Durante décadas, Liechtenstein ha ofrecido a las grandes fortunas un oasis financiero. Estabilidad política, entidades especializadas en banca privada y normas favorables para gestionar su patrimonio. Pero sobre todo, este pequeño país situado entre Suiza y Austria ofrecía la promesa de la discreción y la posibilidad de resguardar el dinero bajo una estructura jurídica sin que el nombre de su dueño quedara a la vista del público. Pero esa promesa se ha resquebrajado en los últimos días.A finales de julio, unos piratas informáticos entraron durante varias horas en el registro oficial que guarda la identidad de las personas que están detrás de las sociedades, fundaciones y otras entidades creadas o que se administran desde Liechtenstein, según informa Bloomberg. Los delincuentes accedieron a información relacionada con unas 31.000 entidades. El Gobierno del país ha creado un equipo para gestionar la crisis y trata de averiguar quién está detrás del ataque. No hay indicios de que los ladrones robaran dinero, ni que accedieran a cuentas bancarias ni a datos financieros. Pero sí lograron nombres, fechas de nacimiento, nacionalidades y países de residencia de los titulares de las fundaciones. Y eso, para quienes tratan de mantenerse en el anonimato, sí es una gran pérdida. Porque se trata de un registro que permite saber quién está detrás de las sociedades patrimoniales radicadas en el país.Se trata de información relevante. Las viviendas, empresas, cartera de inversiones o cuentas bancarias pueden aparecer a nombre de una sociedad o de una fundación. Pero detrás de esa estructura hay una persona que lo controla y que percibe los beneficios que pueda generar. Por dar una idea, imagine que una mansión valorada en varios millones de euros está a nombre de una sociedad. Las acciones de esa sociedad pertenecen a otra empresa. Y la dueña de esa empresa es a su vez una fundación, que está gestionada por unas personas y cuyos beneficiarios son otras. Si alguien quisiera investigar quién está detrás de todo ese entramado, podría encontrarse en un laberinto de nombres jurídicos y empresariales que llevan a un callejón sin salida. El registro que han atacado los piratas informáticos sirve para llegar al final de la cadena y descubrir quién está detrás.Liechtenstein ha sido durante años considerado un paraíso fiscal y ha protagonizado varios escándalos financieros. El mayor de ellos estalló en 2008 cuando Alemania obtuvo una lista de clientes del banco LGT que utilizaban fundaciones de Liechtenstein para ocultar patrimonio. La investigación alcanzó a cientos de grandes fortunas europeas y también tuvo su repercusión en España. La Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción realizaron registros en varias ciudades para investigar si había inversiones no declaradas. Hacienda calculó entonces que los capitales ocultados podrían superar los 200 millones de euros. Hasta hace poco, Liechtenstein seguía manteniendo la consideración de paraíso fiscal. En los últimos años, la presión de Estados Unidos y de los grandes países europeos y las nuevas normas contra el blanqueo de capitales y el intercambio de información fiscal han obligado al país a abrirse a la cooperación internacional. En 2015, alcanzó un acuerdo con la Unión Europea para reforzar ese intercambio de información con las autoridades fiscales. Eso permitía que las autoridades fiscales europeas recibieran información sobre determinadas cuentas mantenidas en Liechtenstein por sus residentes. El Gobierno liechtensteiniano ha asegurado esta misma semana que desde hace años aplica una estrategia de “dinero limpio” y que está implantando las normas internacionales.Para España, hasta 2023 Liechtenstein no salió de la lista negra. En ese año, Hacienda aprobó una nueva lista en la que enumera las “jurisdicciones no cooperativas”, como Barbados, Islas Caimán o Seychelles, en la que el principado ya no figuraba. Pero eso no significa que Liechtenstein haya dejado de ofrecer ventajas para las grandes fortunas. El cambio que ha habido es que sus autoridades colaboran con otros países para realizar sus controles. Por eso existe ese registro que ha sido atacado por los piratas informáticos. Una ley que entró en vigor en 2021 para aplicar las normas europeas contra el blanqueo obligó a las sociedades, fundaciones y estructuras fiduciarias a comunicar quiénes eran sus titulares reales. Las autoridades podían acceder a esa información, pero continuaba cerrada para el público general, salvo en circunstancias muy limitadas.Según las cifras que aparecen en el último informe anual del Gobierno de Liechtenstein, a final de 2025 había 22.927 entidades y estructuras jurídicas. Resulta llamativo porque el país tiene una población de apenas 41.000 personas. Las fundaciones tienen que comunicar su creación a las autoridades y facilitar determinada documentación, aunque esa información no está disponible para el público de la misma manera que una sociedad mercantil. El contenido de la base está tan restringido que el propio informe le pone cifras. Durante todo 2025 se presentaron únicamente 35 solicitudes para acceder a datos del registro. Se autorizaron 23, casi todas para bancos e instituciones financieras, y no se aprobó ninguna petición presentada por terceros. El atractivo de las fundaciones para los grandes patrimonios está en que los bienes dejan de pertenecer directamente a una persona y pasan a la fundación. Un consejo los administra siguiendo unas normas establecidas. De este modo, quien aporta el dinero, quien lo gestiona y quien recibe sus beneficios pueden ser personas diferentes. Esa separación dificulta que alguien desde fuera pueda rastrear quién está detrás de esa estructura.También tiene una función de preservación del patrimonio familiar. Una familia puede usar una fundación para conservar la empresa después de que el fundador muera, para repartir una herencia o garantizar que los descendientes reciban una determinada cantidad de dinero cada año.De todas formas, cabe mencionar que aparecer en el registro de fundaciones de Liechtenstein no es algo ilegal ni supone que se haya cometido un delito. Tener una sociedad o una fundación en Liechtenstein es legal siempre que se declare el patrimonio en el país de residencia y se cumplan las obligaciones fiscales. Durante los últimos años, el principado ha tratado de hacer compatible la colaboración con las autoridades internacionales y al mismo tiempo preservar el anonimato de quienes confían en el país para gestionar su patrimonio. El registro de titulares era la pieza que mantenía ese equilibrio. Y aunque por ahora el ataque no ha supuesto una pérdida de dinero, en un negocio construido sobre la privacidad, perder el anonimato hace que ese oasis prometido de la discreción se resquebraje.