La detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, uno de los investigados en una causa por presuntos delitos de grooming y abuso sexual contra dos adolescentes en Villa de María de Río Seco, generó repercusiones dentro de la Legislatura de Córdoba y derivó en un refuerzo de los controles sobre el personal legislativo, que se estima en 1055. En una reacción sin mucha discusión y tomada a las apuradas, la secretaría administrativa quiere implementar auditorias cada 6 meses.
El caso tomó relevancia luego de que se conociera que Villarreal figuraba en la última nómina oficial de personal contratado publicada por la Unicameral. Mientras desde el oficialismo sostuvieron que había sido apartado con anterioridad, la situación provocó cuestionamientos internos y un pedido de informes impulsado por la oposición para conocer cuál fue su vínculo laboral y qué mecanismos de control se aplican sobre los contratados.
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En las últimas horas, jefes de bloques y distintas áreas de la Legislatura recibieron una comunicación de la Secretaría Administrativa en la que se informa sobre el inicio de un proceso de actualización y verificación de legajos personales para todo el universo de funcionarios que integran el Poder Legislativo.
