Desde que comenzó el siglo XXI, el centro de Sevilla ha ido perdiendo población de manera constante. En los últimos 25 años, casi 6.000 vecinos han abandonado el casco histórico ―de los 62.776 de 2001 a los 56.980 de 2024, último registro del padrón―. Actualmente, hay allí casi tantos residentes como número de plazas hoteleras, pisos y apartamentos turísticos en toda la capital andaluza ―la mayoría ubicadas en ese mismo perímetro intramuros―. La desaparición de los comercios tradicionales, la ausencia de servicios y la dificultad para encontrar vivienda a precios asequibles que provoca esta turistificación ha obligado a los sevillanos a buscar alternativas en otros barrios o, directamente, fuera de ciudad. Para contener esa sangría y con la intención de repoblar el centro hispalense con hasta 3.500 personas ―el 5% del censo actual―, el Ayuntamiento ha presentado el Plan Sevilla Centro Vivo, que contempla la construcción de 1.039 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible.“Queremos que cada vez haya más sevillanos que apuesten por vivir en el centro de la ciudad”, señaló el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la presentación del plan el 22 de julio. El regidor popular había adelantado su propuesta días antes durante el debate sobre el estado de la ciudad y la semana pasada concretó parte de esa iniciativa frente a un “mapa de oportunidades residenciales”, donde ubicó algunos de los emplazamientos de esas VPO, que se construirán en “edificios públicos vacíos, infrautilizados o en solares municipales” ―un total de 21 inmuebles y solares―, dotados de nuevos equipamientos en calles del centro y de barrios históricos aledaños. Las actuaciones correrán a cargo de la empresa municipal de vivienda, Emasesa, y de fórmulas de colaboración público-privada. El plan, que se desarrollará entre 2027 y 2031, contará con una dotación de 300 millones, que se incluirán en los presupuestos del año que viene y que se nutrirán de fondos europeos, del Gobierno central y de la Junta. La iniciativa contempla también bonificaciones fiscales y ayudas para que los titulares de pisos turísticos vuelvan al alquiler tradicional y para apoyar al pequeño comercio.Con este plan, el alcalde ha logrado llamar la atención sobre el éxodo de sevillanos del centro histórico, pero, de acuerdo con los expertos consultados, no apunta a las causas que provocan esa expulsión. “Todo lo que sea construir vivienda pública en alquiler asequible en zonas relativamente céntricas de la ciudad, a priori, parecería algo muy positivo, porque el centro histórico sufre una crisis de vivienda desde hace mucho tiempo, que ha tendido a ignorarse”, señala Ibán Díaz, profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla (US), especializado en vivienda y fundador del sindicato de Inquilinas en la capital andaluza, “pero el plan no va a impactar sobre las dinámicas demográficas de esta zona porque no actúa sobre los factores que las explican”, abunda, en referencia a la proliferación de pisos turísticos. “El punto de partida es un poco erróneo”, añade el arquitecto Javier Navarro. “El centro no necesita incentivar más vivienda, sino cambiar el uso de las que ya existen para extinguir las licencias para uso turístico”, señala.Medida “oportunista”El casco histórico de Sevilla es el más presionado de España por el alquiler turístico, tal y como se advierte en el último informe anual del Banco de España, que señala que el 44,9% del mercado de vivienda que se arrienda en él está destinado al turismo. Una tendencia que no se ha truncado, pese a que Sanz llegó a la alcaldía diciendo que en la ciudad no cabía un piso turístico más, tal y como atestigua David López, portavoz de Sevilla se Levanta, una iniciativa creada desde la plataforma Sevilla se muere, para dar voz a los sevillanos sobre el futuro de la localidad. “El casco histórico es irrespirable. La situación de la vivienda turística, lejos de pararse, está mutando. Las limitaciones impiden que se abran viviendas de uso turístico (VUT) en el casco histórico, pero se ha reemplazado por los Apartamentos Turísticos en edificios completos o en los bajos”, indica. “El plan, a 10 meses de las elecciones municipales, es una forma de maquillar que en estos casi cuatro años no se haya aprobado una moratoria para los alquileres turísticos o los hoteles, como sí ha hecho Málaga”, advierte. Ana García, directora del Departamento de Geografía Humana de la US, también considera que el plan es “oportunista”, por el momento de su presentación, y cuestiona la ausencia de elementos técnicos y su falta de concreción. “Quedan muchas incógnitas: los plazos de ejecución, los medios económicos específicos…”, apunta. A López también le genera suspicacia la falta de claridad sobre cómo se vayan a desarrollar las promociones: “Los solares, los edificios son de titularidad municipal, pero no sabemos quién se va a hacer cargo de su desarrollo, si se van a ceder, traspasar, pueden asumirlo fondos de inversión…”.Díaz también pone en duda la efectividad de esos incentivos frente a la posibilidad de que un titular de un piso cerca de la catedral pueda ingresar en un fin de semana 2.000 euros. “Con tanta demanda turística, serían necesarios muchos recursos públicos que no se van a poner en juego para compensar esa diferencia”, sostiene, en una reflexión que hace extensible a las ayudas para mantener el comercio tradicional. “Condicionar el tipo de comercio que pueda haber en las nuevas promociones de vivienda me parece fantástico, pero las dinámicas de expulsión, banalización y estandarización del comercio que van asociadas a la turistificación del centro van a seguir, porque no se está actuando sobre las causas”. Navarro también manifiesta ese mismo escepticismo y pone como ejemplo el abandono de complejos donde precisamente tiene previsto levantar VPO el Ayuntamiento. “El proyecto parece muy ambicioso, con la incorporación de equipamientos, peluquerías, librerías, fruterías… pero es muy complejo que se lleve a efecto porque los equipamientos de parcelas míticas en Sevilla, como Campamento, en el barrio de San Bernardo, llevan décadas sin ejecutarse y hacerlas en cuatro años me resulta difícil de creer”, señala el arquitecto. López, por su parte, alerta sobre que determinados edificios municipales dotacionales, que se han incluido en el mapa, pierdan ese carácter para convertirse en viviendas.Por mucho que se celebre que se haya apostado por desarrollar en el centro vivienda protegida, el hecho de que Sevilla sea una de las ciudades donde el precio de las VPO (1.248,8) está por encima de la media nacional (1.222,3 euros), cuando también concentra una de las mayores proporciones de hogares “en sobreesfuerzo por el pago del alquiler”, de acuerdo con el informe del Banco de España, lleva a pensar que quienes regresen al casco histórico no sean los mismos que fueron expulsados de él. “Se va a producir otro tipo de gentrificación, porque ese 5% que se prevé que va a vivir allí, va a ser una élite con un cierto nivel adquisitivo”, señala Navarro, que sí considera positivo que el alcalde se haya comprometido a que el destino de esas nuevas viviendas sea alquiler permanente y no salgan a la venta. “Eso va a ayudar a que no se reincida en la especulación posterior de las VPO”.Díaz y Navarro coinciden en que el plan, más allá del oportunismo político, puede ser bienintencionado, pero no va a solucionar el problema. “Puedes meter a 3.000 personas con la construcción de 1000 viviendas, pero con la dinámica actual del centro histórico, van a salir otras 3.000”, señala el académico. “Esto debería funcionar como un preámbulo de un plan futuro a 20 o 30 años vista, los frutos no pueden evaluarse en cuatro años, sino a tres o cuatro alcaldes vista. Este es un problema que hay que tomarse en serio, no con una presentación a bombo y platillo”, sostiene el arquitecto. “Lo que Sevilla necesita es un cambio de su plan de ordenación urbana acorde a las nuevas necesidades”, abunda.
El plan de Sevilla para repoblar el centro histórico no resuelve el problema: los turistas superan a los vecinos
El alcalde presenta una iniciativa para atraer a 3.500 vecinos con la construcción de 1.000 VPO, pero que no incluye la limitación o la moratoria a pisos turísticos, principal causa del éxodo de residentes






