El Consell de Garanties Estatut�ries (CGE) indica que la normativa choca con las competencias Estatales y vulnera algunos acr�ticos relativos a los derechos a la propiedad y a la herencia, la libertad de empresa y la seguridad jur�dica.El Consell de Garanties Estatut�ries (CGE), el principal �rgano jur�dico-consultivo de la Generalitat de Catalu�a, considera que la ley que se est� tramitando en el Parlament para limitar la compra de viviendas en zonas tensionadas en funci�n de su uso es inconstitucional. Seg�n el dictamen publicado este martes, la normativa pactada entre el Govern del PSC y Comuns vulnera varios art�culos del Estatut catal�n y de la Constituci�n.Concretamente, el CGE alerta de que el texto choca con las competencias del Estado en materia de bases de las obligaciones contractuales y restringe los derechos a la propiedad y a la herencia, la libertad de empresa y la seguridad jur�dica.La proposici�n de ley, que el Parlament acord� tramitar por lectura �nica con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP, modifica la Ley de Urbanismo para permitir a los ayuntamientos limitar la compra de viviendas en zonas tensionadas si no se destinan a la residencia habitual o al alquiler tradicional.El dictamen censura ya el primer art�culo de la proposici�n de ley puesto que no respeta el art�culo 129 del Estatut y vulnera el 149.1.8 de la Constituci�n, relativo a las bases de obligaciones contractuales, y afecta a "la regla b�sica de la autonom�a de la voluntad y la libertad de pactos".Los l�mites a la propiedad previstos en la iniciativa tambi�n vulneran el derecho a la propiedad privada y a la herencia (art�culo 33 de la Constituci�n): se contempla "un vaciamiento de la utilidad individual de la propiedad" y "una carga individual excesiva o desproporcionada", denuncia el dictamen, informa Efe.El texto tambi�n es contrario al art�culo 38 de la Constituci�n, ya que impone "un sacrificio absoluto de la libertad de empresa de todas las personas f�sicas que quieran operar en el sector de la vivienda" y es una "injerencia excesiva" en cuanto a lo que pueden hacer las personas jur�dicas.A la proposici�n, asimismo, e falta "certidumbre y previsibilidad", lo que, seg�n el dictamen, contraviene el art�culo 9.3 de la Constituci�n, esto es, el principio de seguridad jur�dica.Se trata de un dictamen no vinculante, solicitado por PP y Junts, por lo que es probable que la normativa se apruebe igualmente en septiembre, tras la vuelta de las vacaciones. Sin embargo, podr�a dar paso a varios recursos y procesos judiciales.La Apce Catalunya, la patronal sectorial, ya avis� que, si el CGE consideraba la ley inconstitucional, iba a llevarla al Tribunal Constitucional. La organizaci�n empresarial ha exigido este mi�rcoles, tras publicarse el dictamen, que se retire la normativa. "El dictamen es demoledor y deja claro que esta proposici�n de ley no se aguanta ni por las formas ni por su contenido", ha dicho Xavier Vilajoana, presidente de la Apce.