El Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya ha emitido un dictamen este martes en el que concluye que la proposición de ley para contener la compra especulativa vulnera cinco artículos de la Constitución, como el derecho a la propiedad y a la herencia, el de libertad de empresa, el de las obligaciones contractuales y de la certeza jurídica. El informe sobre esta norma impulsada por Govern y Comuns, que no es vinculante, ha sido tomado por unanimidad. Los grupos de Junts y PP han celebrado el contenido del dictamen que solicitaron hace semanas. Los populares creen que la norma pretendía “disfrazar de urbanismo lo que era comunismo puro” y Junts dice que queda “meridianamente claro” los preceptos que vulnera. El sector inmobiliario ha pedido la retirada de la ley.El dictamen ha sido un mazazo para los grupos de izquierda y especialmente para Comuns, motor de esta reforma para combatir la crisis habitacional y eje de esta segunda parte de la legislatura. El compromiso para impulsarla fue clave para aprobar los presupuestos, los primeros del mandato de Illa. “No compartimos el dictamen pero creemos que no se ha entendido que no limitamos la adquisición sino el destino de la vivienda”, ha afirmado en redes sociales Jéssica Albiach, líder parlamentaria de Comuns. Su plan es seguir explorando con el Sindicat de Llogateres y con los grupos que quieren “limitar la compra especulativa” con “márgenes legales” para que no quede concentrado en “pocas manos un derecho básico”. El interrogante es qué hará ahora el Govern, porque no parece probable que vaya contravenir al ente asesor. La consejera de Habitatge, Sílvia Paneque, en un extenso comunicado, ha asegurado que el Ejecutivo buscará “todas las medidas legales” de acuerdo con el Estatut para proteger la vivienda y ha agregado que su “mercantilización” es un “peligro” cuando tener una casa se convierte en un problema para la mayoría de ciudadanos. “Es neecsario encontrar vías que de acuerdo a la ley aporten soluciones estructurales”.La proposición de ley analizada por el órgano consultivo y muy criticada por el sector inmobiliario -una parte ya ha pedido su retirada- comporta modificar la Ley de Urbanismo para permitir que los ayuntamientos de municipios de zonas tensionadas puedan imponer condiciones sobre el destino de determinadas adquisiciones de vivienda. El objetivo es que esos inmuebles solo puedan destinarse a residencia habitual o al alquiler permanente sujeto a los límites de precio establecidos por la normativa y acabar con prácticas como la compra de inmuebles por parte de grandes fondos de inversión para poner fin a los contratos de sus actuales ocupantes y reemplazarlos por alquileres de habitaciones o bien para revenderlos para obtener una plusvalía elevada.El Parlament empezó a dar el primer paso para impulsar la ley, de siete artículos y dos disposiciones, aprobando el pasado julio que fuera a tramitada por lectura única, es decir, con un procedimiento abreviado, gracias a los votos del bloque de la investidura (PSC, ERC y Comuns y la CUP) y el rechazo de Junts, PP, Vox y Aliança. El dictamen reprocha que la proposición se haya tramitado por lectura única cuando para ello ·se requiere que el asunto cumpla los requisitos de “naturaleza y simplicidad”. Por ello, establece que incumple el artículo 23.2 de la Constitución y el 138 del reglamento del Parlament. Paralelamente, establece que vulnera artículo 85 del Estatut al no escuchar la opinión del Consell de Entes Locales en la tramitación cuando son asuntos que afectan especialmente a sus competencias.El informe apunta que la clave de la proposición de la ley es que la vivienda adquirida sea la residencia habitual del comprador o para alquiler habitual. Según el órgano asesor, el texto no respeta el artículo 129 del Estatut y el 49.1.8 de la Constitución en materia de bases de las obligaciones contractuales; vulnera los derechos a la propiedad y a la herencia (artículo 33 de la Constitución); la libertad de empresa (artículo 38) y concluye que la norma adolece de la “suficiente certeza y previsibilidad y vulnera el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 9.3 de la carta magna.El PP ha celebrado la decisión del órgano consultivo. “El CGE ha desmontado de arriba abajo esta ley comunista y el PSC haría bien en no desoír el dictamen de este órgano consultivo si realmente apuesta por la normalidad institucional que dice defender. La ley era una chapuza”, ha manifestado la portavoz popular Lorena Roldán. La diputada ha advertido al PSC de que si continúa tramitando la norma y desoye el dictamen lo elevará al Tribunal Constitucional. Judith Toronjo, de Junts, ha afirmado que el Govern ha actuado a remolque de Comuns y de las “políticas fallidas de Ada Colau en Barcelona”. “El dictamen es muy claro y contundente declara que vulnera el derecho a la propiedad, a la herencia, la libertad de empresa y a la seguridad jurídica y cuestiona la exclusión del mundo local en la tramitación”, ha señalado.La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE) ha exigido ya la retirada de la ley. “El dictamen es demoledor contra la proposición por sus formas y por el contenido. Exigimos de inmediato su retirada”, ha señalado Xavier Vilajoana, presidente de la APCE. El colectivo ha afirmado que legislar con urgencia sobre problemas complejos acaba generando “más inseguridad jurídica, retrayendo la oferta y dificultando el objetivo de aumentar el acceso a la vivienda”.La medida contra la venta especulativa se suma a un arsenal de medidas lanzado por el Govern para facilitar el acceso al mercado, entre otras, los límites a los precios de alquiler, el derecho de compra preferente sobre inmuebles de grandes propietarios o los límites al arrendamiento de temporada. Paneque ha recordado, por ejemplo, la ampliación de las zonas tensionadas, el plan 50.000 de vivienda pública, las ayudas al alquiler o los préstamos de emancipación. Todas esa batería ha soliviantado al empresariado, que incluso ha creado recientemente un lobby bajo el paraguas de la patronal de Foment del Treball para denunciar el “exceso de regulación” del Ejecutivo de Illa.