La Dirección de Atención a la Infancia considera factores de riesgo la violencia contra la madre, que vive en un piso protegido, y que no tenga casa propia. Solo puede ver al bebé una hora a la semana con supervisión
S. B. se escapó de casa después de que su pareja le diera una paliza en mayo. Estaba embarazada de tres meses. Denunció y obtuvo una orden de alejamiento de su agresor. Ingresó en un centro de emergencia y después pasó a un piso de protección para iniciar un proceso de recuperación con psicólogos y poder seguir su embarazo con tranquilidad. Pero en julio la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) abrió expediente por desamparo preventivo sobre su futuro hijo. El 30 de octubre, tres semanas antes de dar a luz, las trabajadoras sociales la citaron en la sede de Barcelona para explicarle que, cuando naciera su bebé, no podría quedarse con él.
El niño nació a finales de noviembre. No le dejaron darle el pecho, ni que pudiera sacarse la leche para que se la dieran después. Solo podía verlo dos horas al día mientras estuvieron en el hospital y, desde que salieron, una hora a la semana. Ahora vive con una familia de forma temporal. En la resolución de desamparo preventivo, fechada el 27 de noviembre y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la DGPPIA decide la retirada de la custodia basándose en cuatro indicadores de riesgo. El primero es “el estado psicológico de la progenitora, que está diagnosticada de un trastorno de ansiedad”. El segundo, “la violencia machista en el entorno familiar del nasciturus [el futuro bebé] ya que, aunque la paternidad no conste determinada, sobre quien pudiera ser el progenitor pesa una orden de alejamiento por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer”.
