Un duro informe de un organismo oficial marroquí acusa a los cuerpos policiales españoles de haber infligido malos tratos y de agredir a migrantes llegados en masa a la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de juio. Además, culpa a las autoridades locales de Ceuta de haber dispensado una atención insuficiente a los migrantes, especialmente a los niños y los jóvenes, dentro de contingente de unas 72.000 personas que irrumpieron en la ciudad en apenas 48 horas. El reporte emana del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH), y fue presentado en una versión preliminar y aún no definitiva el pasado 8 de agosto. El CNDH depende de la Administración de Marruecos y fue autor de otro reporte que atribuía a la policía española la responsabilidad sobre las muertes en la avalancha de la valla de Melilla, en 2022. El CNDH denuncia que los menores recibieron malos tratos por parte de “grupos extremistas”, que los “atacaron”, los “persiguieron”, les propinaron “insultos, golpes” y los “estigmatizaron”. Asegura haber recabado testimonios de retornados a Marruecos que “contenían múltiples alegaciones coincidentes de malos tratos y agresiones a manos de miembros de las fuerzas de seguridad españolas, especialmente en lugares fuera del alcance de las cámaras, según sus declaraciones”.En otro punto, el Consejo destaca que han documentado casos de afectación de la integridad física de las personas que cruzaron por parte de las autoridades y que no se proporcionaron protección y asistencia suficientes frente a agresiones y ataques de carácter racista y xenófobo sufridos dentro de Ceuta. “Se han constatado casos de vulneración de la integridad física de los transeúntes por parte de las autoridades españolas y marroquíes, así como casos de vulneración de la integridad física de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes”, recoge el texto.Además, el texto del informe culpa a las “autoridades locales” ceutíes de la decisión de “no proporcionar la asistencia necesaria y de ordenar el cierre de restaurantes, cafés y establecimientos comerciales”, pero este cierre fue en realidad adoptada motu propio por parte de los propietarios de los locales de hostelería y comercios a partir de una recomendación del la Confederación de Empresarios de la ciudad autónoma.El informe asegura que ya el 8 de julio se detectaron “los primeros contenidos engañosos en una página de Facebook que publicaba material sobre migración, sobre España y los marroquíes residentes en España”. La página, afirma, superaba los 90.000 seguidores, e indicaba que “los migrantes interceptados en el mar cuando cruzan a Ceuta o Melilla a nado no pueden ser devueltos”, atribuyendo esa afirmación a una “delegación gubernamental española”. La publicación, recoge el Consejo, obtuvo una gran repercusión.Otro hito, sostiene el Consejo, fue la difusión de una imagen de una joven marroquí con el signo de la victoria, que había cruzado a Ceuta el 28 de julio junto a un grupo de migrantes que atravesó la frontera. Según el informe, el equipo de seguimiento designado por el Consejo ha examinado publicaciones de “23 grupos de Facebook, que reunían en conjunto a más de 1.086.000 miembros y publicaban una media de más de 1.400 entradas diarias”. Constata también que cinco de los principales grupos “fueron eliminados el jueves 30 de julio de 2026″, el primero de los dos del aluvión migratorio sobre Ceuta. El informe hace mención también al papel que jugaron las redes sociales en la convocatoria para cruzar la frontera, como ya ha publicado EL PAÍS, pero en otros se hace referencia a la situación humanitaria y económica interna del país y a las condiciones que han propiciado la salida masiva de decenas de miles de jóvenes y menores en dirección a Ceuta. El mismo organismo ya elaboró un polémico dictamen en 2022 tras el salto masivo de migrantes subsaharianos a la valla fronteriza de Melilla, en que se produjeron al menos 23 muertes. En aquel informe, el organismo atribuía a las autoridades de Melilla la responsabilidad de la concentración humana, por haber cerrado las puertas de la frontera y no haber dejado que las personas que se congregaron discurrieran de forma fluida hacia el interior de la ciudad autónoma española. Sin embargo, las indagaciones independientes de ONG y medios informativos, como la elaborada con la participación de EL PAÍS,, mostraron más tarde que fueron las autoridades marroquíes las que en primer lugar permitieron el paso de los inmigrantes subsaharianos y, luego, los mantuvieron retenidos durante horas en una zona de la frontera del Barrio Chino, junto a la valla de Melilla. Los migrantes muertos fallecieron por asfixia tras ser aplastados, de lo que dieron cuenta vídeos que mostraban cómo las fuerzas marroquíes golpeaban a los inmigrantes incluso una vez ya tendidos en el suelo. El trabajo de investigación reveló también que los agentes marroquíes no pararon de lanzar gas lacrimógeno en un recinto sin salida y respondieron a la avalancha con brutalidad. El caso judicial que investigó esos hechos nunca llegó a buen puerto. Dos años después de la tragedia, la Fiscalía marroquí dio carpetazo ante “la ausencia de indicios de delito” y tras constatar que hubo un “uso proporcional de la fuerza” por parte de los agentes marroquíes.