El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy el real decreto que fijará de forma definitiva el reparto entre las autonomías —y la financiación del mismo— de los más de 4.000 menores migrantes no acompañados que Canarias, sobre todo, y Ceuta acogen en unos centros por completo sobrepasados. El Congreso aprobó en abril la modificación de la ley de extranjería para hacer obligatoria su redistribución, y el Consejo dio luz verde en julio a otro real decreto que fija el procedimiento de acogida. El Gobierno completa así el marco legal necesario para ejecutar un traslado que hasta ahora se realiza con retraso y a cuentagotas por una pelea política entre el Ejecutivo y el PP que sigue abierta.
Esa pugna resulta del todo incomprensible fuera del aprovechamiento partidista de un problema grande para las comunidades afectadas, pero pequeño para el conjunto de España. La situación de los menores no acompañados, los inmigrantes más vulnerables, es la más acuciante de resolver. Pero no puede olvidarse que la inmigración irregular es mínima en comparación con quienes llegan a España de forma legal. Y este año registra un notable descenso (un 29,3% menos hasta el pasado día 15, en comparación con 2024, según el último balance de Interior). Es clave la caída de casi un 47% de las llegadas a Canarias por el endurecimiento del control en Mauritania y una cuestionable campaña de detenciones y expulsiones masivas de ese país.
