El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que considera que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de viviendas en Catalunya vulnera varios derechos constitucionales, ha desencadenado un alud de reacciones políticas y del sector inmobiliario. Mientras promotores, Junts y el PP interpretan el pronunciamiento como un revés a la iniciativa impulsada por los Comuns, estos, junto con la CUP, rechazan las conclusiones del Consell y defienden que todavía hay margen para sacar adelante medidas que frenen la especulación en el mercado de la vivienda. Cabe recordar que los dictámenes del CGE son consultivos, no vinculantes.PublicidadEl dictamen, hecho público este martes, concluye que la proposición de ley vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros aspectos. El órgano consultivo considera que, aunque la garantía del derecho a la vivienda es una "finalidad legítima", la norma no supera el test de proporcionalidad porque impone restricciones excesivas a los propietarios y a los compradores sin mantener un "justo equilibrio" con el objetivo perseguido.El Consejo de Garantías sostiene que la iniciativa limita de manera directa el poder de disposición sobre las viviendas, afecta a la libertad de pactos e incluso tiene consecuencias sobre las herencias, ya que "condiciona qué pueden hacer los herederos con los inmuebles recibidos". También advierte que la prohibición de adquirir viviendas con fines distintos a la residencia habitual impone "una barrera desproporcionada" a la actividad económica y recuerda que "no todas las compras que no tienen como destino la vivienda habitual son necesariamente especulativas".Además de las objeciones de fondo, el CGE también censura la forma en que se ha tramitado la iniciativa. Considera que la lectura única no es adecuada para una reforma de esta "complejidad" y concluye que este procedimiento vulnera tanto el Reglamento del Parlament como el derecho de los diputados a ejercer plenamente sus funciones parlamentarias. El dictamen también alerta de problemas de seguridad jurídica por la falta de coherencia entre el articulado y la exposición de motivos de la proposición.La proposición de ley, impulsada por los Comunes, había quedado paralizada a mediados de julio después de que Junts y el PP decidieran llevarla ante el Consejo de Garantías Estatutarias para que evaluara su constitucionalidad.PublicidadFrente común del sector inmobiliario, Junts y PPUna de las reacciones más contundentes ha sido la de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), que, como era de esperar, ha exigido la retirada "inmediata" de la proposición de ley tras conocer un dictamen que califica de "demoledor". La entidad considera que el pronunciamiento confirma las advertencias que había hecho durante la tramitación parlamentaria y defiende que la norma vulnera derechos fundamentales. La diputada de Junts Judith Toronjo ha afirmado que el dictamen demuestra que los Comuns, con el apoyo del PSC, "han hecho una ley deprisa, mal y por la puerta de atrás". Según Toronjo, la iniciativa representa "una injerencia sobre lo que los catalanes pueden hacer con su propia vivienda" y ha acusado al Govern y a los Comuns de convertir la política de vivienda en "un ataque a los derechos de la ciudadanía disfrazado de progresismo".La diputada también ha lamentado que los ayuntamientos hayan quedado "excluidos" de una ley que, a su juicio, les afecta directamente, y ha reclamado abandonar las "leyes ideológicas" para apostar por medidas que incrementen la oferta de vivienda y aligeren la carga fiscal sobre las clases medias y trabajadoras.PublicidadPor su parte, la portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha celebrado la decisión del Consejo de Garantías porque "desmonta de arriba abajo esta ley comunista" y ha advertido de que la llevarán al Tribunal Constitucional si se aprueba en el Parlament, como hicieron con la ley de vivienda catalana. Según Roldán, el informe "acredita" que la ley es una "chapuza que nació vulnerando derechos fundamentales, invadiendo competencias y atacando principios básicos" del estado de derecho.Los Comuns rechazan las conclusiones del ConsellLa consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica del Govern catalán, Sílvia Paneque, ha afirmado que buscarán "todas las medidas legales, todas las vías que sean posibles de acuerdo con el Estatut, para proteger el derecho a la vivienda en Catalunya". Paneque ha advertido de que la mercantilización de la vivienda es "un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema" y, por ello, se ha comprometido a "encontrar las vías que, de acuerdo con la ley, aporten soluciones a un problema estructural como este".Los Comuns, impulsores de la proposición de ley, han rechazado frontalmente el análisis del Consejo de Garantías. La presidenta del grupo parlamentario, Jéssica Albiach, ha asegurado que el CGE no ha interpretado correctamente el alcance de la iniciativa. Según Albiach, la ley "no limita la adquisición sino su destino", y, por tanto, considera que no vulnera el derecho de propiedad en los términos que sostiene el dictamen.Pese al revés, la dirigente de los Comuns ha afirmado que la formación continuará explorando "todos los márgenes legales" para impedir que la vivienda sea tratada como "un activo financiero" y ha anunciado que abordarán los próximos pasos conjuntamente con el Sindicat de Llogateres y el resto de grupos parlamentarios favorables a limitar la compra especulativa.La CUP recuerda que el dictamen no es vinculanteLa portavoz nacional del partido, Su Moreno, ha reclamado dejar de "seguir arrodillados" en materia de vivienda y ha insistido en que el Parlament debe continuar legislando ante una situación que considera una "emergencia".Moreno ha recordado que el dictamen del Consejo de Garantías tiene carácter consultivo y no es jurídicamente vinculante, aunque ha admitido que la formación anticapitalista analizará con detalle el contenido del texto antes de decidir su posición definitiva sobre los pasos a seguir.El pronunciamiento del CGE abre ahora un nuevo escenario en el que los impulsores de la reforma deberán decidir si intentan introducir modificaciones para salvar los obstáculos constitucionales señalados por el CGE o bien mantienen el texto original asumiendo el riesgo de que acabe impugnado ante los tribunales.