CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Guatemala está en una carrera contra el tiempo para lograr poner a resguardo unos 60.000 testimonios plasmados en expedientes de víctimas del conflicto armado interno (1960-1996) que buscaron resarcimientos por los abusos que sufrieron. Esto antes de que finalice el gobierno del progresista Bernardo Arévalo en enero de 2028.Los expedientes fueron recopilados durante unos diez años por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), que nació en 2003 tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 que pusieron fin a la guerra con el fin de resarcir con proyectos y económicamente a las víctimas. Durante los últimos ocho años —en los gobiernos del expresidente Jimmy Morales 2016-2020 y de Alejandro Giammattei 2020-2024, el programa se inmovilizó, abandonó y se ordenó liquidar, sin resguardar los testimonios allí plasmados.
“Cajas húmedas, amontonadas, expedientes incompletos, rotos” son parte de lo que trabajadores que intentan actualmente salvar el archivo encontraron, aseguró Erick Briones, auxiliar del archivo. Ellos son parte de un proyecto financiado por UNESCO que busca recuperar el archivo del PNR y en un futuro nombrarlo patrimonio documental del mundo para que sea resguardado y accesible a todas las personas que quieran conocer la historia vivida en el país centroamericano en esa época.Allí están archivos como el de Manuel Botom Uz, uno de los más de 100 expedientes de niñez desaparecida. Sus familiares narraron que en 1982 él tenía 4 años y fue desaparecido. El testimonio dice que el niño junto a sus cuatro hermanos, todos menores de edad, fueron atacados en sus comunidades en Quiché por miembros del ejército y patrulleros de autodefensa civil que ejercían tareas de control y vigilancia para el ejército en sus comunidades.
