España lleva semanas discutiendo quién tiene derecho a votar. La llamada ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, ha permitido que cientos de miles de descendientes de españoles obtengan la nacionalidad: 544.722 solicitudes aprobadas a 31 de marzo de 2026, la gran mayoría en América Latina. Con ellas, el censo de españoles residentes en el extranjero rozará los tres millones de electores en las próximas generales, unos 600.000 más que en 2023. En la oposición han saltado las alarmas. Feijóo habló de una operación de “ingeniería electoral” para “fabricar votantes”, Ayuso avisó de que “Argentina será la tercera provincia de España” y Vox ha pedido directamente suspender el voto por correo desde el exterior. El Gobierno defiende la medida como una reparación histórica y acusa a la oposición de sembrar sospechas sin pruebas.
El argumento no es nuevo. Es la versión más reciente de un miedo que acompaña a cada ampliación del electorado: que los nuevos votantes decidirán las elecciones y que quien los “trae” lo hace por interés. Detrás hay una misma predicción: incorporar nuevos votantes beneficia a unos partidos a costa de otros.
Esa predicción puede ponerse a prueba. En un artículo reciente con Simon Hix la contrastamos con dos experimentos naturales: reformas que, por cómo y dónde ocurrieron, permiten estudiarlas casi como si fueran un experimento. Son las dos ampliaciones del derecho a voto municipal para residentes extranjeros que España puso en marcha en 2007 y 2011. No es exactamente el caso de la ley de nietos, que crea ciudadanos con derecho a voto en todas las elecciones; nuestro estudio se centra en residentes extranjeros que votan en las municipales. Pero el miedo de fondo es el mismo en ambas polémicas: que los nuevos votantes cambian quién gana. Sobre la gestión administrativa del censo, nuestros datos no dicen nada; sobre esa predicción de fondo, sí.
