Opinión
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La buena noticiaUn país que conoce el horror del genocidio debería levantar la voz cuando otro pueblo experimenta un sufrimiento semejante.
Noventa años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede son motivo de memoria, pero no de una celebración acrítica. Más importante que conmemorar la permanencia de un vínculo diplomático es preguntarnos qué revelan estas nueve décadas sobre la autoridad moral de ambos Estados cuando la historia los enfrentó con algunas de las mayores tragedias humanitarias de nuestro tiempo.
Durante la guerra de los 70-80, el Estado guatemalteco ejecutó una política de exterminio que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico calificó como actos de genocidio contra comunidades mayas. Mientras la cooperación militar entre Guatemala e Israel se fortalecía, miles de indígenas fueron asesinados, desaparecidos o desplazados. El Vaticano mantuvo sus relaciones diplomáticas con Guatemala, fiel a su tradición de diálogo con los Estados. Sin embargo, la mayor autoridad moral de la Iglesia no surgió de la diplomacia, sino del testimonio de obispos, sacerdotes, religiosas, catequistas y laicos que acompañaron al pueblo perseguido. El martirio de tantos agentes pastorales y el legado de monseñor Juan Gerardi recuerdan que la paz solo puede edificarse sobre la verdad y la justicia. La visita de san Juan Pablo II reforzó ese llamado profético. Décadas después, esa tensión entre diplomacia y profecía volvió a hacerse evidente durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. La expulsión de la Cicig, la persecución de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, así como el progresivo deterioro del Estado de derecho, marcaron uno de los momentos más oscuros de la democracia guatemalteca desde la firma de la paz.
