La detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, involucrado en una causa por presuntos delitos de grooming y abuso sexual contra adolescentes en Villa de María del Río Seco, volvió a poner a la Legislatura de Córdoba bajo presión. Villarreal sigue figurando como asistente del legislador departamental por Río Seco, Ramón Flores (PJ), y su situación derivó en un pedido de informes de la bancada radical para conocer desde cuándo estaba contratado, qué funciones cumplía y si continúa vinculado al Poder Legislativo.
El caso se inscribe en una investigación judicial por un hecho de extrema gravedad ocurrido en el norte provincial, que involucra a tres adolescentes de 13 y 14 años. Nueve personas permanecen detenidas, entre ellas Villarreal, en la cárcel de Cruz del Eje. Algunas están imputadas por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, mientras que otras enfrentan acusaciones vinculadas exclusivamente con esta última figura.
La situación de Villarreal vuelve a colocar el foco sobre un punto que excede su caso particular: los mecanismos de selección, control y seguimiento de los asesores contratados por los legisladores. La pregunta que se plantea es quién verifica efectivamente qué tareas cumplen esos agentes, dónde las realizan y qué controles existen sobre su situación administrativa.
