; que asesoren si hay que sancionar a las concesionarias; que analicen sus posibles reclamaciones de más dinero; que controlen que cumplen con sus obligaciones de mantenimiento de la vía; y que asistan en la reversión al patrimonio público de los tres tramos de carretera, prevista para 2027, 2029 y 2032, respectivamente. El contrato, sin precedentes en el último lustro, afecta también a la M-407, y abre la puerta a emplear la fórmula de la concesión en la nueva carretera del suroeste. “Es una vergüenza que siga creciendo una hipoteca que los madrileños y madrileñas nunca supimos que estábamos suscribiendo”, dice María Acín, portavoz de transporte y diputada de Más Madrid. “Este nuevo contrato insiste en la misma receta: más dinero para las empresas concesionarias de la M-45″, lamenta. “Pero además incorpora una novedad que nos preocupa especialmente: la nueva Autopista Madrileña del Suroeste también funcionará mediante un sistema de concesión”, sigue. “Nos tememos que estemos ante una nueva M-45: otro peaje en la sombra y otra factura millonaria que acabarán pagando los madrileños durante años”, añade. “Es un error seguir apostando por un modelo que ya sabemos cuánto cuesta, en lugar de avanzar hacia la gestión directa y defender cada euro de los madrileños”.Así lo ve Isabel Cadorniga, representante del PSOE. “Va a haber más carreteras con este modelo. Es derrochar el dinero público, tirarlo a la basura”, lamenta. “Nos alarma la duplicidad, el pagar a los concesionarios cuando ya tienes un personal que tiene que hacer ese trabajo”, argumenta. “A cambio, tenemos carreteras en precario”.Esto contrapone un portavoz gubernamental. “No se trata de externalizar la responsabilidad de la Administración —que seguirá correspondiendo plenamente a la Comunidad de Madrid—, sino de dotar a sus equipos de mayor capacidad de análisis y de herramientas especializadas para ejercer un control todavía más riguroso, eficiente y transparente de las concesiones”, asegura. Y añade: “Son contratos de una enorme complejidad técnica, económica y jurídica, que requieren de un seguimiento especializado de aspectos como el tráfico, las inversiones, la conservación, los indicadores de calidad, las liquidaciones económicas y los posibles reequilibrios”.Desde 2003, cuando Esperanza Aguirre accedió a la presidencia de la Comunidad, una misma frase ha sido repetida por distintos portavoces gubernamentales alrededor de la polémica M-45: “Preguntadle a Alberto Ruiz-Gallardón”.El expresidente de la Comunidad fue el impulsor del proyecto. Con él se quería evitar “el colapso” de la M-40, conectar cuatro carreteras nacionales (A-2, A-3, A-4 y A-42) y dar servicio a tres millones de vecinos residentes en Madrid (distritos de Carabanchel, Villaverde y Villa de Vallecas), Leganés, Getafe y San Fernando de Henares. Entró en funcionamiento en 2002. La idea del peaje en la sombra se usó entonces por primera vez en la Comunidad, y fue considerada tan ingeniosa que obtuvo el Premio Internacional a la Innovación Financiera concedido por la International Road Federation (IRT), con sede en Washington. En plena crisis económica, Aguirre se planteó instalar peajes pagados por los usuarios y no por la administración. El sistema salía demasiado caro. Así, entre 2002 y 2025, el coste de la vía ha llegado a los 2.045 millones de euros, según un portavoz gubernamental, que detalla que la cifra incluye el coste de construcción, intereses y amortización, además del coste del mantenimiento, conservación y explotación de los tres tramos de la infraestructura.Ahora, el ejecutivo justifica la contratación por la insuficiencia de medios de la División de Concesiones y por la necesidad de preparar la reversión de varias concesiones y futuras licitaciones. El objetivo es tener apoyo técnico, económico-financiero y jurídico durante al menos tres años. Nueva carretera“Con el fin de garantizar una gestión eficaz de todos los expedientes de concesión de infraestructuras viarias, se hace preciso contar con medios adicionales a los disponibles en la Dirección General de Carreteras”, reconoce la administración regional en la documentación del contrato, donde detalla, y no es un dato menor, que tiene “prevista la licitación de nuevos contratos de concesión”.De hecho, uno de los trabajos de los consultores contratados podrá ser estudiar la viabilidad de nuevas concesiones de carreteras, según datos e hipótesis técnicas proporcionados por la Administración. La documentación del contrato también contempla recurrir a fórmulas concesionales para el proyecto de la futura Autopista Madrileña del Suroeste, una vía concebida para mejorar la movilidad de más de 100.000 vecinos de la región, según el gobierno regional. “Permitirá mejorar la movilidad del suroeste de la región, conectar mejor sus municipios y descongestionar otras vías de alta capacidad”, afirma este interlocutor. Sin embargo, eso no implica necesariamente que vaya a usar el polémico modelo de peaje en la sombra que tantos dolores de cabeza ha dado con la M-45. “En este momento se están analizando las distintas alternativas técnicas, económicas y financieras, por lo que todavía no se ha decidido el modelo de financiación ni su posterior sistema de explotación”, explica un portavoz de la consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Gobierno de Díaz Ayuso, que dirige Jorge Rodrigo. La nueva carretera, con una longitud prevista de más de 41 kilómetros, conectará las carreteras M-503 y M-407 y reforzará las comunicaciones entre el oeste y el sur, facilitando la conexión con grandes ejes como la A-5, la A-6 y la A-4. De esta manera, tendría un impacto directo en la movilidad y la seguridad vial de hasta nueve municipios: Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Sevilla la Nueva, Navalcarnero, El Álamo, Batres, Serranillos del Valle y Griñón. Hasta allá deberían desplazarse los especialistas contratados por Madrid para asegurarse de que el modelo concesional funciona como debe.