Más de medio millón de personas extranjeras que residen, trabajan y pagan impuestos en Catalunya y que tienen derecho a votar en las elecciones municipales del año que viene, no lo harán. La principal explicación no es la desafección política, sino un sistema administrativo "complejo, poco intuitivo y prácticamente desconocido" para estos votantes. El motivo no es político sino burocrático.PublicidadEsta es la principal conclusión de un estudio del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals) sobre participación política de la población extranjera presentado recientemente. El trabajo también alerta de que hay municipios donde más de una cuarta parte —y en algunos casos más de un tercio— de los residentes no pueden participar en las urnas, un hecho que la principal autora del estudio, Gemma Pinyol Jiménez, considera una "debilidad democrática".El informe no se centra tanto en quién tiene derecho a voto sino en las personas que ya lo tienen pero no lo ejercen. Según señala Pinyol en una conversación con Públic, el objetivo del estudio es entender qué impide que estos ciudadanos acaben votando. Hablamos a fondo con ella."La falta de conocimiento es un elemento importante", resume la investigadora. "Muchas personas no saben que tienen derecho a voto. El sistema está pensado de una manera que no es intuitiva y, si no lo sabes de entrada, normalmente no te lo dirá nadie." A este desconocimiento se añade una burocracia que considera excesiva, especialmente para los ciudadanos extracomunitarios. "Los procesos burocráticos que acompañan el derecho a voto son muy farragosos y los plazos no siempre encajan con lo que entendemos como un periodo electoral", afirma.El censo electoral, primera barreraUna de las principales trabas es la obligación de inscribirse previamente en el censo electoral varios meses antes de los comicios. "Tienes que hacer la inscripción mucho antes de que empiece el periodo electoral y muchas veces, si no estás pensando en las elecciones porque nadie habla, simplemente no lo piensas", explica. "No te pasa por la cabeza que te tienes que ir a registrar porque todavía no hay debate electoral", lamenta. Por eso defiende que el problema no es tanto la falta de interés político sino un sistema que exige una planificación que muchos desconocen.PublicidadEl Ministerio del Interior no publica la participación electoral por nacionalidad, pero sí se puede comparar el número de personas con derecho a voto con las que se inscriben en el registro. "El desfase es tan grande que muchas veces no llega ni al 10%", explica Pinyol. "Sabemos qué gente puede votar y cuál está registrada, y es esta diferencia la que explica el problema”, concluye.El estudio calcula que cerca de 500.000 personas que podrían participar en las elecciones municipales acabará no haciéndolo. La investigadora rechaza cualquier lectura partidista sobre qué impacto electoral tendría una participación más elevada. "No podemos afirmar que esto beneficiaría a un partido u otro porque no podemos saber a quién votarían", remarca. El objetivo del estudio es garantizar que las instituciones representen mejor a la población que reside en los municipiosLo que sí defiende es que una mayor participación reforzaría la calidad democrática. "Con la participación de las personas que tienen derecho a voto, nuestras democracias serían más fuertes", asegura. En este sentido, insiste en que el objetivo del estudio no es modificar el equilibrio político de los ayuntamientos, sino garantizar que las instituciones representen mejor a la población que reside en los municipios.PublicidadLa investigadora lamenta que el debate sobre el derecho a voto de las personas migradas se haya visto condicionado por el contexto político de los últimos meses, especialmente después de la regularización extraordinaria o del debate sobre la ley de nacionalidad. "Se ha convertido en un marco de polarización, cuando esto no debería ir de si unas personas favorecen a un partido u otro", afirma. "Debería ir de quien reside en un territorio y tiene capacidad o no de incidir en cómo se distribuyen los recursos o cómo se gobierna el municipio".Pinyol subraya que intentar utilizar políticamente el proceso de regularización o la ley de nietos -la derecha y la extrema derecha han iniciado una ofensiva contra estos procesos asegurando que podrían "alterar" los resultados de los próximos comicios- o vincular este debate con calendarios electorales cercanos no tiene sentido, ya que "no tendrán efectos inmediatos". "Nada de lo que se haga ahora será automático para las elecciones del próximo año. Estamos hablando de horizontes de cuatro años o incluso de ocho", recuerda.Otra de las reflexiones que plantea el informe es el efecto que podría tener una mayor participación electoral de las personas migradas sobre los discursos xenófobos. "Si conviertes a la población extranjera en chivo expiatorio de todos los males y el coste político es cero porque esta población no puede participar políticamente, es mucho más gratuito culpabilizarla", sostiene. "Si la tienes que tratar como una población que también vota, el tono puede cambiar y dejar de señalarla como el problema”, asegura.Pinyol recuerda el caso de Rumanía y Bulgaria después de entrar en la Unión Europea. "En algunos territorios había un discurso muy duro que cambió totalmente cuando estas personas ya podían votar en las elecciones municipales y en las europeas", explica. Según ella, no es un "gran antídoto", pero sí "una garantía para facilitar un debate más respetuoso".El estudio también cuestiona el modelo actual que determina quién puede votar en las elecciones municipales. En España, los ciudadanos extracomunitarios sólo pueden ejercer este derecho si existe un acuerdo de reciprocidad con su país de origen. Para la investigadora, este sistema responde a una lógica anticuada. "Está basado en un modelo muy colonial del Estado español", afirma. "No tenemos una política centrada en la población que tenemos hoy, sino en las historias compartidas del pasado", lamenta. Esto hace que una parte muy importante de los residentes extranjeros quede permanentemente excluida de la participación política porque sus países difícilmente firmarán estos acuerdos.¿Cómo revertirlo?Ante este escenario, el CIEMEN propone varias medidas. La primera es reforzar la información. "Cuando una persona va al Ayuntamiento por cualquier trámite, ya se le tendría que explicar que forma parte de las personas que podrán votar en las elecciones municipales y qué tiene que hacer para poderlo ejercer", defiende. Esta tarea, añade, también la podrían asumir entidades sociales, consulados u otras administraciones. "Informar significa que todas las personas, como mínimo, sepan que tienen este derecho”.La segunda línea de actuación pasa por simplificar los trámites administrativos. Entre las medidas planteadas está automatizar, siempre que sea posible, la inscripción o evitar que las personas tengan que registrarse nuevamente antes de cada proceso electoral. "Entendemos que no debería depender sólo de la iniciativa individual, sino que la administración debería facilitar este proceso tanto como pueda”, señala Pinyol.Publicidad"Es necesario que todo el mundo entienda por qué es importante que las personas que residen y pagan impuestos en una ciudad también tengan capacidad de incidir en cómo se genera la convivencia", reflexiona Pinyol.