Mientras preparan el terreno para iniciar la explotación offshore de petróleo en Malvinas, la administración británica de las islas consolidó la pesca como principal sostén financiero del archipiélago. Detrás de ese negocio aparece una red de embarcaciones con bandera de distintos países que, pese a la normativa nacional que prohíbe operar con licencias británicas en la plataforma continental del Mar Argentino, avanzan con la explotación de recursos en aguas cuya soberanía continúa en disputa y sobre las que los organismos internacionales instaron a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe el diferendo. El punto de inflexión llegó en 2022, cuando el gobierno isleño decidió extender por 25 años los principales derechos de explotación pesquera. La medida ocurrió en sintonía con la autorización unilateral al consorcio israelí-británico Navitas-Rockhopper para extraer 1.700 millones de barriles de crudo de 18 pozos ubicados en la cuenca León Marino, al norte de la Isla Soledad, un proyecto que comenzará en 2027. En el caso de la pesca, la medida quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la administración británica de las islas, donde el Director of Fisheries estableció que las nuevas Cuotas Individuales Transferibles (ITQ) "serán otorgadas por un período de 25 años a partir del 1 de enero de 2023". En la práctica, el esquema asegura esos derechos hasta 2047 y otorgó previsibilidad a las principales empresas que explotan los recursos pesqueros del archipiélago.