La batalla decisiva sobre el regreso del fracking a México no se libra en el trabajo de campo, ni en los escritorios donde el comité de especialistas redactó el dictamen científico que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentará en los próximos días sobre la viabilidad de abrirse a la exploración y explotación de gas natural no convencional. Tampoco ocurre en los complejos de Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, donde descansan 141 billones de pies cúbicos de hidrocarburos técnicamente recuperables en la mira del Gobierno mexicano. La discusión más compleja se desarrolla en otro terreno: el financiero. En el círculo más cercano de la presidenta se analiza la creación de un fideicomiso especializado como el vehículo que permita atraer inversión privada para desarrollar los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, un mecanismo que se perfila como la pieza indispensable para hacer viable un proyecto que, de otra forma, difícilmente podría despegar.El cambio de narrativa fue adelantado por EL PAÍS antes de que fuera reconocido públicamente. Desde febrero, este diario documentó el replanteamiento de la política energética, las tensiones internas que provocó dentro del bloque gobernante y la decisión de encomendar a un comité de especialistas la evaluación científica que serviría de respaldo para cualquier modificación de la estrategia oficial.Hoy, de acuerdo con un documento de trabajo al que ha tenido acceso EL PAÍS y a personas conocedoras de las deliberaciones consultadas, la creación del fideicomiso ha emergido como la alternativa con mayor viabilidad para ordenar el esquema de inversiones mixtas que requiere una eventual estrategia nacional de explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica. La propuesta busca construir un vehículo capaz de captar recursos públicos y privados, administrar los flujos financieros de los proyectos, ofrecer garantías suficientes para atraer capital y aislar los proyectos de la delicada situación financiera que atraviesa Petróleos Mexicanos (Pemex). El planteamiento va mucho más allá de una figura financiera. En los hechos, constituye el puente entre el discurso de la soberanía energética y la necesidad de incorporar capital privado para ejecutar una estrategia que rebasa por mucho la capacidad presupuestal del Estado. En Palacio Nacional han llegado a una conclusión políticamente incómoda: sin recursos privados será prácticamente imposible desarrollar los yacimientos de gas de lutitas que el Gobierno considera estratégicos para reducir la dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos.El dilema de la inversión privadaEs ahí donde se abre una grieta. En el Gobierno existe preocupación por el costo político que pueda provocar un esquema que contemple la participación de inversionistas privados. No tanto por su viabilidad jurídica, sino por la carga simbólica que implica, refieren fuentes del oficialismo cercanas al análisis. Morena construyó buena parte de su identidad política denunciando la apertura energética impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y prometiendo recuperar el control del Estado sobre el sector. La posibilidad de diseñar un mecanismo para atraer capital privado amenaza con convertirse en el argumento favorito de la oposición y en un nuevo foco de tensión para los sectores más ideológicos del movimiento.El Gobierno pretende diferenciar este modelo de las rondas petroleras y de las asociaciones promovidas durante la reforma energética de 2013. La narrativa oficial insiste en que el fideicomiso no modificaría el régimen de propiedad de los hidrocarburos, previsto en el artículo 27 constitucional, sino que serviría exclusivamente para administrar recursos y garantizar transparencia en el desarrollo de los proyectos. El documento incluso plantea que la figura tendría reglas específicas de auditoría, supervisión y rendición de cuentas para ofrecer certidumbre tanto al Estado como a los inversionistas.Con todo, el problema se ha colocado en el terreno político. El regreso del fracking ya supone un viraje contradictorio con la posición que sostuvo Andrés Manuel López Obrador durante todo su sexenio y que la propia Sheinbaum defendió durante la campaña presidencial. Incorporar, además, un vehículo para captar inversión privada multiplica el costo político de esa decisión y obliga al Gobierno a construir una narrativa capaz de explicar por qué una administración que hizo de la soberanía energética una bandera termina recurriendo al capital privado para hacer realidad uno de sus proyectos estratégicos.El planteamiento parte de una premisa que atraviesa toda la propuesta: el Estado conservaría la propiedad de los hidrocarburos, mientras el fideicomiso funcionaría únicamente como un instrumento de administración financiera y gobernanza. El modelo, de acuerdo al documento, contempla reglas específicas de transparencia, auditoría y rendición de cuentas, además de la posibilidad de recibir aportaciones públicas, privadas o mixtas. Una explicación aparentemente sencilla, pero que tiene detrás un debate amplio. En el Congreso mexicano ya analizan los posibles escenarios, aunque por el momento no ven necesarios cambios legales o constitucionales para sustentar el viraje al fracking. La reforma propuesta por López Obrador para prohibir en la Carta Magna esta práctica, la dejó morir estratégicamente la nueva Administración. En esa discusión ha adquirido relevancia el papel del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, identificado por diversas fuentes como uno de los principales promotores de una estrategia para fortalecer la soberanía energética mediante el aprovechamiento de los recursos no convencionales. Aunque el legislador no forma parte del gabinete energético, su interlocución con distintos actores políticos, técnicos y empresariales lo ha colocado entre quienes han impulsado la búsqueda de un modelo que permita conciliar la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos con la necesidad de construir un esquema de financiamiento capaz de atraer inversiones para proyectos de gran escala. La narrativa oficial busca presentar la eventual reapertura a un fracking amigable con el medio ambiente, un planteamiento que expertos y ambientalistas rechazan, como una decisión sustentada en la ciencia y en la necesidad de fortalecer la soberanía energética frente a la creciente dependencia del gas natural importado. Paralelamente, el diseño financiero intenta resolver el problema central: desarrollar yacimientos no convencionales exige miles de millones de dólares en infraestructura, perforación, tratamiento de agua, transporte y tecnología especializada, inversiones que difícilmente podrían ser cubiertas únicamente con recursos públicos, incluso con capital privado nacional. En ese contexto, el fideicomiso deja de ser un instrumento técnico para convertirse en la pieza que puede sostener, o descarrilar, toda la estrategia. Sin un mecanismo que otorgue certidumbre financiera y reduzca el riesgo para los inversionistas, el proyecto tendría escasas posibilidades de ejecutarse, sostienen las fuentes consultadas.La propuesta también abre la puerta a un cambio de calado en la relación entre el Estado y el capital privado. El documento prevé la participación de inversionistas conforme al marco jurídico vigente, incluidos actores extranjeros, siempre bajo la rectoría del Estado y sin alterar la propiedad nacional de los hidrocarburos. En ese contexto, el comité científico se ha convertido en una pieza clave de la estrategia. El Ejecutivo pretende que la discusión pública se concentre en los argumentos técnicos, ambientales y de seguridad energética, mientras el diseño financiero avanza con discreción. Aunque ocupa un lugar central. Ese último punto resulta particularmente relevante. Si el proyecto recibe finalmente luz verde, las grandes compañías energéticas estadounidenses se perfilan como las mejor posicionadas para aportar capital, experiencia y tecnología en el desarrollo de yacimientos no convencionales. La cercanía geográfica y la amplia experiencia de esas empresas en la explotación de gas de lutitas las convertirían en actores naturales de un eventual esquema de inversión.La discusión llega en un momento en que México enfrenta una creciente dependencia del gas natural importado desde Texas. El diagnóstico elaborado para sustentar la nueva estrategia advierte que la producción nacional continúa rezagada frente al consumo interno y que la soberanía energética se ha convertido en un elemento de seguridad nacional.En ese escenario, el fideicomiso se ha convertido en el corazón del proyecto. Sin él, reconocen fuentes consultadas por este periódico, la estrategia difícilmente encontrará el financiamiento necesario para materializarse. Con él, el Gobierno abrirá una nueva etapa en la política energética mexicana, aunque el precio sea asumir una de las contradicciones más profundas de la llamada cuarta transformación. Con este modelo, el desafío más grande para la Administración de Sheinbaum ya no será por qué decidió cambiar la narrativa y virar al fracking. Sino convencer de que la participación de capital privado no representa una contradicción sobre la política energética que Morena combatió durante más de una década, sino el instrumento necesario para alcanzar la soberanía energética. El fideicomiso no solo administraría los recursos, también sería una de las paradojas políticas más complejas del sexenio.