Treinta organizaciones ambientales y comunitarias rechazaron este jueves la evaluación presentada por el Gobierno mexicano sobre el uso de la fracturación hidráulica (‘fracking’) y exigieron prohibir la técnica en todo el país, al considerar que el comité científico excluyó a las poblaciones afectadas y no demostró que las nuevas tecnologías eliminen los riesgos.
El pronunciamiento ocurre luego de que el grupo de expertos, convocado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, planteara continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, noreste del país.
Aunque los especialistas descartaron la técnica en Tampico-Misantla por sus riesgos sociales y ambientales, las ONG advirtieron que proteger esa región “no basta”, pues continuar la exploración en las otras dos cuencas podría exponer a los mismos peligros a comunidades del noreste, una zona afectada por la escasez de agua.
Por ello, reclamaron una prohibición constitucional del ‘fracking’ en todo el territorio mexicano “como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente sano”.
Las organizaciones cuestionaron además la composición del comité, al señalar que no incluyó a representantes de las comunidades potencialmente afectadas ni a especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas.
