La jueza Rosario Espinosa, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Madrid, instruye la investigación por la compra que hizo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de un ático de lujo en el distrito de Chamberí, en abril pasado, que solo admite uso residencial aunque la presidenta madrileña afirmó en una primera versión que se iba a usar como oficinas. El inmueble está a la venta desde hace unos días por 6,7 millones de euros.PublicidadEstudia la magistrada cinco denuncias sobre la adquisición por 6,3 millones de euros del inmueble en cuestión: del partido Iustitia Europa, que fue el primero que llevó el tema al Juzgado; del PSOE y de los ciudadanos Fernando Jabonero, Dionisio Cabeza e Iván de Ángel de Diego. Los denunciantes piden que la justicia investigue los hechos por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en los que habrían podido incurrir los cargos públicos que decidieron la compra.Experiencia no le falta a la jueza Rosario Espinosa, de 70 años y que tiene concedida la prórroga para ejercer hasta los 72 años. No sin polémica, ha instruido casos muy mediáticos en los últimos años. Público repasa los principales. Expresidente de la Audiencia NacionalLa jueza admitió a trámite la denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias por un delito de revelación de secretos contra el expresidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro, por el presunto 'chivatazo' sobre la absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el contexto de la investigación del procés.El 15 de agosto de 2020 Navarro informó al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de que en la segunda quincena de septiembre se notificaría la sentencia de absolución de Trapero. Y el ministro se lo comunicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por WhatsApp, reenviándole el mensaje de Navarro en el que le advertía: "Mientras tanto no puede ser público".PublicidadLa jueza Espinosa abrió diligencias previas contra Navarro en julio de 2024 al observar "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Se da la circunstancia de que otro juez había inadmitido poco antes otra denuncia contra el expresidente de la Audiencia Nacional de la entidad ultra Hazte Oír en idénticos términos.Sin embargo, tras el verano y después de escuchar al fiscal, que pedía el archivo al no percibir ilícito alguno, la jueza sobreseyó el asunto. La Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión.Federico Jiménez LosantosEn cambio, la Audiencia de Madrid corrigió a la jueza Espinosa cuando esta sobreseyó la causa contra el locutor Federico Jiménez Losantos por injurias y calumnias al exministro José Luis Ábalos; y le ordenó procesarle. El comunicador había afirmado en su matinal de esRadio que Ábalos ayudó a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a traer a España "maletas llenas de cocaína, oro y divisas". La política aterrizó en el Aeropuerto de Barajas, en enero de 2020, a pesar de tener prohibido el acceso a la Unión Europea por las violaciones de derechos humanos de su Gobierno. El caso conocido como Delcygate se investigó tras las denuncias contra Ábalos y el Supremo lo archivó.PublicidadAnte la denuncia de Ábalos contra Losantos, la jueza entendió que decir aquello sin prueba alguna que lo sustentara se ajustaba a la libertad de expresión del locutor, pero Ábalos recurrió y la Audiencia de Madrid le dio la razón, exigiendo a la magistrada el procesamiento del director del Grupo Libertad Digital, en septiembre de 2022. Posteriormente, Jiménez Losantos fue absuelto.Cuñado de Pedro SánchezLa jueza inadmitió la querella de Abogados Cristianos contra el cuñado de Pedro Sánchez y hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel Gómez Fernández, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Los ultracatólicos habían denunciado, el 30 de abril de 2025, que Fernández no solo disfrutaba de veraneos en la residencia oficial de La Mareta en Lanzarote, junto al presidente y su familia, sino que había sido beneficiado tras la llegada de Sánchez a la Moncloa. En concreto, la entidad ultra señalaba que el cuñado había sido fichado en la productora Vancouver Media a cambio de la obtención de beneficios fiscales, como deducciones indebidas. La jueza inadmitió la denuncia al entender que no aportaba indicios de que el cuñado de Sánchez tratara de influir en funcionario o autoridad para obtener una resolución que le pudiera reportar un beneficio. 'Rodea el Congreso'Rosario Espinosa fue la jueza que envió a la Audiencia Nacional la causa en la que se investigaba la organización de la manifestación del 25-S, conocida como 'Rodea el Congreso', el 25 de septiembre de 2012, por considerar que se pudieron cometer actos contra instituciones del Estado. La magistrada entendía que debía ser el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el que asumiera la investigación contra los organizadores al haber ordenado el atestado policial, pero el magistrado ya había manifestado que no era competencia de la Audiencia Nacional y acabó archivando la causa para los convocantes del 25-S. Durante la manifestación, autorizada por la Delegación del Gobierno y en la que se protestó por la corrupción, el bipartidismo y la crisis democrática, en torno a 6.000 personas se concentraron en la Plaza de Neptuno de Madrid de forma pacífica. La protesta acabó disuelta mediante cargas policiales. El saldo final fue de 34 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos policías. Doce años después, 21 activistas acabaron juzgados en un juzgado de lo Penal por desórdenes públicos, atentado y resistencia a la autoridad; cinco de ellos fueron condenados y nueve absueltos, el resto había pactado con la Fiscalía una conformidad. La mayoría de las penas fueron sustituidas por multas.PublicidadReal Federación de FútbolEn diciembre de 2025, la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Madrid incoó diligencias previas ante la querella de Pedro Rocha, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), contra los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por un presunto delito de prevaricación administrativa ante la inhabilitación que le impidió presentarse a las elecciones de nuevo. Tres meses antes, la justicia había anulado dicha inhabilitación por ser "contraria a derecho" y por haber creado "indefensión" a Rocha. La causa sigue instruyéndose.