Ni Gobierno ni PP tienen intención de explorar el terreno compartido en cuestiones de Estado. No hubo predisposición alguna a tender puentes ante el mayor desastre forestal de España, pese a compartir múltiples medidas para prevenir y combatir los incendios. Y nada hace pensar que Moncloa y Génova vayan a deponer las armas para repensar la política migratoria en la recta final de la legislatura y modificar la ley de extranjería con el fin de que no se repliquen episodios tan dramáticos como el que acaba de vivir la ciudad de Ceuta: decenas de muertos intentando cruzar la frontera y más de 60.000 llegadas en unas pocas horas. En el puente de mando de la ciudad autónoma temían una posible avalancha desde hace días, después de que el Tribunal Supremo emitiese el pasado 29 de junio un fallo en el que amparaba a un inmigrante procedente de Argelia y establecía que las devoluciones en caliente sólo son aplicables para aquellos que superen "elementos de contención fronterizos", lo que alimentó la interpretación de que los inmigrantes que llegasen a nado serían "inexpulsables" de España y confirmó que la disposición adicional décima de la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera a los que escogen la vía marítima para llegar a Ceuta y Melilla. El PP maniobró rápidamente para tratar de cambiar el mencionado apartado de la normativa estatal antes de que el Congreso colgase el cartel de 'cerrado por vacaciones'. Tras la sentencia del Alto Tribunal, los de Feijóo promovieron una proposición de ley para garantizar que las devoluciones dependan únicamente "del intento de entrada irregular en la frontera exterior" con independencia de que sean "detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima" de las dos ciudades autónomas. El texto se registró el 16 de julio, pero no verá la luz hasta septiembre. La intención de Génova pasa por forzar el debate en el primer pleno del nuevo curso político porque asume que el Gobierno ignorará su petición de reunir al Congreso de forma extraordinaria este mismo mes de agosto. En la cúpula del PP dan también por enterrada la posibilidad de sentarse con el PSOE para pactar la modificación de la ley de extranjería pese a que, a priori, ambas fuerzan comparten el diagnóstico de que la formulación de la disposición adicional décima unida al fallo del Supremo es uno de los principales desencadenantes de la crisis. TE PUEDE INTERESAR El partido de Feijóo no pretende esperar a los posibles pasos que dé el Gobierno al respecto y volverá a mirar a Junts para adelantarse al Ejecutivo, marcarle la agenda y superar al menos la admisión a trámite de la proposición de ley cuando llegue al Congreso. Fuentes de la dirección del PP confirman que no ha existido interlocución con el Ejecutivo pese al caos sin precedentes de la última oleada migratoria y tampoco existe por parte de Génova intención alguna de descolgar el teléfono. "Del Gobierno de Sánchez esperamos más bien poco", verbalizó el pasado lunes el secretario general del partido, Miguel Tellado. Hay que recordar que el presidente del Gobierno avanzó durante su visita a Ceuta en los primeros compases de la crisis que estudiaría el mismo cambio legal que ha registrado el PP en la Cámara Baja tras comprobar que se propagó a través de las redes una "lectura interesada" de la sentencia del Alto Tribunal que obliga a garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan "de la manera más eficiente posible". Pero no despejó ni el contenido, ni los plazos, ni la fórmula legislativa. El jefe del Ejecutivo puso poco después rumbo a La Mareta para continuar con su descanso vacacional, lo que sugiere que no existen prisas por explorar la reforma de la citada ley. TE PUEDE INTERESAR En la dirección del PP apuntan a que "hay que esperar" para calibrar si será posible o no contar en este caso con el respaldo del partido de Carles Puigdemont, pero se abren a iniciar en el corto plazo esa ronda de contactos. Son conscientes de que sólo la alianza con Junts —que ha operado a lo largo de la legislatura en iniciativas migratorias, fiscales o habitacionales, sin olvidar la moción para exigir la dimisión de Sánchez— permitiría superar hoy por hoy el trámite y elevar la presión sobre el Ejecutivo, aunque tampoco descartan en este punto un posible respaldo del PNV en pleno período preelectoral. Se da la circunstancia de que hace justo una semana, el partido de Carles Puigdemont se unió a la presión política que tanto PP como Vox habían desplegado a través de peticiones de información, de explicaciones y de comparecencias. Junts exigió al Ejecutivo aclarar si el Gobierno "disponía de información previa" a la vulneración del control fronterizo —como denuncian también en Génova— y recalcó la necesidad de revisar "el marco jurídico" para garantizar "un control efectivo de las fronteras". La formación pidió desvelar "qué medidas piensa adoptar" el Ejecutivo ante el impacto de "los recientes pronunciamientos judiciales sobre las devoluciones de personas" y preguntó además si prevé "impulsar cambios normativos para reforzar la seguridad jurídica de los cuerpos encargados de la vigilancia fronteriza". Pero hay un hándicap que podría complicarle a Feijóo la primera victoria del curso: la intención de Junts de aprovechar el delicado contexto para reivindicar la delegación de las competencias estatales en inmigración para Cataluña, iniciativa que PP, Vox y Podemos ya tumbaron el año pasado. TE PUEDE INTERESAR Opinión Tanto Junts como el PNV se han unido además a la negativa a acoger a menores migrantes en Cataluña y País Vasco. El partido de Carles Puigdemont ha amenazado incluso al Gobierno con congelar de nuevo sus siete votos en el Congreso para cualquier iniciativa si no cumple esa premisa, algo que desde el Ejecutivo aún no han aclarado. Habrá que esperar para comprobar si con el tira y afloja en materia migratoria aflora de nuevo la llamada mayoría alternativa en el Congreso nada más retomar el trabajo. En Génova tienen claro que no regalarán oxígeno político al PSOE en los últimos meses de la legislatura, y mucho menos aparecerán en la foto junto a un Pedro Sánchez salpicado además por multitud de escándalos de corrupción. Utilizarán además su fuerza parlamentaria para tratar de amplificar el desgaste de su figura, aunque ello implique exhibir sintonía con Junts. Todo apunta a que los primeros mazazos no se harán esperar por los obstáculos que ya planean sobre proyectos de carácter vital para el Ejecutivo, como la ley de vivienda, la ley antitabaco y los propios Presupuestos Generales del Estado. Ni Gobierno ni PP tienen intención de explorar el terreno compartido en cuestiones de Estado. No hubo predisposición alguna a tender puentes ante el mayor desastre forestal de España, pese a compartir múltiples medidas para prevenir y combatir los incendios. Y nada hace pensar que Moncloa y Génova vayan a deponer las armas para repensar la política migratoria en la recta final de la legislatura y modificar la ley de extranjería con el fin de que no se repliquen episodios tan dramáticos como el que acaba de vivir la ciudad de Ceuta: decenas de muertos intentando cruzar la frontera y más de 60.000 llegadas en unas pocas horas.