Más de nueve millones de personas residen hoy en una zona tensionada por el alquiler. Este volumen representa al 20% de la población del país, que se concentra en el noreste de la península, especialmente en Cataluña. Cada vez más ciudadanos viven en un lugar en el que el mercado está intervenido de acuerdo con el marco que establece la ley de vivienda desde 2023, porque los responsables de sus comunidades autónomas así lo han determinado tras observar que sus territorios cumplen con las condiciones que establece la norma: que el pago mensual del arrendamiento y los suministros de la casa superen el 30% de la renta media de los hogares; o que el alquiler medio haya crecido más de un 3% por encima del IPC acumulado en los últimos cinco años. Pese a que son muchas las ciudades que acreditan esta situación, el requisito político de solicitar esta declaración está frenando su expansión por el resto del territorio, singularmente en aquellos gobernados por el Partido Popular.Según los cálculos realizados por EL PAÍS a partir de las resoluciones del Ministerio de Vivienda y las encuestas de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de nueve millones de residentes, de los casi 50 millones que se reparten por todo el país, se concentran actualmente en estas zonas. Tras las últimas incorporaciones, ya son 304 municipios los que ostentan esta categoría, la mayoría de ellos ubicados en la zona noreste del mapa. Nueve de cada diez se ubican en Cataluña. Otras capitales, como Las Palmas de Gran Canaria o Santiago de Compostela, se encuentran realizando los últimos trámites para solicitar en 2026 esta declaración. El 18,7% de la población española reside actualmente en un municipio que ha adoptado la calificación de zona tensionada, distribuidos a lo largo de cuatro comunidades autónomas: Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña. Tomando como referencia el padrón que contabilizó el INE el pasado 1 de enero de 2025, y que fija el total de habitantes de España en 49.128.297, este grupo engloba a 9.192.567 personas. Un volumen en el que se concentran tanto propietarios como inquilinos. La mayoría están afincados en Cataluña, donde 271 municipios tienen el mercado del alquiler intervenido, el 89% del total de las zonas que lo han solicitado desde 2024. De entre todos ellos, la ciudad de Barcelona es la que más población concentra, con 1,7 millones de habitantes. Patricia Moral tiene 29 años y vive de alquiler con su novio en un piso en el Poble-sec, uno de los barrios de la capital catalana, desde hace cuatro meses. Paga 890 euros al mes por un piso de 57 metros cuadrados. Al otro lado del teléfono, reconoce sentirse beneficiada por el hecho de residir en una zona tensionada, aunque fue ella quien tuvo que marcarle los límites a su casero. “Cuando firmamos el contrato, la mensualidad era de 1.064 euros. Una vez mudados, fui al Registro [de la Propiedad] a solicitar la nota simple del inmueble, y busqué el importe máximo que se podía pedir por él de acuerdo con el índice de referencia que fija la ley. Descubrí que tenía que ser mucho menor y, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas de Cataluña, concertamos una reunión con la inmobiliaria. No sin pelearlo, conseguimos que el casero nos redujera el precio y, además, que la inmobiliaria nos devolviera los gastos de gestión que también habíamos pagado sin correspondernos a nosotros”, detalla. Pese a que logró una reducción considerable, lamenta que los arrendadores sigan actuando al margen de la ley. “Me da rabia que te tengas que meter tú a investigar si quieres lograr algo”, comenta.