Tras años de confusión administrativa y listas de espera desesperanzadoras para las familias, la reciente reforma del sistema de dependencia y de la ley de discapacidad prometen más financiación y menos burocracia. El gran reto sigue siendo cultural: la tendencia a retrasar la solicitud de ayuda hasta que la situación es límite.
Históricamente, los ciudadanos se han encontrado ante dos sistemas, por un lado el de dependencia, de creación más reciente, y por otro, el que aglutinaba los conceptos de servicios sociales y discapacidad, que ya existía anteriormente, explica Francisco Sardón, presidente de la federación sin ánimo de lucro Impulsa Igualdad de Castilla y León. Así, mientras la discapacidad se centraba en aspectos físicos y certificaciones para acceder a ayudas técnicas o movilidad reducida, la dependencia evaluaba la capacidad del individuo para desenvolverse de forma autónoma en su entorno cotidiano.
El funcionamiento independiente de ambos sistemas generaba dificultades a las familias debido a todos los puntos en los que convergen los dos ámbitos, generando una enorme distorsión, según Sardón. “Eliminar esos trámites burocráticos dobles ha sido un paso notable para que el sistema de dependencia sea más ágil en su gestión”, destaca, y recuerda que en algunas comunidades las listas de espera para acceder al sistema de dependencia superaban el año.
