Tres años después de su puesta en marcha, ya son 317 los municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado (ZMRT). En total, alrededor de 9,3 millones de personas viven en un área bajo esta denominación, según datos del Ministerio de Vivienda. Aunque la mayoría se concentran en Catalunya, la medida se ha extendido con fuerza en Navarra y Euskadi. Además, en Asturias, los municipios de Gijón, Avilés, Llanes y Cabrales incorporaron barrios a esta categoría hace unas semanas. Pero la medida choca con el boicot de los Gobiernos autonómicos del PP, que han bloqueado la iniciativa en 41 localidades si tenemos en cuenta tanto la denegación expresa como el silencio administrativo.PublicidadDe momento, Galicia es la única autonomía gobernada por la derecha donde los ayuntamientos han visto prosperar sus solicitudes, a pesar de que la Xunta ha reiterado su oposición a ley estatal. A Coruña se convirtió en zona tensionada en julio del año pasado y Santiago de Compostela lo ha conseguido el pasado mes de julio. Vigo, de momento, no ha dado el paso, aunque el BNG está presionando a su alcalde, Abel Caballero, para que lo haga.La lista de comunidades del PP donde se bloquean más solicitudes de ayuntamientos, pese a cumplir con los requisitos, la encabeza el País Valencià. Hay 16 municipios que lo han intentado sin éxito. El Govern se lo ha negado a Dénia, Mislata, Sedaví, Pobla de Farnals, Alginet, Sagunto, Almàssera, Gandia, Burjassot, Aldaia, Bonrepòs i Mirambell, Petrer y Buñol, mientras que Paterna, Alboraia y Alaquas lo reclamaron en pleno municipal pero solo han obtenido el silencio del Gobierno valenciano hasta el momento. Una de las últimas ciudades en iniciar estos trámites ha sido Paiporta, epicentro de la DANA, pero aún no ha aprobado la petición en pleno. Todo apunta a que se encontrará con la misma negativa."La Generalitat siempre se ha negado. Yo mismo, en Les Corts, he solicitado en reiteradas ocasiones, mediante proposiciones no de ley, que se aplique la norma, pero PP y Vox siempre votan en contra", señala Benjamí Mompó, portavoz de vivienda del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes.La situación es muy parecida en Madrid. Son al menos once los municipios que han tratado de entrar en el listado de zonas tensionadas: Rivas Vaciamadrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Mejorada del Campo, Pinilla del Valle, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega y Velilla de San Antonio. De ellos, Rivas -donde Izquierda Unida ostenta la alcaldía- ha optado por denunciar a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia, que admitió su recurso a trámite en febrero de 2025.PublicidadLas otras diez localidades, que abarcan a unos 800.000 habitantes, están gobernadas por el Partido Socialista. Todas ellas se unieron el año pasado para presentar una proposición de ley con la que reformar la ley del suelo y conseguir que se aplicara la normativa estatal. La mayoría de PP y Vox en la Asamblea lo impidió. "Estamos intentando abrir más vías. Lo que nos queda es ir al Defensor del Pueblo, porque al final es un derecho que se está hurtando a nuestros vecinos", afirma Candela Testa, alcaldesa de Alcorcón.Recientemente, la regidora se ha reunido con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) para estudiar que sean las propias organizaciones sociales quienes denuncien la situación ante el Defensor del Pueblo. Uno de sus últimos movimientos en esta línea fue sugerir la aplicación del artículo 155 de la Constitución para obligar a Ayuso a cumplir con la ley estatal. Sin embargo, los números no dan, puesto que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado.Testa recuerda que urbes madrileñas como Alcorcón no solo cumplen con los requisitos que marca la ley de vivienda para acogerse a la declaración de mercado tensionado, sino que los duplican. Para poder iniciar este procedimiento se exige cumplir con uno de estos dos criterios: o bien que las familias dediquen más de un 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, junto con los suministros básicos; o que el precio de alquiler o compra haya experimentado un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores. En Alcorcón, asegura la regidora, el incremento es de seis puntos.Publicidad"Nosotros lo que le decimos a la Comunidad es que si no aporta, que se aparte. Tenemos el ejemplo de la Xunta, donde la derecha sí está habilitando este mecanismo", recuerda Testa. "Estamos hablando de municipios que somos limítrofes a la capital, donde el turismo está expulsando a la gente hacia nuestros barrios y los precios están subiendo muchísimo. Al final nuestra gente se está teniendo que ir a Toledo o Guadalajara, donde también aumentan los costes", denuncia. A pesar de la situación, más recientemente Los Santos de la Humosa o Cercedilla también han iniciado trámites para intentar ser ZMRT.En Aragón tres son las localidades que han aprobado en plenos municipales ser declaradas zonas tensionadas y que hasta el momento han recibido el silencio del Ejecutivo autonómico: Canfranc, Biescas y Aínsa. Hace unas semanas el Consejo de Gobierno señalaba que había acordado no tramitar ninguna iniciativa relativa a ese ámbito.El bloqueo del PP se repite en otras comunidades donde se deja sentir la presión del turismo. En Cantabria, el Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP) ha denegado las solicitudes de Castro Urdiales y Comillas. De la misma manera, en Illes Balears ya son nueve los municipios que han solicitado formalmente esta declaración y no lo han logrado: Manacor, Artà, Puigpunyent, Algaida, Esporles, Santa Maria, Pollença, Ciutadella y Maó (Menorca). El Ayuntamiento de Inca tiene pendiente llevarlo a pleno.A estas 41 localidades de comunidades gobernadas por el PP hay que unir otras cinco del archipiélago canario, donde el presidente es de Coalición Canaria, aunque el Gobierno es de coalición con los populares. El veto lo sufren los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Adeje, Granadilla de Abona y Villa de Mazo.El ejemplo de Catalunya"Catalunya ha tratado de presentarse como el gran ejemplo para todo el Estado de que la ley de vivienda iba a funcionar, por eso es donde más se ha expandido la normativa. Todo lo contrario es lo que está pasando en Madrid, que se niega rotundamente a aplicar la ley, como parte de su batalla contra el Gobierno central, incluso aunque los precios estén completamente disparados", explica el antropólogo urbano José Mansilla. El experto señala que estas localidades tienen poco que hacer, ya que las competencias en materia de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas.Aunque en la mayoría de los casos se sigue una vía de abajo hacia arriba —los ayuntamientos piden la declaración de zona tensionada, la autonomía la aprueba y el Gobierno central la publica formalmente—, no siempre es así. La norma permite que sean las comunidades autónomas las que promuevan la iniciativa directamente, sin tener que esperar a las administraciones locales. Esto ha hecho que algunos municipios con gobiernos de derechas acaben siendo catalogados como zona de mercado tensionado.El caso más conocido es el de Badalona, ciudad gobernada por Xavier García Albiol. El alcalde del PP ha mantenido una postura muy crítica con la ley de vivienda, a la que califica de "intervencionista". Durante un acto en Madrid el pasado 26 de marzo, aseguró que en su municipio la norma está teniendo el efecto contrario al deseado y que la oferta de inmuebles se está reduciendo. Una visión idéntica comparten Manuel Reyes en Castelldefels y Núria Carreras en Monistrol de Montserrat –ambos del PP–, cuyos consistorios también han sido incluidos en estas zonas tensionadas.PublicidadMás allá de estos tres ayuntamientos catalanes, en Navarra existen seis localidades gobernadas por UPN declaradas zonas tensionadas, a pesar del rechazo del partido a esta norma: Tudela, Barañáin, Estella-Lizarra, Valle de Egüés/Eguesibar, San Adrián y Cintruénigo. La formación regionalista sostiene que la medida genera "inseguridad jurídica" y ahuyenta a los inversores.El Ministerio de Vivienda desmiente estas tesis y defiende que la regulación ya muestra sus primeros resultados positivos. Según datos de la Generalitat, durante los dos primeros años de aplicación, los precios del alquiler han caído un 4,7% en Barcelona y un 1,3% en el conjunto de las áreas tensionadas, donde además el parque residencial habitual se ha incrementado en 20.994 contratos. En Navarra, la bajada alcanza el 8,6% en los municipios regulados, mientras que la firma de contratos mantiene su ritmo y concentra casi nueve de cada diez nuevos arrendamientos de la Comunidad ForalTras reunirse con el rey en Mallorca, hace diez días, Pedro Sánchez volvió a criticar el "sesgo ideológico" de los gobiernos autonómicos del PP por negarse a aplicar la ley de vivienda. El presidente recordó que esta norma habilita tanto a comunidades como a ayuntamientos a activar herramientas para intervenir "un mercado desbocado". Precisamente, Sánchez puso como ejemplo a Catalunya y Euskadi, donde asegura que "ya se observa una contención en el incremento del alquiler". PublicidadDurante el balance del curso político, Sánchez también reivindicó el texto estatal de vivienda frente al "dogmatismo neoliberal" que impide su aplicación en todo el país. "La vivienda debe ser un derecho para todos, no un negocio para unos pocos, y desde luego no puede ser rehén de estrategias partidistas que nada obedecen al interés de la gente", sentenció, haciendo un llamamiento a los gobiernos autonómicos para que "dejen el sectarismo".