Las mujeres migrantes que huyen de la violencia machista con sus hijos a cuestas pagan un precio mayor que el resto al intentar regularizar su situación administrativa: volver a depender del hombre de cuyos golpes escaparon. Es lo que le pasó a Belén, una brasileña de Goiás que llevaba un año y siete meses en España sin saber nada de su maltratador, de su marido, del hombre del que huyó después de que, según cuenta, incendiara su casa con dos de sus hijos dentro e intentara acuchillarla. Tras casi tres décadas de violencia y con una orden de alejamiento en la mano, cruzó el Atlántico junto a los niños, de 12 y 15 años, convencida de que así estarían a salvo. Pero cuando quiso regularizar a los menores descubrió que no podía hacerlo sola: la burocracia española exigía la autorización de su agresor para conseguir los papeles. Belén no se llama Belén. Como el resto de las mujeres de este reportaje, permanece bajo anonimato para proteger su integridad física. Hoy habla desde la casa en la que rehace su vida, en un pueblo del interior de Andalucía. “Es bastante más pequeña que la de Brasil”, comenta, pero el espacio lo llenan los ladridos de Bruce, el perro pinscher que adoptó al llegar a España. Hace un año y medio, su vida era otra. En Goiás solo podía hacer manicuras dentro de su casa a algunas amigas cuando su marido se lo permitía; él decidía si trabajaba, cuánto dinero tenía y hasta dónde podía moverse. Ahora gana su propio sueldo cuidando a una anciana cuatro horas al día, sus hijos van al colegio y, por primera vez en muchos años, puede tomar decisiones sin pedir permiso. O eso pensaba. Cuando inició en abril los trámites de la regularización extraordinaria, se dio cuenta de que la autonomía que había recuperado tenía límites. Belén lamenta que los jueces brasileños no le retirasen la custodia al padre pese a tener una orden de alejamiento, así que necesitaba su autorización. “No había otra opción”, explica. La abuela materna de los niños convenció al padre para que diera su brazo a torcer.Nazaret, que llegó desde Argentina en 2023, también tuvo que conseguir la autorización de su maltratador para que su hijo de 15 años se acogiera a la regularización. Su vida volvió a depender de nuevo de un hombre que, según narra, la golpeó y llegó a amenazarla con sacarle los ojos. Desde España, Nazaret tuvo que recurrir a una doble presión. Lo más delicado fue pedir al propio menor que hablara con su padre para “ablandarlo”; en paralelo, su abogada en Argentina amenazó con ponerle una denuncia por el impago prolongado de la manutención si no firmaba los papeles. Lo acabó haciendo.Sus experiencias contrastan con el espíritu con el que se presentó la regularización extraordinaria, que prometía atender la situación especial de las mujeres y de los menores y que, sin embargo, dejó sin respuesta una realidad conocida: la violencia machista forma parte de la trayectoria de seis de cada diez migrantes que residen en España. Los datos del informe Migradas, del Movimiento por la Paz, indican además que el 44% de ellas la sufrió en su país de origen. Débora Ávila, profesora de Antropología en la Universidad Complutense de Madrid, señala que esta desconexión responde a una falta de análisis de las trayectorias migratorias: “Estas mujeres son tratadas como sujetos en punto cero, cuya biografía anterior no se tiene en cuenta”. El problema, afirma, se encuentra en la burodisuasión: la norma no las excluye expresamente pero, a través de toda la burocracia que les exige, demuestra que no contempla situaciones como las suyas. “Lo que surgía como una oportunidad, les devuelve una imagen muy dolorosa de lo que era su vida”, agrega.Y las devuelve, también, a la merced y los caprichos de quienes las han controlado. Diana, una colombiana de 45 años que llegó a España desde Cali (al suroeste de Bogotá) en 2022, lo descubrió durante dos meses de llamadas, promesas y chantajes. “Fue espantoso”, repite entre lágrimas. El padre de su hija de 17 años primero le aseguró que no le enviaría la documentación necesaria y, cuando ya no quedaban alternativas, puso precio a su autorización: 2,7 millones de pesos colombianos (unos 750 euros). El chantaje surtió efecto, ya que Diana acabó pagando porque era la única manera de darle un futuro mejor a su hija. Pero otras, como Natalia, ni siquiera se plantearon tentar a la suerte. “Después de todo lo vivido, no estaba dispuesta a reabrir esa puerta”, aunque significara dejar a sus hijos fuera del proceso. Con 29 años y dos niñas de 5 y 10, decidió abandonar Lima (Perú) “cuando rebosó el agua del vaso”. Es decir, cuando su marido intentó, según relata, ahorcarla delante de su hija mayor.Natalia asumió el coste de esa decisión y las hijas quedaron fuera del proceso. Poco más se podía hacer. Existía la posibilidad de sustituir la autorización del padre mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero sus plazos —que pueden alcanzar los seis meses, según la abogada civilista Lidia Acebrón— eran incompatibles con una regularización extraordinaria que solo permaneció abierta durante dos meses. Existe otra vía para que las mujeres víctimas de violencia machista se acojan a una regularización especial, pero tampoco sirve para estos casos ya que solo protege a quienes la han sufrido y denunciado en España.Las organizaciones que acompañaron a estas familias achacan a la Administración la falta de soluciones específicas para estos casos. José Miguel Morales, director general de la red de apoyo a inmigrantes Sur Acoge, defiende que se podría haber dado a los niños una residencia provisional de seis meses hasta que se consiguiera el permiso del otro progenitor. Jennifer Zuppiroli, especialista en incidencia política y migraciones en Save the Children, va más allá y aboga por cambiar el sistema para que “los menores tengan un permiso de residencia independiente al de sus padres”. El sol de media tarde inunda el salón de Belén. Sobre la mesa donde acaban de comer, se desparraman algunos de los documentos que han presentado a la Administración: el empadronamiento, un justificante de la escolarización de los hijos, citas médicas y los certificados de nacimiento procedentes de Brasil, aún sin traducir ni apostillar (certificación internacional). En estos papeles, conviven el pasado que dejan atrás y sus posibilidades de empezar de nuevo.