Entre todas las decisiones, medidas e iniciativas que han definido el segundo mandato de Donald Trump, desde la pol�tica comercial hasta la inmigraci�n, pasando por los despidos de miles de funcionarios, los conflictos con universidades o las denuncias a los medios de comunicaci�n hay una que siempre ha ocupado un lugar especial en su discurso y su coraz�n: el gran sal�n de baile de la Casa Blanca. Desde que present� el proyecto, una obra fara�nica de cientos de millones de d�lares de coste y un brutal simbolismo visual, Trump ha hablado de la sala para eventos con un entusiasmo poco habitual incluso para �l. No era simplemente una mejora, una ampliaci�n del complejo presidencial, con espacio para recepciones y las �ltimas medidas de seguridad, sino una obsesi�n. En comparecencias improvisadas, entrevistas, actos de campa�a e incluso reuniones con l�deres extranjeros, terminaba encontrando la manera de volver al mismo tema: el tama�o, la altura de los techos, los m�rmoles, la capacidad para miles de invitados o el aspecto que tendr�a una vez terminada.Es, sin duda, su proyecto estrella, parte del legado f�sico con el que quiere pasar a la posteridad, junto a su nombre en aeropuertos, edificios o billetes o un arco del triunfo. Y por eso, la posici�n de los tribunales, que una vez m�s le han recordado que es un presidente, no un rey, y que debe consultar y recibir permiso del legislativo para sus acciones (como los aranceles o las guerras), tiene un peso enorme.Este viernes, en una decisi�n de dos a uno, el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC ratific� el fallo emitido en abril por otro magistrado federal, que establec�a que la mayor parte de la construcci�n del sal�n de baile deb�a detenerse hasta que el Congreso autorizara expresamente el proyecto. Al menos todo lo que est� en superficie. "El presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva", escribieron los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia, nombrados por Obama y Biden, en su opini�n mayoritaria. La jueza Neomi Rao, nombrada por Trump, emiti� un voto disidente.La decisi�n, eso s�, incluye una suspensi�n durante 14 d�as para permitir que la Casa Blanca recurra ante el Tribunal Supremo, la �ltima instancia. Y matiza que la Administraci�n sigue teniendo permiso para seguir con los trabajos subterr�neos, as� como con los elementos que afecten a la seguridad nacional, como la reforma total del b�nker presidencial.El proyecto impulsado por Trump va mucho m�s all� de lo que ser� m�s visible y es m�s pol�mico, el sal�n de baile de 8.000 metros cuadrados y un coste estimado de 400 millones de d�lares, que en teor�a se ha financiado con donaciones privadas de amigos y empresas. La demolici�n del Ala Este de la Casa Blanca forma parte de una reconstrucci�n integral que incluye nuevas oficinas para la primera dama, espacios de apoyo e instalaciones m�dicas, mejoras de seguridad y, sobre todo, la sustituci�n del hist�rico b�nker presidencial (el Presidential Emergency Operations Center) por un complejo subterr�neo militar mucho m�s amplio y moderno. Pero mientras la Casa Blanca sostiene que el sal�n se financiar�a con donaciones privadas, las obras de seguridad y el nuevo complejo subterr�neo requerir�an financiaci�n p�blica, con propuestas en el Congreso que ascienden hasta 1.000 millones de d�lares para las instalaciones de seguridad asociadas al proyecto.Y el Tribunal afirma que el Congreso deber�a haber tenido y debe tener voz. Algo importante porque ahora mismo los Republicanos tienen el control de ambas c�maras, pero es probable que en noviembre pierden, como poco, una de ellas. "La decisi�n de construir o no un gran sal�n de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo", afirma hoy el tribunal. "Esta decisi�n no tiene nada que ver con si el sal�n de baile propuesto es conveniente o no desde el punto de vista pol�tico. Este fallo ni siquiera implica necesariamente que los demandados no puedan construirlo (...) Lo que s� significa es que los demandados no pueden hacerlo sin obtener la autorizaci�n del Congreso, tal como lo exigen la Constituci�n y las leyes".�Una necesidad o un lujo?El caso arranc� por una denuncia del National Trust for Historic Preservation, que impugn� el proyecto en diciembre, una semana despu�s de que la Casa Blanca terminara de demoler por sorpresa el Ala Este para construir un sal�n de baile con capacidad para 999 personas, seg�n dijo el presidente Trump. Los abogados del Gobierno argumentaron que la mayor modificaci�n estructural de la Casa Blanca en 70 a�os inclu�a medidas de seguridad cruciales para protegerse contra diversas amenazas, como drones, misiles bal�sticos y riesgos biol�gicos. Y cuando hubo un intento de atentado contra Trump en un hotel de Washington en la cena de corresponsales de la Casa Blanca insistieron en la necesidad de contar con esas instalaciones. "Estas mejoras, modificaciones y reformas son esenciales para proteger al presidente, su familia y su personal, as� como a la propia Casa Blanca, y todo el proyecto se deriva de ellas", argumentaron ante el panel.Pero la respuesta de los abogados del grupo de preservaci�n fue que la ausencia de un sal�n de baile en la Casa Blanca no constituye una emergencia de seguridad nacional. Y el panel parece estar de acuerdo. En primavera Trump ya hab�a arremetido contra el primer magistrado, que fue nombrado por George W. Bush, calific�ndolo de "juez que odia a Trump" y que "se ha esforzado por socavar la seguridad nacional y asegurarse de que este gran regalo para Estados Unidos se retrase o no se construya".Los abogados de la Casa Blanca sostuvieron ya en junio ante el panel que los tribunales federales no deber�an tener la facultad de detener la construcci�n del sal�n de baile y que Trump ten�a autoridad para realizar modificaciones en los terrenos de la Casa Blanca. Pero ahora todo queda, una vez m�s, en manos del Supremo. Un tribunal de mayor�a republicano pero al que Trump tiene enfilado, despu�s de algunas derrotas dolorosas, como la de los aranceles y los derechos de ciudadan�a de los nacidos en el pa�s de padres extranjeros, con o sin papeles.