El último ciclo de elecciones autonómicas dibujó dos nuevas realidades en el tablero político: la consolidación del giro hacia la derecha y el papel de Vox como socio necesario del PP. Tras meses de tira y afloja, el partido de Santiago Abascal acabó solicitando su entrada en los gobiernos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En las tres primeras ostentan además las competencias sobre la tutela de menores migrantes, un asunto que ha estallado muy pocos meses después de que los nuevos ejecutivos territoriales echasen a andar y que implica la primera prueba de fuego de los pactos PP-Vox. La inédita entrada masiva de cerca de 80.000 inmigrantes irregulares en Ceuta en los últimos días de julio cuenta aún con multitud de derivadas por resolver. Más allá de la situación de caos en la que continúa la ciudad autónoma casi dos semanas después o de las alertas sobre un posible segundo asalto a la valla, uno de los grandes desafíos pendientes pasa por gestionar el traslado, bien a Marruecos o al resto de la Península, de los más de 1.500 menores que deambulan ahora por el enclave fronterizo. Esta vez, Génova no ha logrado coordinar una estrategia común frente al Gobierno en la totalidad de las 11 comunidades que controla, cuya unidad se ha mantenido intacta ante multitud de desafíos a lo largo de la legislatura, desde la financiación autonómica o la quita de deuda —no hubo grandes fisuras pese a la situación asimétrica de los territorios— hasta la reubicación de menores migrantes que tuvieron que afrontar tras la crisis de 2024 en Canarias. En una acción coordinada, todas las regiones del PP se ausentaron de la reunión para abordar el proceso de regularización masiva el pasado 23 de julio. Pero la entrada de Vox en los ejecutivos y la asunción de carteras relevantes de poder ha roto la baraja y obligado a hacer equilibrios. El Ministerio de Juventud e Infancia convocó para este jueves un primer encuentro técnico con el fin de abordar la crisis de Ceuta y preparar la Conferencia Sectorial. La cita se celebrará de forma telemática, estará presidida por el secretario de Estado y están convocados los directores generales del ramo de las comunidades autónomas, un escalón inferior al de los consejeros de Familia y Servicios Sociales que se verán con la ministra Sira Rego a finales del mes de agosto. Antes de que los territorios del PP confirmasen de forma individualizada, Génova prometió que todos sus gobiernos acudirían a la convocatoria. Pero no será así. TE PUEDE INTERESAR María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco no seguirán el criterio preestablecido por la dirección nacional. Ninguno de los barones del PP ha planteado batalla interna a la decisión de Vox de dar plantón al Gobierno en esta primera convocatoria. Sus vicepresidentes —Óscar Fernández, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán— ostentan las competencias sobre la gestión de los menores extranjeros en su área de Desregulación, Familia y Servicios Sociales y se niegan a salir en la foto con el Ejecutivo, aunque solo sea para "escuchar", como dijo el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. "Es una decisión de Gobierno, hablada y consensuada", ratifican fuentes del PP en el ejecutivo extremeño, tesis en la que coinciden tanto en Aragón como en Castilla y León. En privado admiten que si las competencias fueran propias y no las tuviesen los de Abascal, sí hubiesen acudido a la llamada del Ejecutivo para conocer la situación de primera mano y plantear su posición, pero los tres barones priorizan en este caso el respeto de los acuerdos suscritos con Vox y espantar cualquier riesgo de ruptura como la que se produjo en verano de 2024, precisamente a cuenta del reparto de los menores migrantes. TE PUEDE INTERESAR Andalucía, por su parte, seguirá el criterio marcado por Génova y sí enviará a un representante a la primera reunión con el Ejecutivo, informa Carlos Rocha. Su posición era la única que generaba dudas. El PP comparte la Junta con Vox, pero en este caso sí conservó las competencias relativas a los menores migrantes en detrimento de los de Abascal. Su vicepresidente, Manuel Gavira, se comprometió a desplegar desde Andalucía una oposición frontal a la posible acogida de extranjeros ante el silencio de Juanma Moreno, pero el partido ultraconservador no ha rebatido la presencia de su socio de Gobierno en la cita técnica con el Gobierno. La respuesta desigual ante la primera convocatoria del Ejecutivo podría tener su réplica en futuras ofensivas. Los de Abascal tienen ante sí el reto de demostrar que las soflamas antimigratorias tienen reflejo en sus políticas ahora que tienen competencias para ello. Y ya han prometido que llevarán hasta el final su rechazo a la posible reubicación de menores, al menos en las comunidades en las que gobiernan. El principal obstáculo es que se enfrentan a la ley. Desde 2025, el mecanismo de reparto es obligatorio, y sólo pueden oponerse a los expedientes de traslado a través de la Justicia. Lo harán. La incógnita es cuál será el resultado de la ofensiva o si el resto de regiones en las que el PP gobierna en solitario dará una respuesta equivalente. Génova se ha movido entre el rechazo frontal a la gestión migratoria del Gobierno y el "respeto" a la normativa estatal. La semana pasada, Elías Bendodo despejó las dudas respecto a la posición de la dirección popular y se comprometió a que sus comunidades cumplirán la ley y accederán al posible reparto. La mayoría de fuentes territoriales consultadas se inclinan además por respaldar la ayuda de 25 millones de euros comprometida por el Gobierno para ayudar a Ceuta, aunque reclamarán más información, se focalizarán en las tareas de prevención para evitar episodios similares y censurarán la gestión "negligente" del Ejecutivo. TE PUEDE INTERESAR El discurso inicial de la dirección de Feijóo y su pretensión de "cumplir la ley" generó cierto malestar en Vox, que sin embargo no levantará la voz mientras sus comunidades cumplan con lo pactado. "Solo demuestra una vez más las múltiples contradicciones del PP", señalan en Bambú. En los últimos días, los portavoces de la cúpula popular han vuelto al combate frontal y han agitado el mismo argumento que utiliza Vox, sobre todo después de que Rabat haya solicitado la repatriación de sus menores. "Lo lógico y lo pertinente es devolver a todos a Marruecos", fijó el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista para Okdiario. Lo sorprendente en este punto es el giro que el Gobierno ha dado al respecto. Moncloa se ha alineado con el mismo mantra y se ha comprometido a que "todos y cada uno de los menores" regresen con sus familias. Es una promesa que, sin embargo, cuenta con importantes obstáculos legales, por lo que aún no se ha cuantificado cuántos permanecerían en España o cuántos correspondería acoger a cada comunidad, con la incógnita de la participación de Cataluña o País Vasco en el hipotético reparto. El último ciclo de elecciones autonómicas dibujó dos nuevas realidades en el tablero político: la consolidación del giro hacia la derecha y el papel de Vox como socio necesario del PP. Tras meses de tira y afloja, el partido de Santiago Abascal acabó solicitando su entrada en los gobiernos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En las tres primeras ostentan además las competencias sobre la tutela de menores migrantes, un asunto que ha estallado muy pocos meses después de que los nuevos ejecutivos territoriales echasen a andar y que implica la primera prueba de fuego de los pactos PP-Vox.