El Gobierno ya mueve ficha para activar el reparto de al menos 1.342 menores migrantes que cruzaron la frontera de Ceuta el Día del Trono de Marruecos. Algunos de estos niños y jóvenes serán devueltos con sus familias, pero muchos otros deberán ser acogidos por las comunidades autónomas, tal y como establece la Ley de Extranjería. En "pocas semanas" comenzarán las derivaciones a la península, como ha manifestado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Moncloa no tendrá en cuenta las advertencias de los gobiernos autonómicos sobre la situación de colapso de sus sistemas de acogida y la alerta de que la capacidad que les otorga el Ejecutivo "no es real". Fuentes del Ministerio de Juventud confirman a El Confidencial que no habrá negociación con las comunidades autónomas, ya que el mecanismo de reparto ya se encuentra en funcionamiento y es el que ha permitido el traslado de más de 1.750 menores desde Ceuta, Melilla y Canarias a la península desde agosto del año pasado. "No hay que activar nada nuevo", subrayan. En los próximos días se pondrá en marcha el procedimiento establecido para determinar cuál es el mejor destino para ellos. Como ha señalado la ministra, a partir del 16 de agosto se instalará una oficina del Ministerio para acelerar los procesos de acogida. Se realizará la filiación completa de los menores, que serán sometidos a una entrevista individualizada para determinar si tienen familia, si desearían volver con ella o cuál es el motivo de su llegada a España. Se tendrán en cuenta las peticiones de los menores que deseen volver con sus familias, mientras que en aquellos casos en los que haya un proyecto migratorio, se activará el mecanismo de acogida. En el Ministerio de Juventud apuntan que este sistema es lento para las circunstancias actuales (Ceuta padece casi un 3.000% de sobreocupación sobre la capacidad de la ciudad autónoma). Comienza con una resolución de traslado inicial; después se debe pronunciar la Fiscalía y la comunidad autónoma que se propone para el menor. Sin embargo, las CCAA pueden recurrir en los tribunales la acogida de los menores, como ya han avanzado que harán aquellas en las que Vox gobierna con el Partido Popular, lo que dilataría aún más el proceso. TE PUEDE INTERESAR El destino del menor depende en primer lugar de su criterio. Hay menores que eligen un territorio en concreto porque reside alguno de sus familiares y esta opción se convierte en preferente. Si no existen preferencias, el Gobierno acude al mecanismo establecido y se los envía a las autonomías que están menos tensionadas. Para determinar qué comunidad autónoma se encuentra más o menos tensionada, el Ministerio de Juventud aplica un cálculo matemático basado en la población de cada región, no en la capacidad real de acogida basada en el número de centros y pisos tutelados que pueden recibirlos. Este aspecto supone un punto de fricción constante entre el Gobierno y los ejecutivos autonómicos. Canarias, Ceuta y Melilla son las tres regiones en situación de contingencia migratoria extraordinaria, es decir, que triplican las plazas ocupadas que les corresponden según Moncloa y no admiten más menores. Fuentes gubernamentales señalan que Baleares será probablemente otra de las que se libre del reparto, ya que se encuentra por encima de su capacidad ordinaria de acogida. "Los menores se enviarán a las que tienen capacidad de sobra respecto al número de migrantes que acogen", aseveran. Cola de inmigrantes en Ceuta para acceder a la ONG Media Luna. (Reuters/Violeta Santos Moura) Sin embargo, a las comunidades autónomas no les salen las cuentas. Al menos no las mismas que al Gobierno de Pedro Sánchez. Hay una enorme distancia entre la capacidad para acoger menores migrantes no acompañados que Moncloa ha asignado a las autonomías y la que los gobiernos autonómicos manifiestan tener en realidad. Según el Ejecutivo, las CCAA están capacitadas para asumir un total de 17.081 menas, pero lo cierto es que, aun encontrándose lejos de esta cifra, numerosos territorios como Madrid o Galicia ya alegan que sus centros están colapsados. El Ministerio de Juventud actualizó en junio, un mes antes de la avalancha migratoria de Ceuta, la capacidad de las CCAA, aumentando el número de menores que puede acoger cada una. Esta cifra, basada en un cálculo matemático, no se corresponde con las posibilidades reales de acogida con las que cuentan las comunidades autónomas con base en sus centros y pisos de acogida. Un caso paradigmático es Galicia, a la que el Gobierno otorga una capacidad ordinaria de acogida de 940 menores migrantes. Fuentes de la Xunta confirman a este periódico que, en estos momentos, acogen a algo más de 400. La lectura del Gobierno es que Galicia no es una comunidad tensionada, pero desde la región aseguran que la ocupación se encuentra en un 108%. TE PUEDE INTERESAR Desde la Consellería de Política Social e Igualdad afirman que en Galicia hay un total de 2.000 menores protegidos que dependen de la Xunta, entre los que se incluyen los 400 de procedencia extranjera. Su modelo prioriza el acogimiento familiar, situación en la que se encuentran alrededor de 1.200. La afluencia de menores en los últimos meses les obligó a abrir un centro residencial en Monforte de Lemos, donde manifiestan que es más difícil la integración que a través del acogimiento familiar. "No puedes crear una familia de acogida de un día para otro", señalan. Lo mismo ocurre en la Comunidad de Madrid. Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cifran en 1.505 los menores migrantes atendidos en lo que va de año. De acuerdo con Moncloa, le corresponderían 2.471, por lo que no sería un territorio tensionado. En cambio, desde el Gobierno madrileño señalan que se encuentran al "136% de ocupación en los recursos destinados a menores no acompañados". En Extremadura ya hubo un intercambio de golpes entre la Junta de María Guardiola y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, a costa de este motivo. Quintana descartó que hubiera un "colapso" en la región al estar ocupadas 107 plazas de las 364 que el Gobierno estima para Extremadura. Sin embargo, desde el Ejecutivo de Guardiola manifestaron que solo quedaban 12 plazas libres pese a la estimación teórica del Ejecutivo central. En estos momentos, la única comunidad autónoma que supera la capacidad ordinaria estatal, además de Canarias, es Baleares, con 880 menores acogidos en las 434 plazas atribuidas. El caso de Cataluña sigue siendo una incógnita. En marzo de 2026 —última cifra oficial—, la Generalitat atendía a 2.177 menores migrantes solos, por lo que debería entrar en el reparto autonómico al tener asignadas 2.829 plazas. Junts ha exigido que no se envíen más a la región y que Cataluña asuma las competencias en inmigración. "Cataluña acoge muy por encima de sus capacidades mientras otras comunidades eluden sus responsabilidades", afirmó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Una posición que contrasta con la que manifiestan voces del gobierno de Salvador Illa: "El presidente Sánchez ya ha puesto en marcha las medidas oportunas para hacer frente a esta crisis humanitaria y Cataluña las apoya, como no puede ser de otra manera". El decreto que aprobó el Gobierno hace un año para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados excluyó a Cataluña y País Vasco porque superaban las cuotas de acogida que les correspondían según los criterios establecidos. En aquel momento se estableció una base de 32 menores por cada 100.000 habitantes. El mecanismo de reparto no ha dejado de funcionar desde entonces, y en los próximos días centrará sus esfuerzos en encontrar residencia para los 1.342 niños y adolescentes de Ceuta. Se va a priorizar a perfiles vulnerables, como niños menores de 13 años. El proceso se antoja largo y tortuoso, tanto por el choque político como por la falta de capacidad real de acogida de varias comunidades autónomas. Aun así, el Gobierno prevé acelerar el mecanismo para que "el curso escolar en Ceuta empiece con total normalidad".