La Generalitat Valenciana oficializó el pasado lunes, a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), una profunda modificación en las competencias de la Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana. La ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos introduce cambios en el Decreto 80/2017 con el objetivo de velar por la “neutralidad ideológica” en el conjunto del sistema educativo y habilitar vías de comunicación externa para denunciar posibles contravenciones. Con ello, la Inspección se convierte en una especie de “policía educativa”.
La medida, pactada tras el proceso de negociación presupuestaria entre el Gobierno autonómico del popular Pérez Llorca y Vox, incorpora un nuevo apartado al articulado que regula la función inspectora. A partir de la entrada en vigor del texto, los inspectores deberán supervisar que “las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento”. El texto legal añade la obligación de garantizar el respeto al pluralismo, a la libertad de conciencia de las familias y a los derechos derivados de la libertad lingüística.
Canales de denuncia y plazos de actuación
